El desfile de carnaval en Tolima

A lo largo de los años, la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida, el Agua y la Tierra se ha convertido en un movimiento paradigmático que da fuerza a la expresión artística, la alegría y la cultura, y que rechaza las políticas extractivistas impuestas por el gobierno nacional bajo el nombre de promoción de los sectores minero y energético. Es un movimiento pacifista cuyo objetivo es generar conciencia ambiental sobre los daños causados a la naturaleza por el extractivismo en las regiones.

El movimiento está liderado por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y se celebra anualmente en el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de un proceso de acción colectiva, que aplica el principio de la no violencia y la construcción del poder popular.

Es un espacio donde el arte, la música y la dimensión estética se manifiestan principalmente en la defensa del agua, la vida y la tierra, oponiéndose a la cultura de la muerte, la contaminación, el saqueo y el desperdicio creados por el extractivismo. La Marcha del Carnaval muestra cómo la comunidad puede defender sus tierras con creatividad y la determinación inquebrantable de quienes saben que la vida es sagrada.

Aunque comenzó como una protesta contra el megaproyecto minero de AngloGold Ashanti (AGA) —una amenaza a gran escala para el corazón de Tolima—, sus prácticas de movilización y generación de conciencia ambiental se expandieron a otras zonas de Tolima y Colombia. Estas otras zonas también se vieron afectadas por conflictos socioambientales similares, y el movimiento se transformó en un espacio de expresión cultural, aprendizaje y articulación para diferentes sectores sociales a favor de la vida sostenible.

El alcance de estas movilizaciones ha sido notable en términos de participación y de impacto político y territorial. Durante esta trayectoria, las marchas muestran un crecimiento exponencial, superando barreras geográficas y sociales. Esta expansión demuestra la capacidad que tienen las organizaciones ambientales para generar una propuesta atractiva de movilización, centrada en la defensa del agua y la vida, y se ha convertido en una referencia de resistencia contra el modelo extractivo en Colombia.

Uno de los aspectos más significativos de estos movimientos es la participación de diferentes grupos sociales. La Marcha del Carnaval ha logrado reunir a una amplia gama de sectores sociales: agricultores, sindicatos, estudiantes universitarios, indígenas, profesores, aficionados al deporte e incluso actores o partidos políticos, todos unidos en el rechazo a la industria minera contaminante y los daños medioambientales que causa.

Esta diversidad de actores, con diferentes afinidades ideológicas, ha reforzado el proceso de articulación social, subrayando que la defensa de la tierra no se basa únicamente en argumentos técnicos o medioambientales, sino que se enraíza en los conceptos de política ecológica, el cuidado del agua, la vida y los derechos colectivos a un medio ambiente seguro.

Así, la defensa de la tierra se convierte en una bandera central, que nos permite generar propuestas comunitarias a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos, la autonomía local y la autosuficiencia alimentaria. Al centrar la lucha en sectores como el agua y la defensa de la vida, hemos logrado establecer un objetivo común que une a la comunidad, por encima de nuestras diferencias.

El carácter pacífico, festivo y cultural que ha generado la Marcha del Carnaval nos ha permitido fortalecer la legitimidad y el poder de movilización de los movimientos ambientales regionales. Mediante expresiones creativas y artísticas, hemos logrado transmitir un mensaje sobre la defensa territorial de una manera atractiva y accesible, lo que nos permite impactar e integrar a muchos grupos sociales diferentes. En un mundo acostumbrado a resolver los conflictos con violencia, el Comité Ambiental para la Defensa de la Vida ha logrado impulsar un proceso que puede resolver las disputas de manera pacífica.

La Marcha del Carnaval nos muestra que el diálogo y la organización pública, complementados con la educación ambiental, son herramientas poderosas para generar cambios sociales. Se trata de un movimiento que lucha por el crecimiento ético, intelectual y de concienciación, junto con la unión de las comunidades, como herramientas para llevar a cabo los procesos de defensa territorial.

Movilización de la conciencia medioambiental

La Marcha del Carnaval se complementa con un proceso de formación académica denominado «Diplomados de Formación Ambiental», desarrollado conjuntamente por el Comité Ambiental para la Defensa de la Vida, la Universidad del Tolima, la Corporación SOS Ambiental, entre otras organizaciones sociales.

Este programa de educación pública abarca temas como los efectos negativos del extractivismo, la «triple» crisis medioambiental, la transición socioecológica, la agroecología y la ecología política. El programa ha elevado el nivel de conciencia medioambiental de casi 20 000 personas entre los años 2013 y 2025, de forma gratuita.

El primer nivel del certificado se denomina«Gestión medioambiental y territorial»; el segundo nivel del certificado, que comenzó en 2014, se denomina «Análisis territorial, conflictos medioambientales y movimientos sociales»; y el tercer nivel se denomina «Naturaleza y cultura, retos sociales para la construcción del liderazgo territorial».

La oferta educativa tiene como objetivo incentivar un liderazgo transformador, a través de la incidencia institucional y, con ello, fortalecer la movilización, el diálogo bien argumentado y la participación en los espacios de toma de decisiones, así como la responsabilidad política institucionalizada. Esto nos ha permitido fortalecer la legitimidad del movimiento, lo que garantiza una movilización informada y consciente.

Es notable que el Comité Ambientalista en Defensa de la Vida, junto con las diversas organizaciones socioambientales que participan en la Marcha del Carnaval, hayan logrado grandes avances en la construcción de una cultura de movilización permanente, que se ha prolongado durante 15 años.

Este ejercicio de permanencia ha logrado promover un avance cultural en la defensa del agua, la vida y la tierra como bienes comunes naturales. Estos se encuentran en peligro debido a la imposición de un modelo extractivista y centralista que ignora los derechos de nuestras comunidades y de la naturaleza. Las organizaciones son conscientes de que es gracias a la capacidad de movilización, educación y organización pública que logran avances sólidos en la reivindicación de sus derechos. Esta perspectiva es consecuente con la tarea de promover mecanismos de poder social, con el fin de avanzar hacia modelos sociales más justos y democráticos.

La marcha del carnaval y la participación ciudadana

La Marcha Carnavalesca por la Defensa del Agua, la Vida y la Tierra es un testimonio de la democracia directa de la calle. Representa una movilización pacífica, consciente y decidida de diversos sectores de la sociedad, unidos por la convicción de que el futuro debe construirse con dignidad, respeto por la naturaleza y justicia socioambiental. La marcha demuestra que la verdadera paz no es solo la ausencia de conflictos, sino también la armonía entre los seres humanos y la tierra que los sustenta. Es, en esencia, la paz con la naturaleza.

Este compromiso se materializó a través de numerosas consultas públicas en todo el país. Estos mecanismos de participación directa, impulsados por los ciudadanos, se convirtieron en herramientas esenciales para permitir a las comunidades tomar decisiones sobre su futuro.

El Comité Ambiental para la Defensa de la Vida siguió cada paso de estos procesos, contribuyendo a la concienciación y los argumentos necesarios para que las voces locales fueran escuchadas y respetadas. El éxito de estas consultas, llevadas a cabo en varios condados del país, es un testimonio del poder de las comunidades organizadas. Cada voto fue un acto de soberanía, reafirmando el derecho de las comunidades a proteger sus tierras frente a la presión de los proyectos extractivos.

El trabajo del Comité Ambiental, junto con la Marcha del Carnaval y las consultas públicas, han demostrado que el fortalecimiento de la participación ciudadana esfundamental para la defensa territorial en Colombia. A través de la movilización y los mecanismos democráticos, las comunidades están creando un futuro más sostenible y más en armonía con el medio ambiente.

De esta manera, participando en todas las consultas públicas realizadas en Colombia, en contra de los proyectos extractivos. En el país se logró lo siguiente:

En cada una de estas consultas, el rechazo a los proyectos extractivos mineros y energéticos fue rotundo. Aunque las comunidades implementaron acciones diferentes y complementarias que les permitieron avanzar en sus procesos de defensa territorial, cabe destacar que las consultas públicas fueron una de las estrategias más importantes de estos procesos.

Sin embargo, también queremos destacar que las Marchas del Carnaval fueron uno de los procesos más educativos, con participación en vivo y creación de conciencia ambiental, para fortalecer la participación pública y el rechazo a los proyectos extractivos en Colombia.

La Marcha del Carnaval, los Certificados de Educación Ambiental, el trabajo político organizado, los debates académicos y las consultas públicas son, en su conjunto, medidas que permitieron el avance de la defensa del agua, la vida, la tierra, así como los derechos colectivos a un medio ambiente saludable, que se forjó en el departamento de Tolima.

La marcha del carnaval y la construcción del poder público

La Marcha del Carnaval tiene como objetivo principal crear una fuerza pública, centrándose en la consolidación de la autonomía territorial, la democracia participativa y la defensa de los territorios que se enfrentan al extractivismo. Esta movilización no es solo una expresión de descontento, sino una acción deliberada para recuperar el control sobre los recursos naturales comunitarios y el futuro de las comunidades en este entorno.

Juntas, diferentes secciones de la sociedad —agricultores, trabajadores, estudiantes, periodistas, pescadores, refugiados, vendedores ambulantes, trabajadores contratados, sindicalistas, funcionarios públicos, comunidades indígenas, artistas, ecologistas, activistas sociales, comunicadores públicos, aficionados al fútbol, empresarios con identidad regional, defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, líderes de movimientos por los derechos de las mujeres, comunidades religiosas y espirituales y el público en general— han demostrado una capacidad de organización y discurso que trasciende las diferencias individuales.

Este frente común ha sido reconocido incluso por instituciones como la Universidad del Tolima, la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal de Ibagué. Es una manifestación palpable de indignación consciente, de transformación basada en un colectivo, a través de objetivos claros, desafiando las narrativas oficiales y proponiendo un modelo de desarrollo alternativo.

La marcha, que reclama la protección del agua, la vida y la independencia, no solo pretende frenar el despilfarro de los recursos naturales comunitarios y la privatización de los servicios esenciales, sino también sentar las bases para un gobierno local más participativo y autónomo.

La lucha en las calles es un testimonio elocuente de que la verdadera paz y el cambio social profundo provienen de una comunidad organizada que se enfrenta a las élites que se aferran al poder. Ante la amenaza de los megaproyectos mineros y energéticos, y la falta de democracia participativa, la Marcha del Carnaval ha surgido como un espacio donde se escucha y amplifica la voz del pueblo, superando los debates mediáticos y la hegemonía que a menudo ignora las luchas sociales en las regiones.

En un contexto en el que la protesta social suele ser criminalizada, la persistencia, la supervivencia y la magnitud de estas movilizaciones son esenciales para ejercer presión sobre las transformaciones estructurales, algo que ningún panel de debate puede lograr por sí solo.

Los manifestantes no solo defienden la tierra, sino que también reafirman su derecho a tomar decisiones sobre su futuro, consolidando así una hoja de ruta hacia una democracia más inclusiva y una autonomía territorial real, en la que se anteponen el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes.

Breve sinopsis de las dieciséis versiones de la Marcha del Carnaval

La Marcha Carnavalesca por la Defensa del Agua, la Vida y la Tierra comenzó el 5 de junio de 2011, en una mañana llena de expectativas y dignidad pública. Nuestro país se encontraba en plena expansión del modelo extractivista, con la locomotora minero-energética del gobierno nacional en pleno apogeo, bajo la bandera del progreso. 

En Cajamarca, la multinacional AngloGold Ashanti ya había avanzado en la exploración del proyecto La Colosa, con la promesa de convertirlo en una de las minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo. Ante esta amenaza, miles de campesinos, estudiantes, sindicalistas, comunidades indígenas, artistas y ciudadanos de Ibagué decidieron salir a las calles para decirle a nuestro país que el oro no vale más que la vida.

Ese día no hubo enfrentamientos con la policía antidisturbios. El objetivo y el espíritu de la Marcha del Carnaval era no caer en la espiral de violencia, sino utilizar el arte y la cultura como método de resistencia y defensa territorial. Hubo disfraces, máscaras, desfiles, batucadas y muchas pancartas. Fue una manifestación diferente, no solo contra la industria minera y la presencia de Anglogold Ashanti en Cajamarca y Tolima, sino también a favor de la creatividad colectiva. 

Las calles se convirtieron en un escenario para la interacción social, lo que transformó la protesta en un festival. El día de la primera Marcha del Carnaval, se reunieron más de doce mil personas, caminando con el agua como bandera y la vida como horizonte. Esta semilla germinó y, cada año, en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, la gente se reúne para reafirmar el mandato público de defender el agua y la tierra.  Aunque esta primera edición no contó con una declaración política escrita, sí dejó un mensaje que más tarde se convirtió en un lema permanente: el agua es sagrada y la vida no es negociable.

En octubre de 2011, la experiencia se repitió. Una vez más, las calles de Ibagué se llenaron de gente y voces que denunciaban los riesgos de la minería a gran escala. La segunda Marcha del Carnaval consolidó la idea de que no se trataba de un problema aislado. El colectivo creció, la prensa comenzó a mostrar más interés por la protesta y las comunidades agrícolas reforzaron su diálogo con sindicatos, estudiantes y artistas urbanos. Aún no había declaraciones anuales, pero se sentía ampliamente la necesidad de dejar testimonios escritos. En esta movilización, el mensaje central era el rechazo a un discurso engañoso: la industria minera no trae progreso ni desarrollo, sino solo contaminación, enfermedades, saqueo y desechos.

El tercera Marcha del Carnaval (20212) supuso un salto cualitativo. Por primera vez, el movimiento redactó y leyó una declaración pública, que se convirtió en una tradición. El texto denunciaba, sin ambigüedades, el efecto devastador de la minería a cielo abierto a gran escala y proclamaba que el agua es un recurso colectivo y no está en venta. Esta declaración destacaba el poder del pueblo, que el pueblo tiene derechos y que sus decisiones deben ser respetadas por el Estado y por las multinacionales. También subrayaba los riesgos de criminalizar las protestas sociales e insistía en que la movilización se desarrollaría en el marco de la no violencia activa. La idea central era clara: el pueblo tiene derecho a decidir su futuro.

En octubre de 2012, se celebró la cuarta Marcha del Carnaval, que amplió todas las fronteras. Ya no solo Ibagué era el centro de atención, sino también comunidades como Líbano, El Espinal y Natagaima. Otras ciudades del país también comenzaron a replicar acciones similares. La declaración de este año se centró en un mensaje pedagógico: «El agua vale más que el oro». El mensaje transmitía que el argumento del desarrollo que difunde la industria minera es falso, y que la verdadera riqueza de Tolima reside en su agricultura y su biodiversidad. La tarea principal consistía en desmontar la propaganda de la industria y reforzar la conciencia medioambiental a través del crecimiento intelectual, ético y espiritual. 

El quinta edición, en 2013, reunió a decenas de miles de personas, en un carnaval cada vez más diverso. Este año se distribuyeron más de cincuenta mil folletos en los que se explicaba con cifras frías el impacto medioambiental de la minería: para extraer un gramo de oro es necesario destruir una tonelada de roca y mil litros de agua, mezclados con cianuro. La declaración de 2015 fue mucho más política que las anteriores. No solo se denunciaron los impactos medioambientales, sino que se acusó al presidente del país y al fiscal general residente de estar en nómina de las multinacionales y la industria minera, poniendo en peligro la independencia alimentaria y los derechos del público a un medio ambiente seguro.  

Pruebas de captura corporativa , lo que pone en riesgo la soberanía nacional, la base de un estado social de derechos civiles y la participación pública, así como evidencia de cómo estas acciones irregulares por parte de las empresas mineras generan corrupción y cooptación de las comunidades. La idea central era luchar contra la captura corporativa. 

El momento coincidió con un acontecimiento histórico: la consulta pública en el municipio de Piedras. Allí, se convocó a los ciudadanos para decidir si aceptaban o no la instalación de una planta de procesamiento de minerales. El 28 de julio de 2013, el 96 % de los votantes dijo «No». Fue la primera consulta pública de este tipo en Colombia, y su éxito tuvo repercusión tanto a nivel nacional como internacional. Piedras se convirtió en un ejemplo de esperanza para todo el país. 

2014 fue un año de expansión de las luchas medioambientales. La sexta Marcha del Carnaval no solo tomó Ibagué como escenario de resistencia, sino que también hubo movilizaciones en lugares como Líbano, El Espinal, Armero-Guayabal, Bogotá D.C. y los departamentos de Nariño, Boyacá y Santander. 

A nivel internacional, se realizaron manifestaciones en Irlanda y Gran Bretaña. Hubo una voz unánime: detener la implementación de proyectos mineros que contaminan la tierra, el agua y el aire; rechazar la imposición de actividades mineras en cabeceras de ríos, páramos, bosques nubosos y zonas de producción agrícola; exigir el respeto irrestricto de los derechos de las comunidades a realizar consultas públicas, permitiendo la autonomía territorial y el ejercicio de la democracia. 

En la declaración se afirmó que, entre el oro y el agua, preferimos el agua; ante un crecimiento económico que solo beneficia a unos pocos, preferimos el derecho colectivo a un medio ambiente seguro que beneficie a todos.

En la séptima Marcha del Carnaval de 2015, se denunció que el 53 % de las tierras de Ibagué eran propiedad de empresas mineras, una cifra alarmante equivalente a dieciocho veces la superficie del centro urbano. Se rechazó la represión contra las protestas sociales y se declaró que el verdadero significado de la paz, en un país que avanza en los diálogos con las FARC-EP, debe incluir la paz con la naturaleza. 

El texto insistía en que no podemos hablar de reconciliación mientras permitamos que las multinacionales destruyan páramos, ríos y montañas. La idea central era clara: la paz no será completa sin justicia ambiental. Del mismo modo, promovimos el mensaje de rechazo a las empresas extranjeras que, mediante acciones corruptas y solapadas, se aprovechan de las comunidades vulnerables para crear un entorno favorable a sus actividades extractivas.

El desfile de carnaval de 2016 marcó un punto de inflexión en la historia de las movilizaciones por la defensa del agua, la vida y la tierra. Las calles de Ibagué se llenaron: más de 120 000 personas participaron en la octava edición, convirtiéndola en una de las movilizaciones ambientales más grandes de Colombia. 

No se trataba solo de una acción regional; la Marcha del Carnaval había logrado resonancia nacional. Agricultores de Cajamarca, estudiantes de universidades públicas y privadas, sindicatos, comunidades indígenas, colectivos de artistas, hinchas de fútbol y familias enteras se mezclaron en un río humano encabezado por batucadas y tambores.

Este mismo año, la campaña digital #CarnavalPorElAgua recibió reconocimiento nacional por su impacto en las redes sociales. La marcha del carnaval ya no solo estaba en las calles, también habíamos aprendido a defender el sentido común en el escenario digital. Los vídeos virales, los «memes» y las fotografías mostraron al país que en Tolima la resistencia se vestía de carnaval.

En 2017, la historia alcanzó un nuevo hito con la consulta popular en Cajamarca. Durante meses, los agricultores de la zona tuvieron que lidiar con presiones, amenazas y costosas campañas por parte de la empresa minera Anglogold Ashanti (AGA). Sin embargo, el día de la votación, los resultados fueron sorprendentes: más del el 97 % de los votantes dijo NO al proyecto La Colosa. La noticia dio la vuelta al mundo: era la primera vez que una comunidad derrotaba en las urnas a una multinacional minera de este tamaño.

La declaración de la novena Marcha del Carnaval, celebrado este año, destacó esta histórica victoria. El texto presentaba a Cajamarca como un símbolo internacional de dignidad y resistencia. Confirmaba que ningún proyecto extractivo podía imponerse por encima de la voluntad del pueblo, y la consulta fue aclamada como un ejemplo de democracia directa. Con voz alta y clara, demostró que el poder reside en el pueblo y que la voluntad popular no es negociable.

2018 se vio marcado por la expansión de las consultas públicas. En Fusagasugá (Cundinamarca), los ciudadanos votaron masivamente en contra de la minería. Sin embargo, las élites políticas y comerciales comenzaron a maniobrar para despojar a estas herramientas de su poder.

La Corte Constitucional emitió la sentencia unificatoria SU095/18, que limitó la posibilidad de continuar con las consultas públicas contra proyectos mineros y petroleros. La captura corporativa de la Corte ignoró el carácter constitucional de estos mecanismos de participación pública y aniquiló la posibilidad de resolver los conflictos socioambientales por vías democráticas. 

La décima declaración de la Marcha del Carnaval denunció este retroceso. Afirmó que ignorar los mandatos del pueblo era un golpe contra la democracia participativa, y que no se trataba de simple burocracia, sino de mandatos soberanos que expresaban la voluntad de una comunidad organizada. El texto anunciaba que el Estado no podía seguir ignorando a los principales constituyentes.

En 2019, el país estaba liderado por el gobierno de Iván Duque, cuyo Plan Nacional de Desarrollo profundizó la lógica extractivista y abrió el el fracking como política gubernamental. La undécima declaración de la Marcha del Carnaval fue una respuesta frontal. En esta declaración, denunciamos que el modelo económico estaba sacrificando territorios y comunidades en nombre del crecimiento económico, y que los recursos comunitarios, como el agua, eran privatizados y contaminados. También denunciamos la criminalización de los líderes ambientales y sociales. La idea central manifestaba que el desarrollo no se puede medir por privilegios que destruyen la vida.

Este año, las calles volvieron a llenarse de miles de personas. El carnaval siguió siendo un espacio de encuentro y educación pública. Cada actuación transmitía mensajes contra el fracking, contra la megaminería y contra la corrupción institucional. Los niños pintaron pancartas con frases como «agua sí, oro no», y los agricultores reiteraron que sin agua no habrá alimentos. La Marcha del Carnaval siguió siendo un mosaico de expresiones culturales, unidas por un objetivo común.

2020 fue un año diferente, debido a la pandemia de COVID-19. El país luchó contra una pandemia prolongada y fue imposible organizar grandes concentraciones. Sin embargo, la Marcha del Carnaval no se suspendió. Se adaptó a este nuevo escenario y trasladó su fuerza a las redes sociales y los espacios virtuales. 

Hubo retransmisiones en directo, mesas redondas digitales y campañas gráficas, que mantuvieron viva la llama de la movilización social y medioambiental. Se dijo que esta crisis sanitaria tenía sus raíces en el mismo modelo depredador que arruina los bosques, desplaza a las comunidades y destruye los ecosistemas. Debemos recordar que muchas enfermedades emergentes están relacionadas con la pérdida de biodiversidad y con la explotación indiscriminada de la naturaleza. La idea central era: «Defender la naturaleza es también defender la vida, frente a las pandemias globales».

Aunque la gente no podía salir a la calle, el recuerdo colectivo de nueve años de marchas hizo que nuestras comunidades siguieran sintiéndose parte de un proceso comunitario. El carnaval mantuvo su identidad como símbolo de resistencia, aunque durante estos años los tambores y las actuaciones surgieron desde ventanas, balcones y pantallas.

En 2021, la décima Marcha del Carnaval se encontró con que el país estaba viviendo una de las mayores revueltas sociales de la historia reciente: la Huelga Nacional. En las calles de Bogotá, Cali, Medellín y muchas otras comunidades, millones de colombianos se movilizaron contra la reforma tributaria, la violencia política y la desigualdad social. 

En este contexto, la Marcha del Carnaval desempeñó un papel importante, reafirmando que la lucha medioambiental era inseparable de la lucha por la justicia social. La declaración se leyó entre pancartas y carteles verdes que decían «¡La opresión se acaba ya!». Denunciamos los asesinatos sistemáticos de líderes medioambientales y sociales, así como la brutalidad policial, y recordamos que la defensa de la vida incluye tanto a la naturaleza como a quienes intentan protegerla. El mensaje era claro: «No hay posibilidad de paz ni democracia mientras se siga asesinando a quienes defienden el agua y los derechos sobre la tierra».

Este año, las actuaciones del carnaval rindieron homenaje a las personas que habían fallecido durante las protestas, y los tambores sonaron más fuertes y más altos, en un acto de dolor y esperanza. El arte del pueblo quedó firmemente arraigado en la conciencia pública y la marcha del carnaval se fusionó con la huelga nacional, lo que amplió el horizonte de la lucha.

En 2022, el país siguió sacudido por los ecos de esta erupción social. La decimotercera Marcha Carnaval mantuvo su carácter de fiesta-resistencia, pero con un tono más sombrío: las denuncias contra la violencia gubernamental fueron constantes. La declaración reiteraba que no se puede hablar de transición energética ni de lucha contra el cambio climático si, al mismo tiempo, se sigue criminalizando a los activistas medioambientales. La declaración afirmaba que la democracia estaba en entredicho y que no se puede silenciar a la ciudadanía. El mensaje central era: «La justicia medioambiental es inseparable de la justicia social; no habrá paz si ambas no avanzan juntas».

Este año también hemos destacado la necesidad de frenar el fracking y proteger los páramos como fuentes de agua. El carnaval volvió a ser educativo, las máscaras andantes de los páramos, los disfraces de gotas de agua y las actuaciones con mensajes ecológicos llenaron las calles de Ibagué. La creatividad siguió siendo la forma preferida de expresar nuestra indignación.

En 2023 se celebró la decimocuarta Marcha del Carnaval. El país estaba inmerso en nuevos debates con el Gobierno nacional sobre la transición energética y el cuidado del planeta. En el norte de Tolima, empresas como Miranda Gold intensificaron sus proyectos, poniendo de manifiesto los riesgos para el río Saldaña y otras fuentes hidrográficas. 

La declaración denunciaba la presencia de estas empresas y reiteraba el rechazo al fracking y a los extensos monocultivos de aguacates Hass, que están deteriorando el suelo y las fuentes de agua en la región de Cajamarca y también en otras regiones del país. El texto subrayaba que la independencia alimentaria y agrocultural es clave, porque sin agricultores y tierras fértiles no hay futuro. El mensaje central de la movilización destacaba la importancia de la agricultura y la agricultura sostenible como alternativa al extractivismo.

Este año, la Marcha del Carnaval se extendió a otras ciudades y, en las redes sociales, Tolima se convirtió en un referente de la resistencia medioambiental en todo el país. El ambiente carnavalesco, cada año más elaborado, convirtió a Ibagué en un escenario de arte popular que traspasó fronteras.

2024 fue el año de la decimoquinta Marcha del Carnaval, y la declaración de esta marcha introdujo un cambio importante: la solidaridad internacional. En un contexto global marcado por guerras, genocidios y desplazamientos, la Marcha del Carnaval expresó su apoyo al pueblo palestino y a todas las comunidades del mundo que se resisten a esta destrucción. El texto mencionaba que la defensa del agua no conoce fronteras y que todas las luchas por la vida están conectadas. El mensaje era alto y claro: «Defender nuestra tierra de Tolima es lo mismo que defender la dignidad de las comunidades de cualquier lugar del planeta».

Los participantes de este año no solo portaban pancartas en defensa del medio ambiente, sino también banderas de Palestina, la Amazonía y los pueblos indígenas de otras regiones. La Marcha del Carnaval se convirtió en un espacio para el internacionalismo público, donde se reforzó la idea de que la justicia medioambiental es también justicia global.

El 6 de julio de 2025, bajo una lluvia implacable, miles de personas marcharon en Ibagué, por decimosexta vez. La lluvia no fue un problema, se transformó en un símbolo: el agua cae y da vida, al igual que la comunidad sigue adelante a pesar de todos los contratiempos. 

Los manifestantes gritaban: «Llueva o truene, vamos a marchar». La declaración era extensa, poética y precisa: instamos al gobierno nacional a implementar de inmediato la consulta pública de Cajamarca y Piedras, a decretar una moratoria minera y a crear un Consejo Técnico Intersectorial vinculado con Tolima, con la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Denunciamos la corrupción de las autoridades ambientales en Cortolima y su incapacidad para proteger los ecosistemas; exigimos la protección del río Saldaña, ya reconocido como sujeto de derechos; y exigimos a las autoridades que frenen el monocultivo extensivo y avancen en la creación de Áreas de Protección y Producción Agroalimentaria (APPA). También pedimos a las autoridades que implementen programas de educación ambiental y preparen una Cumbre Ambiental por la Paz con la Naturaleza para junio de 2026, en Ibagué.

La declaración destaca la idea del pueblo como elemento constitutivo primordial. Pedimos que se aplique la soberanía popular declarada en el artículo tercero de la Constitución Política de Colombia y que el Estado respete nuestros derechos. Al final del Carnaval, entre tambores, sombrillas y pancartas, la declaración resonaba: «¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!».

Este año 2025, la Marcha del Carnaval no solo reafirmó su vigencia, sino que demostró que quince años de resistencia habían creado una tradición cultural, educativa y política que no se doblega ante la represión ni la indiferencia institucional. La lluvia «limpió» las calles, pero también pareció limpiar cualquier duda. Los ciudadanos de Tolima han demostrado, una vez más, que la defensa del agua es una causa que no se apagará, que está muy viva, con dignidad y alegría.

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