Derechos de la naturaleza y resistencia a la minería en Ecuador

En noviembre de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador sentó un precedente jurídico nacional al defender los derechos de la naturaleza de Los Cedros, un bosque nuboso situado en la región con mayor biodiversidad del mundo. La decisión judicial prohibió la minería en la reserva al invalidar la licencia ambiental de una empresa canadiense, Cornerstone Capital Resources.

La emblemática sentencia también defendió los derechos de las comunidades al agua potable y a una consulta medioambiental adecuada en relación con los proyectos extractivos. Esta victoria para los bosques conmocionó al sector minero ecuatoriano y fue celebrada internacionalmente, sirviendo de inspiración para el creciente movimiento mundial por los Derechos de la Naturaleza.

En Reserva Biológica de Los Cedros protege 6.070 hectáreas de bosque nuboso remanente del Chocó Andino en los Andes noroccidentales de Ecuador.

La reserva y el cercano valle de Íntag forman parte de la zona de protección del famoso Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, y se encuentran en lo que se ha designado como la región de mayor biodiversidad del mundo: el Hotspot Biológico de los Andes Tropicales. 

La zona alberga cientos de especies en peligro de extinción, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del planeta. Tanto Los Cedros como Íntag son conocidos por su extraordinario número de aves, anfibios y orquídeas, y son refugio de mamíferos en peligro crítico como el jaguar de los Andes noroccidentales y el mono araña de cabeza marrón.

Alrededor de la reserva y el parque nacional hay ricas tierras agrícolas, donde la gente cultiva una amplia gama de frutas, verduras, flores y ganado mediante la agricultura a pequeña escala. Decenas de comunidades dependen del agua procedente de Los Cedros y de los bosques nubosos montañosos de Cotacachi-Cayapas.

Durante tres décadas, la región de Intag se ha visto amenazada por la minería de oro y cobre a gran escala. Desde entonces, Intag alberga el movimiento de resistencia antiminera más antiguo de América Latina. 

En 2017, el Gobierno ecuatoriano vendió una serie de concesiones mineras en unos dos millones de hectáreas del país. El 68% de la superficie de la Reserva de Los Cedros y casi toda la zona de Íntag se abrieron a la exploración de oro y cobre. Las empresas transnacionales no tardaron en comprarlas. 

En toda la región de Íntag, incluidos los alrededores de Los Cedros, las comunidades se vieron obligadas a manifestarse (una vez más) en contra de actividades mineras que nunca habían consentido, actividades que conllevan el riesgo casi seguro de destruir los ecosistemas, la biodiversidad, las vías fluviales y los medios de subsistencia.

La campaña para salvar Los Cedros duró tres años. Dirigida desde la base, se extendió al ámbito nacional e internacional, atrayendo las contribuciones de muchos miembros de la comunidad local, organizaciones conservacionistas, expertos jurídicos, científicos, artistas y activistas. La vista ante la Corte Constitucional de agosto de 2021 duró un día entero y se presentaron un total de 80 amicus curiae, desde documentos científicos hasta testimonios en vídeo de comunidades afectadas por la minería.

En este emblemático estudio de caso, presentamos una entrevista con José Cueva, que ayudó a fundar el grupo ecologista ecuatoriano OMASNE, y es organizador de la red Frente Nacional Antiminero (actual organización miembro de Sí a la Vida No a la Minería). José lleva décadas implicado en el movimiento antiminero de Íntag, y ahora coordina una organización local sin ánimo de lucro que apoya la reserva y estación científica de Los Cedros. 

José habla de la enérgica campaña impulsada por la comunidad, que fue de vital importancia en los tres años de batalla legal de Los Cedros y en el éxito de la sentencia. A continuación, critica las repercusiones de la victoria de Los Cedros para los derechos de la naturaleza. Discute las dificultades asociadas a la ampliación de los derechos de la naturaleza en Ecuador, y lo que se necesita para dotar de recursos a las luchas de base contra la minería a gran escala y el extractivismo en Ecuador.

Lo primero que hay que mencionar es que el caso de Los Cedros no surgió espontáneamente, sino que es parte de un largo contexto de resistencia contra la minería en la zona de Íntag desde hace casi 30 años.

Justo al lado de Los Cedros, a poco menos de un kilómetro del límite sur de la reserva, se encuentra una mina de oro propiedad de la empresa Agroindustrial. Esta mina, "El Corazón", empezó a explotarse alrededor del año 2000, luego de que Río Tinto Zinc (RTZ) realizara exploraciones en el territorio, que llevaron al descubrimiento de algunos yacimientos en Íntag. En esa misma época -estamos hablando de los años 90- se inició la resistencia contra la minería en la zona de Íntag.

Tal vez aquí debo mencionar que en Intag, tenemos dos regiones claramente definidas: la zona alta, donde la resistencia se centró en Llurimagua, y la zona baja (Los Manduriacus), donde se encuentra Los Cedros. En Manduriacus, la presencia de la mina Agroindustrial impidió mucha participación en la resistencia en general en Íntag. Así, hasta 2017, cuando se otorgó la concesión minera en Los Cedros, no hubo un fuerte apoyo popular en la zona.

Cartel de "Prohibido el paso" colocado en las puertas de las propiedades de Íntag después de que la región fue concesionada a una nueva oleada de exploración minera en 2017

Fue en el contexto de las primeras expansiones mineras en Manduriacus cuando la estación científica de Los Cedros -bajo la dirección de su director y fundador, José de Coux- intentaba reforzar su papel de conservación e implicar a las comunidades en la protección de los bosques. Sin embargo, la situación resultó complicada, ya que la propia presencia de la mina Agroindustrial creó una profunda división en el seno de la comunidad. 

Agroindustrial estableció su estrategia de cooperación a través de una organización local, pero también trabajando directamente con los ayuntamientos y las comunidades. A lo largo de los años, la empresa ha aportado recursos financieros a las comunidades, siempre financiando festivales, eventos deportivos y proporcionando materiales de construcción para reparar carreteras, escuelas, etc. Todavía tienen una fuerte presencia económica en la zona.

Mientras tanto en la parte alta de Intag, la resistencia contra la minería se fortalecía, con varias luchas que culminaron en sucesivas victorias contra las empresas mineras: Mitsubishi, luego Ascendant Copper y después Codelco. A pesar de estos éxitos, la minería sigue siendo una amenaza. Al menos la resistencia ha impedido el desarrollo de proyectos, aunque a un alto coste. Mucha gente en Intag ha sido criminalizada y perseguida, y las comunidades se han dividido. No hay consenso social en Intag con respecto a la minería. Mucha gente prácticamente ha dedicado su vida a esta lucha, sacrificando sus proyectos personales.

Contaminación por perforaciones de exploración de la minera Codelco, en la reserva de bosque nublado Junín, Intag, 2018. Imagen: Carlos Zorrilla (DECOIN)

In este contexto, la resistencia en Los Cedros fue diferente a la que se dio en Íntag, porque no existía ya un movimiento de resistencia fuerte en la zona de Manduriacus. Así, en 2017, el Bosque Protector Los Cedros se encontró bajo una concesión de exploración minera que había sido adquirida por la empresa canadiense Cornerstone.

Inmediatamente, José de Coux -con la participación de la Municipalidad de Cotacachi- comenzó a preparar la primera "Acción de Protección" ante el tribunal local de Cotacachi. Debo mencionar que este primer caso no se centraba en la violación de los Derechos de la Naturaleza, sino en la ilegalidad de otorgar una concesión minera en un Bosque de Protección, lo cual estaba prohibido por la ley en aquel momento.

La acción fue rechazada en primera instancia por el Tribunal Penal de Cotacachi. Pero el caso fue apelado y a principios de 2019, se registró para una audiencia en la Corte Provincial de Imbabura. El equipo de la Estación Científica Los Cedros empezó a buscar apoyo adicional para fortalecer su caso. Así, con la ayuda de abogados, científicos, artistas y organizaciones no gubernamentales, este caso terminó favorablemente con una "aceptación parcial" por parte de la Corte Provincial en junio de 2019.

Manifestación en los exteriores de la Corte Provincial de Imbabura, en Ibarra, previo a la audiencia por la Acción de Protección por Los Cedros, enero de 2019. Imagen: OMASNE

Pero mientras tanto, la presencia de la empresa Cornerstone en el sector de Los Cedros estaba creando fuertes divisiones en las comunidades locales. Debido a la falta de organización en estas comunidades, los que apoyaban a Los Cedros contra la minería tuvieron que enfrentarse a sus vecinos que trabajaban para la empresa minera. Para entonces, la empresa había contratado a 40 personas, en realidad 40 familias. Al mismo tiempo, daban dinero a las comunidades y así cooptaban a los presidentes y a las comunidades.

También debo mencionar que Cornerstone contrató almismas personas que formaban el comité de cogestión del bosque de Los Cedros para su trabajo de relaciones comunitarias. Esta iniciativa pretendía implicar a la comunidad en la gestión forestal, pero fue cooptada por la empresa minera. Recibían un sueldo de la empresa. Así que fue muy difícil. Los que realmente apoyaban a Los Cedros tuvieron que enfrentarse a todo esto; y, una vez más, surgieron dos facciones. Y, obviamente, el grupo de resistencia estaba en una posición más débil debido a la falta de recursos financieros.

Tras ganar el pleito en la Audiencia Provincial, se invalidó la licencia ambiental de Cornerstone, que tuvo que paralizar las obras. Por ello, la empresa, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, recurrió inmediatamente al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto se convirtió en una oportunidad extraordinaria, ya que el recurso coincidió con el interés del Tribunal en tramitar un caso emblemático para abordar los Derechos de la Naturaleza.

Por eso a la gente siempre le gusta ver historias de éxito. Les gusta ver que una estrategia da sus frutos. OMASNE mantuvo su papel de liderazgo en la estrategia de comunicación de Los Cedros. Recibimos el apoyo voluntario de un excelente comunicador, Kevin Zúñiga, y junto con él y Monserrate, lideramos el proceso de la campaña: mucha actividad en las redes sociales y en la página web. Nos coordinamos con colectivos de artistas y cineastas para subir información. Grabamos videos espontáneamente o a través de personajes influyentes. 

Mantuvimos una presencia constante en los medios de comunicación y en las calles, realizando protestas siempre que había público o acción. Celebramos varias ruedas de prensa y participamos en programas de radio y televisión, podcasts y mucho más.

Fue una campaña bien organizada que duró muchos meses, años. Tuvimos casi 70.000 seguidores directos en las redes sociales y alcanzamos altas tendencias en Twitter y Facebook. También tuvimos el apoyo de grupos como Yasunidos, vinculados a temas ambientales más conocidos en Ecuador. Esto fue vital para nuestra estrategia y así obtuvimos una sentencia definitiva de la Corte Constitucional.

Curiosamente, a través de este proceso, parte del colectivo local que actualmente dirige el trabajo en Los Cedros para lograr la sostenibilidad eran las mismas personas que participaron en la campaña. Esto fue muy importante, ya que pudimos adaptar el activismo a las necesidades específicas de las comunidades, transformándolo en acciones locales que les benefician.

Otro aspecto importante es el papel de los distintos grupos en la campaña. En primer lugar, los abogados y ecologistas que colaboraron en este caso mostraron un compromiso absoluto, incluso más allá del proceso judicial. Por ejemplo, Fred Larreátegui, que contaba con el apoyo de una organización de derechos humanos, hizo sin embargo casi todo sin cobrar. Del mismo modo, Edgar Merlo recibió algún pago de una ONG, pero gran parte de su trabajo no fue remunerado. 

En estas luchas, es muy difícil encontrar abogados que hagan este tipo de trabajo. Sin embargo, ellos estuvieron al frente de la preparación de los documentos para el Tribunal. Prepararon y asesoraron los escritos de amicus curiae para que los documentos estuvieran bien presentados. Otros abogados también prestaron un gran apoyo. Organizamos reuniones de Zoom durante la pandemia. Fue muy agradable queque estas personas se unieran voluntariamente al proceso.

Los científicos que trabajaron y realizaron sus estudios en Los Cedros desempeñaron un papel fundamental. Se presentaron al Tribunal unos 25 trabajos basados en investigaciones realizadas en la reserva, y los científicos participaron en los escritos de Amicus Curiae y en la vista del Tribunal. No era habitual que los biólogos dieran a conocer su postura de esta manera; la mayoría no había participado antes en activismo de primera línea. Tenían que tener cuidado. Por ejemplo, estaban muy preocupados por el acoso profesional, en términos de dificultad para obtener contratos para futuros proyectos.

Un grupo muy importante era el de los artistas. Trabajábamos en emisiones de vídeo, creando canciones, música, presentaciones, obras de teatro, pinturas, concursos de dibujo, participando en sentadas con documentales y pequeñas producciones. Prácticamente todo esto era voluntario. El coste era mínimo: sólo gastos mínimos.

Luego hubo figuras nacionales que se involucraron, como políticos y líderes sociales, líderes comunitarios en zonas rurales, que jugaron un papel importante en la opinión pública. Hablamos de personas como Alberto Acosta (eminente académico y economista) y Leonidas Iza (presidente de la confederación nacional indígena, CONAIE). También hubo artistas influyentes que nunca antes se habían involucrado en temas medioambientales, pero que publicaron vídeos en apoyo de Los Cedros, lo cual fue muy positivo. Y a nivel internacional, el apoyo vino de gente del mundo jurídico y de investigadores, artistas y activistas en general. activistas en general.

Finalmente, debo mencionar a la gente local de Íntag que nos apoyó. En Manduriacus, un lugar tan dividido, estas personas nunca dejaron de apoyarnos en situaciones difíciles y peligrosas, hasta el punto de que cuando presentamos un Amicus Curiae firmado por las comunidades, obtuvimos más de 70 firmas de la población local, incluidos los presidentes de las comunidades. 

Esto es muy valiente, y es importante porque nos estamos moviendo en el contexto de una empresa minera que está repartiendo dinero a los presidentes, y de los antiguos trabajadores de Cornerstone que les amenazaron con "Es culpa vuestra que no tengamos trabajo". Estas 70 personas que firmaron el escrito, con sus nombres, firmas y documentos de identidad, estaban muy motivadas para defender su territorio. Y no podemos olvidar a los miembros de la comunidad que presentaron sus argumentos en la vista final, no sólo en papel, sino también en vídeo; los vídeos para los jueces eran muy buenos.

Así, logramos un gran apoyo de las bases. Y todo esto culminó con la sentencia positiva de la Corte Constitucional, ¡con el apoyo de las bases y de todo Ecuador a los derechos de la naturaleza!

Existe un solapamiento sustancial entre las concesiones mineras y los Bosques Protectores en Ecuador, ya que esta clase de bosque no goza de la misma protección legislativa que los parques nacionales en virtud de la legislación medioambiental ecuatoriana: las actividades extractivas están permitidas. La sentencia de Los Cedros puede sentar un precedente para todos los demás Bosques Protectores del país. Fuente de la imagen: Vandegrift et al, 2018.

Tras la sentencia judicial, el efecto inmediato fue la suspensión de las actividades de Cornerstone. Esto supuso el despido de 40 trabajadores. Así que, aunque deberíamos haberlo celebrado en Los Cedros, no podíamos presentar esta victoria a las comunidades en ese momento, debido al peligro que suponía la situación de los trabajadores despedidos. Sabíamos que cualquier acción que emprendiéramos tendría consecuencias a largo plazo para la reserva.

Por otro lado, el resultado fue obviamente muy positivo porque, a nivel nacional, era la primera vez que se emitía una sentencia de esta magnitud basada en los Derechos de la Naturaleza. No lo habíamos previsto al presentar el caso, pero el Tribunal se pronunció finalmente sobre la violación de los derechos de la naturaleza dentro de un Bosque Protector, lo que significa que, en teoría, el precedente podría aplicarse a otros bosques protegidos por la misma legislación en Ecuador. Por lo tanto, la sentencia amplió el tema de los Derechos de la Naturaleza mucho más de lo previsto.

La sentencia fue un terremoto para el sector minero industrial de Ecuador. Todos esperábamos que diera lugar a muchos otros casos, aás de un millón de hectáreas de bosques protegidos en este país están bajo concesión minera, y muchos de estos bosques tienen características importantes en términos de biodiversidad, especies en peligro de extinción y ecosistemas frágiles.

Pero, por el contrario, no surgieron casos -muy pocos-. Y para los pocos que surgieron, sobre todo con el paso del tiempo, el Estado y las empresas mineras tuvieron tiempo de desarrollar una defensa que les permitiera burlar todo lo logrado en Los Cedros. Por lo tanto, prácticamente no se ha cerrado ningún caso desde entonces, ni siquiera en los tribunales provinciales. 

Una excepción fue un caso emblemático y muy importante: el de Llurimagua, también en Íntag, donde en 2023 la Corte Provincial falló a favor de los Derechos de la Naturaleza y las violaciones a la consulta previa.

La cuestión de los derechos de la naturaleza se incorporó a la Constitución ecuatoriana en 2008 tras muchos años de lucha de las comunidades, en primer lugar de los pueblos indígenas de la Amazonia. Estos conceptos se caracterizados por elementosEstos conceptos se caracterizaban por elementos como el Kawsay Sacha (el Bosque Viviente para el pueblo amazónico Sarayaku) o el "Sumak Kawsay" (para el pueblo Kichwa). Estos conceptos fueron incorporados a la Constitución a partir de una construcción teórica desarrollada por la academia norteamericana. En realidad, los debates en torno a los Derechos de la Naturaleza no llegaron inmediatamente a la sociedad. Incluso hoy en día, no se desarrollan desde la base. Sigue siendo en gran medida un concepto abstracto.

Un problema clave es que la cuestión medioambiental en Ecuador, a pesar de surgir de poderosas luchas sociales (se habla de ecologismo de base, aunque en realidad se trata más bien de una lucha por la supervivencia) sigue estando presente en la opinión pública en gran medida a través de las ONG. Las ONG ambientalistas han sido fundamentales en una forma de lucha social, en muchos casos obviamente motivadas por la pasión por la naturaleza y los derechos de las personas. Sin embargo, debido a su estructura y a la lógica de financiación de los proyectos (la mayoría de las ONG dependen de fondos internacionales), los Derechos de la Naturaleza se presentan a menudo como una "fachada". Estos derechos no se han presentado de un modo que facilite un verdadero debate nacional, una auténtica transmisión de estos conceptos hacia y desde la población; y han limitado la aparición de un movimiento ecologista de base más amplio y poderoso.

"(Los derechos de la naturaleza) pretendía ser un mecanismo de apoyo a la resistencia civil. Pero a pesar de que hemos intentado amplificar la sentencia de Los Cedros e influir en la política gubernamental... los resultados han sido decepcionantes, porque el gobierno ha estado suprimiendo el diálogo público. Intenta invisibilizar los derechos de la naturaleza, porque quiere promover la agenda extractiva. El tema de los derechos de la naturaleza es fuerte en el discurso civil, pero muy débil en el discurso político".

Ramiro Ávila, ex magistrado del Tribunal Constitucional que falló favorablemente en el caso de Los Cedros. En conversación con Liz Downes.

Aún después de tantos años, el tema de los derechos de la naturaleza no llama la atención de las comunidades, ni siquiera en el contexto de Los Cedros. Se pone mucho énfasis en el debate académico, pero en muchos casos está alejado de la realidad y de las necesidades sociales. En Ecuador, los derechos de la naturaleza en su conjunto siguen siendo un discurso incrustado en la Constitución y manejado por un pequeño y bienintencionado grupo de ONG y académicos. Pero aún no se ha convertido en un debate o conversación popular.

Esto ocurre a pesar de que Ecuador es un país que ha apoyado durante mucho tiempo las luchas populares vinculadas a la naturaleza. Ejemplos de ello son las largas luchas contra la minería en Intag, los referendos en Azuay y las consultas nacionales por el Yasuní y la región andina del Chocó. En todos estos casos, la tesis defendida fue: "Por la naturaleza, por los pueblos y contra las industrias extractivas".

En agosto de 2023, los ecuatorianos votaron abrumadoramente "sí" en un doble referéndum nacional que proponía detener la explotación petrolera y minera respectivamente en dos de las regiones más biodiversas del país (y del mundo): el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, y los bosques nubosos del Chocó Andino, justo al sur de Los Cedros. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Lamentablemente, en lo que respecta a la lucha contra las industrias extractivas, los derechos de la naturaleza siguen siendo un discurso casi cerrado. Es un discurso que tiende a salir de Ecuador y circula más fuera del país que dentro. Muchos hablan de Los Cedros, de Llurimagua, y utilizan estos ejemplos en el exterior. Pero estamos lejos de generar un debate nacional que involucre a las bases.

En este momento en Ecuador, las luchas sociales en torno a la defensa de los territorios permanecen aisladas. Estas luchas se dan dentro de los territorios, apoyadas por ONGs de derechos humanos, etc., pero aún no se han transformado en una lucha nacional contra el modelo extractivista.

El Frente Nacional Antiminero se formó en 2021 precisamente con el propósito de llevar la lucha de las comunidades pequeñas y aisladas al ámbito nacional. Tenemos luchas casi endógenas, que ya no se pueden sostener. A medida que los activistas y las ONG envejecen, no hay una nueva generación que retome la lucha. En muchos casos, son las empresas mineras las que tienen la narrativa más atractiva para los jóvenes, ofreciendo puestos de trabajo y generando una percepción negativa de las luchas sociales.

Por lo tanto, es esencial tomar la lucha de las comunidades y transformarla en un movimiento nacional. Necesitamos transformar la narrativa de "cuidar mi comunidad, mi agua, mis animales" y enfrentar juntos el modelo extractivista. Tenemos que cambiar el modelo social y político, el modelo neoliberal, porque estamos fracasando. Cincuenta años de ser un país petrolero no nos han llevado a nada bueno. Y ahora el Estado quiere sustituir el petróleo por la minería, así que nos esperan otros cincuenta años de fracaso.

Así conseguimos que la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) -el movimiento indígena más fuerte del Ecuador y uno de los más fuertes de América Latina y del Sur Global- patrocinara el Frente Nacional Antiminero. La creación del Frente Nacional se firmó aquí en Intag, con la presencia de la CONAIE y muchas otras organizaciones. Desde entonces, la minería se ha convertido finalmente en un tema central en las reivindicaciones de los movimientos sociales.

Durante la huelga nacional de 2022, logramos un cambio importante en el debate nacional. La huelga no versó únicamente sobre las subvenciones a los combustibles u otras reivindicaciones anteriores, sino que también incluyó el cuestionamiento del modelo extractivista. Esto supuso un gran paso adelante. Después de la huelga, se establecieron diálogos nacionales entre el gobierno y la CONAIE, y la minería fue uno de los temas principales. Logramos generar un amplio debate nacional con la participación de toda la resistencia y de todos los grupos vinculados a la resistencia contra la minería. Se celebraron dos grandes asambleas de la CONAIE y se elaboraron documentos básicos, incluida una propuesta de política pública de base en torno a la minería.

Huelga nacional, junio de 2022. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Habitantes del sur de Ecuador salen a la calle en Quito, 2023, como parte de una protesta nacional contra los cambios introducidos por el Gobierno de Lasso en la legislación minera ecuatoriana. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Obviamente, el diálogo fue limitado. El gobierno no quería debatir estas cuestiones. Sin embargo, se vio obligado a tomar algunas medidas necesarias para mantener los acuerdos alcanzados tras la huelga nacional. No se reabrió el catastro minero, que era una de las principales reivindicaciones. Y el gobierno no pudo continuar con su idea de establecer una ley de "consulta ambiental" para su propio beneficio y el de las empresas mineras. Así que, leque decir que el Frente obtuvo logros concretos con el apoyo de la CONAIE.

Pero en 2023, el país entró en otra crisis cuando el gobierno de Lasso suspendió la Asamblea Nacional. Este fue un momento oportuno para las empresas mineras, ya que el gobierno emitió un decreto presidencial de última hora que autorizaba cambios en los requisitos para la consulta ambiental de los proyectos mineros. Aunque el Tribunal declaró posteriormente inconstitucional el decreto, paradójicamente sigue en vigor hasta que se apruebe una nueva ley. Las empresas mineras pueden ahora alegar que están "consultando" a las comunidades dentro del marco legal del decreto. Estos procesos de consulta, liderados por el Estado y las empresas, están abriendo la puerta a proyectos destructivos, como el proyecto "La Plata" en Cotopaxi y el proyecto "Curipamba" en Bolívar.royecto "Curipamba" en Bolívar.

De cara al futuro, esperamos seguir fortaleciendo las bases del Frente Nacional y crear un movimiento social nacional que sostenga la lucha. La lucha minera no puede ser sostenida directamente por ONG o activistas; es esencial que sea el pueblo -las comunidades unidas- quien la sostenga.

Cartel utilizado en las manifestaciones ante la Corte Provincial de Bolívar, febrero de 2025, contra la persecución continuada de manifestantes y la violenta militarización por parte del Gobierno ecuatoriano en el proyecto minero Curipamba. El cartel hace referencia a la contaminación del agua como una violación de los Derechos de la Naturaleza. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Y no se trata sólo de la lucha minera, porque, en última instancia, el enemigo común es el modelo extractivista. Es el neoliberalismo, el capitalismo. Por eso, nuestro objetivo es que el Frente Nacional se conecte con otras luchas, como las de los pueblos que resisten a la industria petrolera, a la industria camaronera, a la industria de la palma africana, y a todo tipo de despojo. Tener un movimiento social que pueda enfrentar esta etapa radical del capitalismo, del neoliberalismo, que viene para todos, en la que la minería se convierte en la expresión más cruda y brutal del despojo.

Dentro de la actual expresión del neoliberalismo, la desposesión de territorios se está intensificando. Y está claro que el modelo de resistencia de las ONG y de los activistas ya no da para mucho. Así que nos encontramos en esta compleja etapa. Y estamos forjando una visión diferente de la resistencia ambiental en Ecuador, centrada en las comunidades, la gente y los pobres. Una visión donde la gente desposeída tenga la voz principal en esta lucha y pueda actuar como contrapeso al poder del gobierno, al modelo tan poderoso del cual ese gobierno es un instrumento - el modelo minero, el modelo transnacional.

La victoria judicial de Los Cedros en noviembre de 2021 fue el resultado de una apasionante campaña de tres años dirigida por un equipo diverso, desde local hasta internacional. A nivel de base, las organizaciones locales lideradas por OMASNE lograron un cambio trascendental en la dinámica social y la opinión popular, partiendo de un contexto de escasa o nula resistencia comunitaria a la minería y de décadas de fuerte cooptación por parte de las empresas, y creando finalmente un panorama en el que la cuestión de Los Cedros podía formar parte del discurso nacional.

En el propio Ecuador, las repercusiones de la sentencia de Los Cedros han sido desiguales. Por un lado, como se pretendía, la sentencia ha sentado un precedente jurídico, abriendo el camino a una nueva jurisprudencia y a que las comunidades afectadas por la minería presenten sus propios casos para la protección de los bosques. Por otro lado, desde la sentencia, el Gobierno ecuatoriano ha suprimido activamente el diálogo sobre los Derechos de la Naturaleza, especialmente en el contexto de las expansiones mineras dirigidas por el Estado en todo el país. Lejos de convertirse en un cambio de paradigma nacional, el discurso sobre los Derechos de la Naturaleza ha permanecido encerrado en el mundo académico y las ONG. 

Hasta la fecha, el precedente de Los Cedros no ha supuesto un gran cambio en las zonas cercanas concesionadas a empresas mineras. Las comunidades que llevan décadas oponiendo una resistencia implacable a la minería siguen luchando para demostrar que las actividades mineras dañarán su medio ambiente, el agua, la biodiversidad y sus medios de vida. 

La excepción es un caso exitoso que surgió después de la sentencia de Los Cedros - Llurimagua - que creó su propio precedente de Derechos de la Naturaleza, protegiendo a dos ranas en peligro crítico dentro de una concesión minera. El caso de Llurimagua ha servido (quizá más que el de Los Cedros) como inyección de moral para las comunidades de la primera línea de la minería en la región, y representa un precedente más contundente a escala nacional, debido a lo mucho que estaba en juego en el proyecto, que se encontraba próximo a la fase de construcción y contaba con un fuerte respaldo del Gobierno ecuatoriano.

Mientras tanto, desde 2021, los impactos de las actividades relacionadas con la minería en todo Ecuador se han disparado, creando docenas de focos de graves abusos contra los derechos humanos, crimen organizado y daños medioambientales. La militarización de las zonas mineras y la criminalización de los manifestantes son cada vez más comunes, dirigidas y sancionadas por el Estado. Algunas líneas de frente se han visto aisladas en sus luchas locales, ya que el apoyo de las ONG y los medios de comunicación luchan por centrarse en los principales focos de violencia.

De este complejo y difícil panorama ha surgido el Frente Nacional Antiminero - un movimiento de base cuyo objetivo es unir las luchas en todo el país, proporcionar solidaridad y ayuda mutuas y desarrollar una resistencia general contra el capitalismo y el extractivismo en colaboración con las naciones indígenas de Ecuador.

Las aguas cristalinas del Río Los Cedros. Imagen: Liz Downes