En noviembre de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador sentó un precedente legal al defender los derechos de la naturaleza en Los Cedros, un bosque nuboso ubicado en la región con mayor biodiversidad del mundo. La decisión judicial prohibió la minería en la reserva, al invalidar la licencia ambiental de la empresa canadiense Cornerstone Capital Resources.

El emblemático fallo también defendió el derecho de las comunidades al agua potable y a una consulta ambiental adecuada en relación con los proyectos extractivos. Esta victoria para el bosque conmocionó al sector minero ecuatoriano y fue celebrada internacionalmente, inspirando al creciente movimiento global por los Derechos de la Naturaleza.

El Bosque Protector Los Cedros se creó para proteger 6.400 hectáreas de bosque nublado remanente del Chocó Andino, en los Andes noroccidentales de Ecuador.

La reserva y el cercano Valle de Intag forman parte de la zona de amortiguamiento del reconocido Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y se encuentran dentro de lo que se ha designado como la región con mayor biodiversidad del mundo: el Punto Crítico Biológico de los Andes Tropicales. La zona alberga cientos de especies en peligro de extinción, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del planeta. Tanto Los Cedros como Intag son conocidos por su extraordinaria cantidad de aves, anfibios y orquídeas, y son refugio para mamíferos en peligro crítico de extinción, como el jaguar de los Andes noroccidentales y el mono araña de cabeza café.

Alrededor de la reserva y el parque nacional se encuentran ricas tierras agrícolas, donde se cultiva una amplia variedad de frutas, verduras, flores y se cría ganado mediante la agricultura a pequeña escala. Decenas de comunidades dependen del agua proveniente de Los Cedros y de los bosques nubosos montanos de Cotacachi-Cayapas.

Durante tres décadas, la región de Intag se ha visto amenazada por la minería de oro y cobre a gran escala y alberga el movimiento de resistencia anti-minería más antiguo de Latinoamérica.

Entre 2014 y 2017, el gobierno ecuatoriano entregó una amplia franja de concesiones mineras que abarcaban alrededor de dos millones de hectáreas del país. El 68% de la superficie de la Reserva Los Cedros y casi toda la zona de Intag se abrieron a la exploración de oro y cobre. Las empresas transnacionales se adhirieron rápidamente.

En toda la región de Intag, incluyendo los alrededores de Los Cedros, las comunidades se vieron obligadas a movilizarse (una vez más) contra actividades mineras a las que nunca habían dado su consentimiento; actividades que conllevan el riesgo casi seguro de destruir ecosistemas, biodiversidad, vías fluviales y medios de vida.

La campaña para salvar Los Cedros duró tres años. Liderada desde las bases, se expandió a nivel nacional e internacional, atrayendo contribuciones de numerosos miembros de la comunidad local, organizaciones de conservación, expertos legales, científicos, artistas y activistas. La audiencia de la Corte Constitucional, de agosto de 2021, duró un día entero y se presentaron un total de 80 escritos (amicus curiae), desde artículos científicos hasta testimonios en video de comunidades afectadas por la minería.

En este emblemático estudio de caso, presentamos una entrevista con José Cueva, miembro de Yes to Life No To Mining YLNM/ Sí a la Vida, No a la Minería. José ha participado durante décadas en el movimiento antiminero de Intag y ahora coordina una organización local sin fines de lucro que apoya la reserva y la estación científica de Los Cedros. También forma parte del Frente Nacional Antiminero, un movimiento de base de rápido crecimiento que busca unir las luchas de las comunidades de todo Ecuador. 

José habla sobre la enérgica campaña comunitaria que fue crucial para la batalla legal de tres años en Los Cedros y para lograr el fallo exitoso. A continuación, nos entrega una mirada crítica sobre el impacto de la victoria de Los Cedros, analiza las dificultades para ampliar los derechos de la naturaleza y lo que se necesita para impulsar las luchas populares contra la minería a gran escala y el extractivismo en Ecuador.

Lo primero que hay que mencionar es que el caso Los Cedros no surgió espontáneamente, sino que forma parte de un largo contexto de resistencia contra la minería en la zona de Intag, durante cerca de 30 años.

Además, hay que mencionar que justo al lado de Los Cedros, a poco menos de un kilómetro del límite sur de la reserva, se encuentra una mina de oro propiedad de la empresa Agroindustrial. Esta mina, "El Corazón", comenzó a explotarse alrededor del año 2000, después de que Rio Tinto Zinc (RTZ) realizará exploraciones en el territorio, lo que condujo al descubrimiento de algunos yacimientos en Intag.

Durante ese mismo período -hablamos de la década de 1990- comenzó la resistencia contra la minería en la zona de Intag. Tal vez debo indicar que en Intag tenemos dos regiones claramente definidas: la zona alta, donde la resistencia se centró en Llurimagua, y la zona baja (Manduriacus), donde se ubica Los Cedros. Digamos que en Manduriacus, la presencia de la mina de Agroindustrial impidió una gran participación de la población en la resistencia en general.

Letrero colocado en las puertas de propiedades en todo Intag, luego de que la región fuera concesionada para una nueva ola de exploración minera en 2017.

Fue en el contexto de las primeras expansiones mineras en Manduriacus, que la estación científica Los Cedros, bajo la dirección de José de Coux, intentó fortalecer su rol conservacionista e involucrar a las comunidades en la protección del bosque. Sin embargo, la situación resultó complicada, ya que justamente la presencia de la mina Agroindustrial generó una profunda división en la comunidad.

Agroindustrial estableció su estrategia de cooperación a través de una organización local, pero también trabajando directamente con los cabildos, las comunidades. La empresa provee de recursos económicos para las comunidades a lo largo de los años. Siempre financiando fiestas, eventos deportivos y también entregando materiales de construcción para arreglar las vías, para las escuelas, etc. Entonces tienen una fuerte presencia económica en la zona.

Mientras tanto, en la parte alta de Intag, la resistencia se iba fortaleciendo, con diversas luchas que culminaron en victorias sucesivas contra compañías mineras: Mitsubishi, luego Ascendant Copper, luego Codelco. A pesar de estos éxitos, la minería continúa siendo una amenaza. Al menos, la resistencia ha impedido el desarrollo de proyectos, aunque a un alto costo. Muchas personas en Intag han sido criminalizadas, perseguidas, las comunidades se han dividido. No hay un acuerdo social en Intag respecto a la minería. Además, muchas personas prácticamente han dedicado su vida a esta lucha, sacrificaron sus proyectos personales etc.

Contaminación por la empresa minera Codelco en Junín, Intag. Imagen: Carlos Zorrilla (Decoín).

En este contexto, la resistencia de Los Cedros tiene diferencia de lo ocurrido en Intag, porque hasta el año 2017, cuando se dió la concesión minera en Los Cedros, no había un fuerte apoyo en las bases de la zona de Manduriacos. Entonces, cuando el Bosque Protector Los Cedros fuera concesionado para la exploración minera con la empresa canadiense Cornerstone, José de Coux (con la participación de la Municipalidad de Cotacachi) preparó la primera acción de protección para Los Cedros ante la corte local.

Debo mencionar que este primer caso no se enfocó el tema en la violación de los derechos de la naturaleza, sino más en la ilegalidad de haber otrgado una concesión minera en un Bosque Protector, lo cual estaba prohibido en ese momento por la Ley. Esta acción fue rechazada en primera instancia por la corte de Cotacachi.

El caso fue apelado y a principios de 2019 pasó a una segunda instancia en la Corte Provincial de Imbabura. El equipo de la Estación Científica Los Cedros comenzó a buscar apoyo adicional para reforzar el caso. Así, con abogados, científicos, artistas y la ayuda de organizaciones no gubernamentales, el caso finalizó favorablemente con una "aceptación parcial" por parte de la Corte Provincial en junio de 2019.

Plantón afuera del Corte Provincial de Imbabura en la ciudad de Ibarra, previo a la audiencia de la Acción de Protección de Los Cedros, enero de 2019. Imagen: OMASNE

Mientras tanto, la presencia de la empresa Cornerstone en el sector de Los Cedros generaba una fuerte división en las comunidades locales. Debido a la falta de organización de estas comunidades, quienes apoyaban a Los Cedros contra la minería tuvieron que enfrentarse a sus vecinos que trabajaban con la minera. Para entonces, la empresa había contratado a 40 personas, que en la práctica son 40 familias. Al mismo tiempo, les daban dinero a las comunas y de esta manera cooptaban a los presidentes y las comunidades.

También debo mencionar que Cornerstone contrató justamente para su trabajo de relacionamiento comunitario a las personas que conformaban el comité de co-administración del Bosque Los Cedros, iniciativa que tenía como objetivo involucrar a la comunidad en la gestión del bosque, pero terminó cooptada primero por la minera. Recibían un salario de la empresa. Así que fue muy difícil. Quienes realmente apoyaban a Los Cedros tuvieron que enfrentarse a todo esto; y, una vez más, se crearon dos facciones. Y obviamente, el grupo en resistencia se encontraba en una situación de mayor debilidad por falta de recursos económicos. 

Tras ganar la acción en la Corte Provincial, la licencia ambiental de Cornerstone fue invalidada y tuvieron que paralizar las obras. Por ello, la empresa, junto con el Ministerio del Ambiente, apeló de inmediato ante la Corte Constitucional. Sin embargo, esto se convirtió en una oportunidad extraordinaria, ya que la apelación coincidió con el interés de la Corte de buscar un caso emblemático para tratar los Derechos de la Naturaleza.

En 2018, el proceso legal iniciado en la Municipalidad de Cotacachi tuvo el rápido apoyo de un colectivo local, aquí en Imbabura, llamado OMASNE, que es el Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador. Este estaba conformado por estudiantes y profesionales que apoyaban o realizaban trabajos en el Bosque Los Cedros, como Mishel Naranjo, Elisa Levy y Monserrate Vásquez, estudiantes y activistas profundamente involucradas en la lucha contra la minería.

Así pues, este pequeño grupo, junto con la estación científica de Los Cedros, realizó una serie de plantones frente del Corte, cuando se presentó la apelación inicial, para tratar de visibilizar ante de los jueces que existía apoyo ciudadano. La empresa minera sacaba a sus trabajadores a los plantones para asistir a la audiencia. OMASNE intentó generar apoyo social; si bien el apoyo local era bajo en ese momento, y quienes apoyaban a Los Cedros tenían mucho temor de enfrentarse a la gente que estaba pagada por la empresa minera. Entonces la situación era muy desigual; era arriesgado para la gente asistir a los plantones, sin recursos económicos y limitada convocatoria en las grandes ciudades.

Plantones en Ibarra, 2019. Imagen: OMASNE

Por el contrario, en Cotacachi, debido a la historia de resistencia contra la minería, no fue difícil generar apoyo: todos los colectivos vinculados a la Asamblea Cantonal se unieron a las actividades de apoyo a Los Cedros. En la ciudad de Ibarra, donde se encuentra la Corte Provincial, fue novedoso porque Ibarra no tiene una tradición de activismo a favor de la naturaleza. Aun así, logramos involucrar a la Universidad Tecnológica del Norte, de quien se recibió un grupo de apoyo, gente que realizó actividades, foros, debates en los cuales se logró hablar de este tema. Aunque a nivel institucional la universidad se mantuvo indiferente debido a su fragilidad financiera y un interés evidente de obtener recursos del sector minero y del gobierno.

Sobre todo, logramos algo muy importante: movilizar a la ciudadanía de Ibarra. Y esto siguió creciendo: cuando Los Cedros ganaron el caso a nivel provincial, el apoyo en redes sociales en Quito comenzó a crecer. La gente percibió el caso como importante para el país. Para la tercera etapa, cuando el proceso legal llegó a la Corte Constitucional, ya estábamos logrando apoyo a nivel nacional.

De ahí que a la gente siempre le guste ver historias de éxito. Les gusta ver que una estrategia está dando sus frutos. OMASNE mantuvo el liderazgo en el rol en la estrategia de comunicación de Los Cedros. Recibimos el apoyo voluntario de un excelente comunicador, Kevin Zúñiga, y junto con él y Monserrate, lideramos el proceso de campaña: mucha actividad en redes sociales y en la página web. Nos coordinamos con colectivos de artistas y cineastas para subir información. Grabamos vídeos de forma espontánea o a través de personajes influyentes. Mantuvimos una presencia permanente en los medios y en las calles, con plantones cada vez que había público o acción. Y realizamos varias ruedas de prensa y participamos en programas radiales, televisivos, podcast, etc.

Fue una campaña bien organizada que duró muchos meses, incluso años. Llegamos a casi 70.000 apoyos directos en redes sociales y alcanzamos altas tendencias en Twitter y Facebook. También contamos con el apoyo de grupos como Yasunidos, vinculados a problemas ambientales más conocidos en Ecuador. Esto fue vital para nuestra estrategia y así obtener un fallo definitivo de la Corte Constitucional.

Interesante es, que a través de este proceso, sin proponérselo pero así pasó, parte del colectivo que hoy está al frente trabajando en Los Cedros para lograr la sostenibilidad fueron justamente algunas de las personas que se involucraron en este proceso. Esto fue muy importante, ya que pudimos adaptar el activismo a las necesidades concretas de las comunidades, transformándolo en acciones locales que las benefician.

Otra cosa que es importante, es el rol de los diferentes colectivos en la campaña. En primer lugar, los abogados y ambientalistas que colaboraron en este caso mostraron un compromiso absoluto, incluso más allá del proceso judicial. Por ejemplo, Fred Larreátegui, quien contó con el apoyo de una organización de derechos humanos, pero hizo casi todo sin pago. De igual manera, Edgar Merlo recibió algún pago, pero gran parte de su trabajo no fue remunerado.

En estas luchas, es muy difícil encontrar abogados que realicen este tipo de trabajo. Sin embargo, ellos estuvieron al frente de la preparación de los documentos para la Corte. Prepararon y asesoraron a los amicus curiae para que se presenten bien los documentos. Otros abogados también apoyaron muchísimo. Organizamos reuniones de Zoom durante la pandemia. Fue muy bonito esta gente que se sumó voluntariamente al proceso.

Otro grupo que jugó un papel importante fueron los científicos que trabajaron y realizaron sus estudios en Los Cedros. Se presentaron alrededor de 25 trabajos ante la Corte basados en investigaciones realizadas en la reserva. Estos científicos participaron en los escritos de amicus curiae y en la audiencia de la Corte. Dar a conocer su postura es muy poco común para los biólogos de aquí; la mayoría no había participado antes en el activismo de primera línea. Debían ser muy cuidadosos. Por ejemplo, les preocupaba mucho la persecución profesional, en cuanto a la dificultad de contratar proyectos futuros o la dependencia de las universidades de fondos gubernamentales.

Otro grupo muy importante y que no se puede dejar de mencionar, fueron los artistas. Trabajamos en transmisiones de video, creando canciones, música, presentaciones, obras de teatro, pinturas, concursos de dibujo, participando en las sentadas con documentales y pequeñas producciones. Y prácticamente todo esto fue voluntario. El coste fue mínimo, pero el aporte de artistas como Marian Morillo, fue gigantesco.

Tal vez otro grupo importante eran unas personalidades nacionales, que se fueron vinculando, por un lado políticos o dirigentes sociales, campesinos, que fueron también importantes en la opinión pública. Hablamos de Alberto Acosta, Leonidas Iza. También algunos artistas que nunca antes habían estado vinculados con temas ambientales, pero que publicaron videos en apoyo a Los Cedros, lo cual fue muy positivo. Y a nivel internacional, también llegó apoyo: personas del mundo legal, investigadores, artistas y activistas en general.

También no podemos dejar de mencionar a las personas a nivel local de Intag quienes nos apoyaron. En Manduriacus, un lugar tan dividido, estas personas nunca dejaron de apoyarnos en contextos difíciles y peligrosos. Hasta el punto de que cuando presentamos un amicus firmado por las comunidades, conseguimos más de setenta firmas de la población local, entre ellos algunos presidentes de comunidades. Lo cual es muy valiente, y es importante encima porque moverse en contexto de una minera que está con plata en mano entregando a los presidentes, y los trabajadores que los amenazaban de "es culpa de ustedes que no tengamos trabajo".

Estas setenta personas que firmaron, con sus nombres, firmas y cédulas de identidad, estaban muy motivadas para defender su territorio. Y no podemos olvidar a los miembros de la comunidad que presentaron sus alegatos en la audiencia final, no solo en papel, sino también en video; los videos para los jueces fueron muy buenos. Así, logramos un gran apoyo de las bases.

Y todo esto culminó con el fallo positivo de la Corte Constitucional, con el apoyo de las bases y de todo el Ecuador a los Derechos de la Naturaleza.

Existe una superposición sustancial entre las concesiones mineras y los Bosques Protectores en Ecuador, ya que este tipo de bosque no goza de la misma protección legislativa bajo la legislación ambiental ecuatoriana que los parques nacionales; las actividades extractivas están permitidas. El fallo de Los Cedros podría sentar un precedente para todos los demás Bosques Protectores del país. Fuente de la imagen: Vandegrift et al, 2018.

Tras la sentencia judicial, el efecto inmediato era la suspensión de las actividades de la empresa Cornerstone. Esto implicaba la separación de 40 trabajadores. Así que cuando deberíamos haber estado celebrando en Los Cedros, no podíamos presentar este triunfo entre las comunidades en este momento, debido a lo complejo que representaba la situación de las personas despedidas. Sabíamos que cualquier acción de nosotros iba a traer consecuencias de largo plazo para la reserva.

Por otro lado, obviamente, el resultado fue muy positivo porque, a nivel nacional, era la primera vez que se emitía una sentencia de esta magnitud, basada en los Derechos de la Naturaleza. No lo habíamos previsto al presentar el caso, pero la Corte finalmente dictaminó sobre la violación de los derechos de la naturaleza dentro de un Bosque Protector, lo que significa que, en teoría, podría aplicarse a otros bosques protegidos en Ecuador. Por lo tanto, la sentencia amplió el tema de los Derechos de la Naturaleza mucho más de lo previsto.

La sentencia fue un terremoto en el sector minero industrial de Ecuador. Todos esperábamos que esto diera lugar a muchos otros casos, ya que alrededor de un millón de hectáreas de bosques protectores en este país están concesionadas para la minería, y muchos de estos bosques presentan características importantes en términos de biodiversidad, especies en peligro de extinción, y ecosistemas frágiles.

Pero por el contrario, no surgieron casos - muy pocos. Y por los pocos que surgieron, especialmente con el paso del tiempo, el estado y las empresas mineras tuvieron tiempo de generar una defensa que les permitiera eludir todo lo logrado en Los Cedros. Por lo tanto, prácticamente no se han cerrado casos, ni siquiera en las cortes provinciales. 

Una excepción fue un caso emblemático y muy importante, el de Llurimagua, también en Intag, donde en 2023 la Corte Provincial falló a favor de los Derechos de la Naturaleza y las violaciones de la consulta previa.

El tema de los derechos de la naturaleza llegó a la Constitución ecuatoriana en 2008, tras muchísimos años de lucha de las comunidades - las pueblos indígenas de la Amazonía sobre todo todos, lo cual se planteaban elementos como Kawsay Sacha, "la Selva Viva" para los Amazónicos de Sarayaku o el Sumak Kawsay de los pueblos quichua. Estos conceptos llegaron a la Constitución desde una construcción teórica de la academia norteamericana. En realidad, los debates en torno a los derechos de la naturaleza no lograron aterrizar en la sociedad de manera inmediata. Todavía hoy, no se desarrollan desde las bases. Sigue siendo un concepto abstracto. 

Un problema clave es que la cuestión ambiental en Ecuador, pese a provenir de luchas sociales poderosas (se habla de un "ecologismo popular", aunque en realidad es más una lucha por la supervivencia) sigue estando presente ante la opinión pública en gran medida a través de ONGs. Las ONG ambientales han sido fundamentales en una forma de lucha social, en muchos casos, obviamente motivados por la pasión por la naturaleza y de los derechos de los pueblos. Sin embargo, debido a su estructura y a la lógica de los proyectos de financiación (las ONG dependen de fondos internacionales), los derechos de la naturaleza se presentan muchas veces como una "fachada", y no han facilitado un verdadero debate nacional, una verdadera transmisión de estos conceptos desde y hacia la gente y limitado el surgimiento de un mayor y más poderoso movimiento ambiental popular.

""(Los derechos de la naturaleza) se concibieron como un mecanismo para apoyar la resistencia civil. Pero a pesar de que hemos intentado amplificar la sentencia de Los Cedros e influir en las políticas gubernamentales, no ha sido efectivo porque el gobierno ha estado reprimiendo el diálogo público. Intenta invisibilizar los Derechos de la Naturaleza para promover la agenda minera.""

Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional que falló favorablemente en el caso Los Cedros. En conversación con Liz Downes.

Incluso después de tantos años, el tema de los derechos de la naturaleza no genera la atención de las comunidades, ni siquiera en el contexto de Los Cedros. Se hace mucho énfasis en el debate académico, pero en muchos casos está lejano de la realidad y de las necesidades sociales. En Ecuador, los Derechos de la Naturaleza en su conjunto siguen siendo un discurso que está en la Constitución y que se maneja por un reducido y bien intencionado grupo de ONGs y académicos. Pero no es hasta hoy un debate o una conversación popular.

Esto ocurre a pesar de que Ecuador es un país que viene desde hace mucho tiempo dándole respaldo a las luchas populares vinculadas a la naturaleza. Ejemplos son las largas luchas contra la minería en Intag, los referendos en Azuay y las consultas para Yasuní y la región del Chocó Andino. En todos estos casos, se defendió la tesis: "Por la naturaleza, por los pueblos y contra las industrias extractivas".

En agosto de 2023, los ecuatorianos votaron abrumadoramente "sí" en un referéndum nacional que proponía detener la explotación petrolera y minera, respectivamente, en dos de las regiones con mayor biodiversidad del país (y del mundo): el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, y los bosques nubosos del Chocó Andino, justo al sur de Los Cedros. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Lastimosamente, en cuanto a la lucha contra las industrias extractivas, los Derechos de la Naturaleza siguen siendo un discurso casi cerrado. Es un discurso que sale más de Ecuador de lo que circula dentro. Muchos hablan de Los Cedros, hablan de Llurimagua, usan estos ejemplos hacia afuera, pero estamos muy lejos de generar un debate nacional que involucre a los sectores populares.

En este momento, en Ecuador, las luchas sociales alrededor de la defensa de los territorios, siguen estando aisladas. Son luchas que están en los territorios, apoyadas por los ONGs de derechos humanos, etc, pero aun no se transforman en una lucha nacional contra el modelo extractivo.

El Frente Nacional Antiminero se formó en 2021 justamente con el propósito de llevar la lucha de las comunidades pequeñas y aisladas a nivel nacional. Tenemos luchas que son casi endógenas, que ya no se pueden sostener. A medida que los activistas y las ONG van envejeciendo, no hay una nueva generación que asuma la lucha. En muchos casos, son las empresas mineras las que tienen el discurso más atractivo para la juventud, ofreciendo trabajo y generando una percepción negativa de las luchas sociales.

Por eso, es fundamental sacar la lucha de las comunidades y transformarla en un movimiento nacional. Necesitamos transformar el discurso desde "cuidar mi comunidad, mi agua, mis animales" y enfrentar el modelo extractivo juntos. Debemos cambiar el modelo social y político, el modelo neoliberal, porque estamos fracasando. Cincuenta años de ser un país petrolero no nos han llevado a ningún buen lugar. Y ahora el Estado quiere reemplazar el petróleo con la minería entonces esperamos otros cincuenta años de fracaso.

Así logramos que la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) - el movimiento indígena más fuerte de Ecuador y uno de los más fuertes de América Latina y el Sur Global - apadrine el Frente Nacional Antiminero. La creación del Frente Nacional se firmó en Intag, con la presencia de la CONAIE y muchas otras organizaciones. A partir de ahí, la minería se ha convertido por fin en un tema central de las demandas de los movimientos sociales. 

Desde ahí, se logró que en el paro nacional de 2022, el debate a nivel nacional ya no fuera únicamente los subsidios a los combustibles u otras demandas previas, sino que se incluyera el cuestionamiento al modelo extractivista. Este fue un gran avance. Tras el paro, se establecieron diálogos nacionales entre el gobierno y la CONAIE, y la minería fue uno de los temas principales. Logramos generar un amplio debate nacional con la participación de toda la resistencia y todos los grupos vinculados a la resistencia contra la minería. Se celebraron dos grandes asambleas de la CONAIE y se elaboraron documentos básicos, como una propuesta de política pública minera desde la base.

Paro nacional, junio de 2022. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Ciudadanos del sur de Ecuador salen a las calles en Quito, 2023, como parte de una protesta nacional contra los cambios a la ley minera ecuatoriana por parte del gobierno de Lasso. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Obviamente, el diálogo fue limitado. El gobierno no quiso debatir estos temas. Sin embargo, se vio obligado a tomar algunas medidas necesarias para mantener los acuerdos alcanzados tras el paro nacional. El catastro minero no se reabrió; esto era una de las demandas principales. Y el gobierno no pudo continuar con su idea de establecer una ley de "consulta ambiental" para su propio beneficio y el de las empresas mineras. Entonces digamos que son logros concretos del Frente, con el apoyo de CONAIE.

Pero en 2023, el país entró en otra crisis cuando el gobierno de Lasso suspendió la Asamblea Nacional. Este fue un momento oportuno para las empresas mineras, ya que el gobierno emitió un decreto presidencial de último minuto que autorizaba la consulta ambiental previa de manera inconstitucional. Si bien la Corte posteriormente admitió la inconstitucionalidad del decreto, paradójicamente el decreto se mantiene vigente hasta que se expida una ley. Entonces las empresas mineras afirman que están "consultado" a las comunidades en el marco legal de dicho decreto. Estos procesos de consulta, liderados por el Estado y las empresas mineras, están abriendo la puerta a proyectos destructivos, como "La Plata" en Cotopaxi y el proyecto "Curipamba" en Bolívar.

Más allá de eso, frente al futuro, esperamos seguir fortaleciendo las bases del Frente Nacional y crear un movimiento nacional social que sustente la lucha. La lucha antiminera no puede ser sostenida directamente por los ONG o activistas; es esencial que sea la gente, las comunidades unidas, quienes la sustenten.

Cartel utilizado en las manifestaciones ante la Corte Provincial de Bolívar, febrero de 2025, contra la persecución continua de manifestantes y la violenta militarización por parte del Gobierno ecuatoriano en el proyecto minero Curipamba. El cartel alude a la contaminación del agua como una violación de los Derechos de la Naturaleza. Imagen: Frente Nacional Antiminero

Y no se trata solo de una lucha antiminera, porque, en última instancia, el enemigo común es el modelo extractivista. Es el neoliberalismo, el capitalismo. Por eso, nuestro objetivo es que el Frente Nacional se vincule con otras luchas, como las de los pueblos que resisten a la industria petrolera, la camaronera, la palma africana y todo tipo de despojo. Para tener un movimiento social que pueda hacer frente a esta etapa radical de capitalismo, del neoliberalismo, que viene por todos, en el cual la minería se vuelve la expresión más burda y brutal de despojo.

Dentro de la expresión actual del neoliberalismo, el despojo de territorios se intensifica. Y es evidente que el modelo de resistencia de las ONG y las activistas ya no logra mucho. Así que nos encontramos en esa etapa compleja. Y estamos forjando una visión distinta de la resistencia ambiental en Ecuador centrada en las comunidades, la gente y los pobres. Para que la gente despojada tenga la voz principal en esta lucha y sea un contrapeso al poder del gobierno, al modelo tan fuerte del cual ese gobierno es un instrumento: el modelo minero, el modelo transnacional.

La victoria judicial en Los Cedros, en noviembre de 2021, fue el resultado de una emocionante campaña de tres años liderada por un equipo diverso, desde el ámbito local hasta el internacional. Desde las bases, las organizaciones locales lideradas por OMASNE lograron un cambio trascendental en la dinámica social y la opinión pública, partiendo de un contexto de escasa o nula resistencia comunitaria a la minería y décadas de fuerte cooptación por parte de las empresas, para finalmente crear un panorama donde el problema de Los Cedros pudo lograr llegar a formar parte del discurso nacional.

En Ecuador, los impactos del fallo de Los Cedros han sido casi invisibilizados. Aunque por un lado, como se pretendía, el fallo ha sentado un precedente legal, abriendo camino a nueva jurisprudencia y a que las comunidades afectadas por la minería presenten sus propios casos de protección de los bosques. Por otro lado, desde el fallo, el gobierno ecuatoriano ha estado reprimiendo lamentable y activamente el diálogo sobre los Derechos de la Naturaleza, especialmente en el contexto de las expansiones mineras estatales en todo el país. Lejos de convertirse en un cambio de paradigma nacional, el discurso sobre los Derechos de la Naturaleza ha permanecido relegado principalmente al ámbito académico y de las ONG.

Hasta la fecha, el precedente del Bosque Protector Los Cedros no ha tenido un impacto significativo en las áreas cercanas concesionadas a empresas mineras. Las comunidades que se han resistido incansablemente a la minería durante décadas, aún luchan por demostrar que las actividades mineras dañarán su medio ambiente, agua, biodiversidad y medios de vida.

La excepción es un caso exitoso que surge en 2023 - el de Llurimagua, en la misma región, que creó su propio precedente de Derechos de la Naturaleza, protegiendo a dos ranas en peligro crítico de extinción dentro de una concesión minera. El caso de Llurimagua ha servido como un estímulo para las comunidades en primera línea de resistencia a la minería en la región y representa un precedente fuerte a nivel nacional, debido a los altos riesgos que representaba el proyecto, que se encontraba próximo a la etapa de construcción y contaba con un fuerte respaldo del gobierno ecuatoriano.

Mientras tanto, desde la sentencia de Los Cedros en 2021, los impactos de las actividades mineras en todo Ecuador se han disparado, creando decenas de focos de graves abusos contra los derechos humanos, crimen organizado y daños ambientales. La militarización de las zonas mineras y la criminalización de los manifestantes es cada vez más común, liderada y sancionada por el Estado. Algunos frentes se han visto aislados en sus luchas locales, mientras que la atención de las ONG y los medios de prensa luchan por centrarse en los principales focos de violencia.

De este complejo y difícil panorama ha surgido el Frente Nacional Antiminero, un movimiento de base que busca unir las luchas en todo el país, brindar solidaridad y ayuda mutua, y fortalecer una resistencia general contra el capitalismo y el extractivismo en colaboración con las Naciones Indígenas del Ecuador.

Las aguas prístinas del Río Los Cedros. Imagen: Liz Downes

Este caso emblemático se apoya en