Pueblos de la Puna Atacameña resisten al extractivismo a pesar del avance de la minería de litio

Autores: Javiera Ortiz, Ramón Balcázar M., Verónica Gostissa y Vivian Lagrava

Edición: Ramón Balcázar M. y Lynda Sullivan

• 1. Extractivismo del litio en la Puna de Atacama

Chile, Argentina y Bolivia en la última década han estado en medio de la discusión en torno a la descarbonización y la extracción de los minerales estratégicos para la transición energética. La promesa de los países del norte global de pasar de una economía basada en la extracción de petróleo, hacia el desarrollo de fuentes de energía renovables y la expansión de la electromovilidad como bastión principal, está impulsando una creciente demanda de minerales que han denominado «clave»: el cobre, el cobalto, el coltán, el grafito, el níquel y el litio, principalmente. 

En efecto, la implementación de las políticas de transición energética para las economías industriales se sustenta en un recambio tecnológico que ocurre a costa de un proceso de devastación de territorios indígenas y rurales ubicados en el Sur Global y en las periferias de Europa. El intercambio ecológicamente desigual de la economía verde perpetúa un modelo de desarrollo primario extractivo que, a pesar de las estrategias desplegadas por empresas y gobiernos en conjunto, continúa siendo cuestionado y rechazado por defensores, defensoras y activistas.

En este proceso de transición ecológica, bajo la premisa de la «Acción Climática», y ante un escenario de reactivación económica post-pandemia, los Estados de los tres países han sido más que espectadores: junto con las corporaciones e industrias transnacionales —y sus respectivas maquinarias estatales—, los gobiernos de Chile, Argentina y Bolivia han funcionado como agentes facilitadores de la instalación y desarrollo de la industria extractiva de litio, a través de distintos mecanismos.

Estas estrategias se implementan de la mano con la emergencia de una nueva ingeniería social donde la minería del litio se presenta como una minería sustentable a través de programas de publicidad, intervenciones en el territorio y mediante el uso de estándares de «minería responsable» impulsados desde el propio sector minero. El greenwashing del litio tanto a nivel local, nacional e internacional oculta las consecuencias reales y concretas de la expansión de la industria en los territorios. 

La extracción de litio no solo pone en riesgo el equilibrio ecológico asociado al elevado consumo de agua dulce y salmueras por parte de la minería en territorios de aridez extrema, sino que también ha secado ríos, ha modificado las economías locales de los territorios que habitan en torno a los salares; ha aumentado la conflictividad socioambiental y tensionado aún más las relaciones con los respectivos Estados y gobiernos de estos tres países. Esto ha tenido consecuencias en los modos de vida de estos territorios ancestrales, cuyas culturas se han desarrollado desde hace milenios. 

Pero más allá de los minerales contenidos en sus rocas y salares, la Puna Atacameña es una rica región donde se vinculan cultural, social y económicamente pueblos originarios y formas de vida que las fronteras no detienen. Es en este contexto que la defensa de la expansión minera en torno al Salar de Atacama en Chile; del río Los Patos en Catamarca y la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc en Argentina; y de los salares y lagunas de Nor Lípez y Sud Lipez ubicados dentro de la Nación Lípez en Bolivia son ejemplos de cómo distintos pueblos y comunidades se unen para decir ¡El agua vale más que el litio!

2. Chile y el Salar de Atacama: ingeniería social y la «Estrategia Nacional del litio» 

Los impactos del extractivismo minero en los salares y humedales andinos de la Puna Atacameña no son nuevos en Chile: con el ciclo extractivista del salitre, el Desierto de Atacama sufrió profundas transformaciones sociales, políticas, culturales y ecológicas como resultado del auge del salitre. Este fertilizante natural fue utilizado en la revolución verde para la producción intensiva de alimentos y forraje, así como también para explosivos y productos químicos, exportándose en grandes cantidades a Europa, principalmente a Reino Unido, Alemania, Francia, así como a Estados Unidos, la Unión Soviética y países de Asia. 

Los ingresos de la exportación de salitre proporcionaron por décadas entre el 50 % y el 60 % de los ingresos de las arcas nacionales, profundizando la dependencia que caracteriza a las economías de la región hasta el presente. A fines del siglo XX, la producción mundial de nitrato de sodio era de alrededor de 520 000 toneladas anuales, de las cuales 450 000 (86 %) se producían en Chile. 

La industrialización del desierto en las regiones del Norte Grande estuvo acompañada de un importante movimiento migratorio a una zona hasta la época escasamente poblada. El desierto vio la rápida llegada de inversores europeos y trabajadores de Perú, Bolivia y otras regiones de Chile. Las tensiones por el control de este mineral y la intervención de capitales británicos llevaron a la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883) que resultó en la anexión del territorio a Chile, incluyendo el Salar de Atacama. El auge y la caída de la industria del salitre en Chile ejemplifica cómo la codicia neocolonial y extractivista traen consigo conflictos regionales dejando atrás los impactos del sacrificio humano, social y ambiental. 

Como consecuencia de los cambios tecnológicos marcados por la electrificación de la economía mundial, los metales como el cobre pasaron a ser indispensables y Chile se posicionó rápidamente como el mayor exportador mundial de este mineral. En 1915 se inicia el proyecto de explotación de Chuquicamata, empresa nacionalizada por Salvador Allende que solía ser la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Este lugar lo ocupa actualmente el megaproyecto Minera Escondida, controlada mayoritariamente por capitales australianos y británicos a través de las empresas BHP y Rio Tinto. Actualmente Río Tinto está entrando al sector del litio en Chile y Argentina. 

Al igual que ocurrió con el salitre y el cobre, hoy el Salar de Atacama es objeto de intervención por la extracción de litio. Si bien los primeros antecedentes de extracción de litio datan desde las décadas de 1960 y 1970 con las inspecciones de la empresa estadounidense Anaconda Copper Minning, la violenta entrada del neoliberalismo llevada a cabo durante la dictadura militar de Augusto Pinochet sentó las bases para lo que es la minería del litio actualmente. Junto a la privatización ilegítima a favor de Julio Ponce, ex yerno del dictador, en la década de los ochenta se impuso una serie de reformas que propiciaron la expansión de la megaminería y la privatización del agua, permitiendo el auge de la Sociedad Química y Minera Soquimich (actual SQM), principal empresa de litio en Chile. Esta situación se reforzaría con la llegada de los gobiernos democráticos, que concedieron a privados como SQM (privada chilena) y Albemarle (corporación de Estados Unidos) contratos por cuotas extractivas hasta 2030 y 2043, respectivamente. 

Imagen: Miembros de OPSAL Ramón Balcázar M., Ingrid Garcés Millas, Rudecindo Espíndola y monitor ambiental de la Comunidad de Toconao durante visita a Salar de Tara. Archivo OPSAL

Conflictividad y nuevos paradigmas de relacionamiento comunitario 

En los años 2000, las empresas del litio se enfrentan a un nuevo escenario determinado en gran parte por dos factores: el incremento de la demanda de minerales estratégicos y la presencia de comunidades que reaccionan frente a las actividades mineras y el impacto que estas tienen en sus territorios. De acuerdo con el informe de la OCDE (2016), Chile carece de un mecanismo eficaz para la gestión de los derechos especiales de los pueblos indígenas, lo que exacerba las tensiones socioambientales relativas a la adquisición de tierras, el acceso al agua y la presencia de instalaciones mineras e industriales en comunidades locales. El acceso a la información ambiental ha mejorado gracias a la consolidación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), aunque muchos indicadores y datos ambientales, sobre todo relacionados con el agua, los residuos, la biodiversidad y la calidad del aire, continúan siendo inaccesibles o no están completos. 

Con el fin de evitar el conflicto social que podría haberse desencadenado con la ampliación de sus operaciones en el Salar de Atacama, Albemarle firma en 2016 un acuerdo de cooperación inédito con 18 comunidades atacameñas reunidas en la Asociación Consejo de Pueblos Atacameños. Entre otros puntos, este acuerdo contempló la entrega del 3,5 % de las ventas de la empresa y la participación de las comunidades en los monitoreos ambientales, condicionado a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) necesaria para la ampliación. De esta forma, se crea en Chile un nuevo referente en materia de relacionamiento comunitario que impactará en los procesos expansivos de SQM en 2018 y 2024, así como en el otorgamiento de contratos (CEOL) en nuevos salares como Maricunga, Ollagüe, Ascotán y Laguna Verde. En efecto, en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, las empresas interesadas han avanzado en acuerdos que, según denuncias procedentes de las propias comunidades afectadas, impiden una consulta realmente libre y permiten a las empresas tener una posición ventajosa en los procesos admirativos y en las consultas realizadas por el Ministerio de Minería. 

Si bien se ha hablado mucho sobre los acuerdos de reparto de beneficios y sus alcances positivos y negativos para las comunidades que forman parte de ellos; lo que nos preocupa es que los procesos de ampliación tanto de Albemarle como de SQM no fueron sometidos a una consulta libre, previa e informada de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y se autorizaron sin conocimiento suficiente sobre los impactos potenciales, es decir, sin cumplimiento del principio precautorio. Además, la ampliación de las operaciones se justificó en una narrativa corporativa basada en la idea de que la extracción de salmueras no tiene efectos sobre la hidrología y la biodiversidad del Salar. Como era de esperarse, las críticas y preocupaciones de comunidades y ambientalistas fueron confirmadas. En 2025, la propia empresa Albemarle reconoció el descenso de los acuíferos en medio de una investigación penal.

Participación débil en la Estrategia Nacional del Litio 

La Estrategia Nacional del Litio fue elaborada de espaldas a la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones territoriales y, sobre todo, a los pueblos y comunidades aledañas a los salares, las primeras en verse afectadas por las operaciones mineras en los salares del país en un contexto de profunda vulnerabilidad al cambio climático. También hemos visto que esta exclusión contrasta con las más de 100 reuniones de lobby que tuvo el Gobierno con representantes de empresas interesadas en la expansión de la minería del litio y del mercado de la electromovilidad, y cuyas ideas pueden verse reflejadas en la propuesta presentada al país.  Esta lógica de participación, en la que los pueblos y las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en condiciones de desigualdad con respecto al lobby corporativo, se repitió durante la implementación de la Estrategia, con procesos de participación tardíos y consultas indígenas no vinculantes que desconocen el derecho a decir no a la minería del litio y se orientaron en gran parte a la entrega de beneficios de una minería que, a juicio de los defensores indígenas, parece «inevitable». 

Respuestas desde el Norte Global al problema de la insustentabilidad del litio 

Las normativas europeas sobre Debida Diligencia y Cadenas de Valor, así como el Acta de Materias Primas Críticas, reconocen la importancia de incorporar más medidas de consulta a las comunidades indígenas que habitan estos territorios; sin embargo, no cuentan con mecanismos para exigir esto a las empresas que operan en Chile. En países como Alemania, los fabricantes de automóviles se han sumado a la adhesión masiva de empresas a estándares internacionales y certificadoras privadas, donde llama la atención la relevancia que ha adoptado la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA). Empresas como SQM y Albemarle buscan presentar esta adhesión como prueba de buen comportamiento socioambiental a pesar de que sus procesos expansivos no han sido consultados y ambas empresas se han visto envueltas en litigios y demandas por parte tanto de comunidades indígenas como del Estado de Chile por vulneración del derecho a consulta y por daños ambientales en el Salar de Atacama.

Nuevas amenazas mineras sobre los salares andinos

Un ejemplo de los nuevos conflictos mineros en los salares de Chile ha sido la lucha que ha mostrado la comunidad lickanantay de Toconao en defensa del Salar de Tara, ubicado a unos 150 km al este de la localidad, donde se buscaba emplazar ocho plataformas de perforación en las cercanías del Salar de Tara, que además está protegido por la Convención de Ramsar. Esto generó una amplia oposición debido a su posible impacto sobre el agua, la biodiversidad y las prácticas culturales ancestrales como el pastoreo de llamas. Para Rudecindo Espíndola, integrante de la comunidad de Toconao y miembro de la OPSAL, «el rechazo a la exploración del proyecto Aida en el Tata Poquis (montaña sagrada) es justicia para nuestro pueblo Lickanantay de Toconao y nuestros ancestros, como hijos de esta tierra defenderemos y protegeremos nuestros territorios y nuestras aguas ante el invasor capitalista y extractivista».  

La comunidad de Toconao y el pueblo Lickanantay realizaron acciones de protesta y presentaron observaciones en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Antofagasta junto al equipo técnico de la Alianza Humedales Andinos, red conformada en Chile por Fundación Tantí, ONG Defensa Ambiental y ONG FIMA.  En una decisión histórica y como resultado de estas acciones, la autoridad ambiental resolvió rechazar el proyecto, dando una señal de que con organización y cooperación, es posible defender la vida humana y más que humana de los salares de Chile. 

Imagen: Comunidad de Toconao se manifiesta frente al SEIA de Antofagasta. Archivo OPSAL

3. Defensa del río Los Patos en Catamarca, Argentina

El río Los Patos, en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina), está en peligro de secarse debido a la instalación de la minería del litio. La vega del Río Trapiche, ubicado en el mismo Salar del Hombre Muerto (Argentina), está prácticamente seca, como consecuencia de la extracción de litio que la empresa minera Livent (actualmente Río Tinto) ha llevado a cabo durante más de 30 años. Pero secar un río no ha sido motivo para que las mineras detengan la extracción. Muy por el contrario, la empresa con su proyecto «Fénix» está triplicando el volumen, mientras que se quieren instalar otros diez proyectos en el salar, con el aval del Gobierno de Catamarca.

Esto es lo que pudo constatar Verónica Gostissa, integrante de Pucara (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), y co-coordinadora de OPSAL en Argentina, luego de las múltiples reuniones y actividades con comunidades de Antofagasta de la Sierra. 

«Las comunidades indígenas del lugar están cuidando el agua y el territorio del avance del extractivismo. Una de las consecuencias de la minería del litio es el desecamiento de la vega, los ríos y todo el salar. Como esta fuente de agua está agotada y se están instalando más de diez proyectos, ahora quieren sacar agua del río Los Patos, que es el río más caudaloso de todo el salar. Todo eso sin ningún tipo de evaluación integral que pueda comprender cuál va a ser el daño de la totalidad de los diez proyectos funcionando a la vez», explica la abogada.

El impacto en las comunidades, el peligro para sus animales y los cambios en la economía local son algunos de los efectos que los habitantes de Antofagasta de la Sierra han venido observando en sus territorios desde 1997, con la instalación de las mineras de litio. Esto se debe a que el desecamiento de los ríos por las faenas mineras hace imposible que las comunidades continúen con sus actividades económicas, que son principalmente la ganadería, la agricultura y el turismo. Para Elizabeth Mamani, miembro de la Comunidad Atacameña del Altiplano del Salar del Hombre Muerto e integrante de OPSAL, la extracción de litio en el salar significa destrucción. «Hay un desastre ambiental que el Estado no reconoce e incentiva que vengan empresas extranjeras a extraer el litio a cambio de unos cuantos puestos de trabajo, con un progreso mínimo para las comunidades y con una gran afectación. El pueblo donde vivo en Antofagasta de la Sierra pasó de ser un pueblo muy tranquilo a uno con mucho movimiento», explica.

Argentina actualmente se posiciona como el cuarto país del mundo con mayor extracción de carbonato de litio: en 2023 tuvo una producción de 51 101 toneladas del mal llamado «oro blanco», con un crecimiento del 45,67 % en su producción de litio durante ese año, de acuerdo con lo lo informado por el Ministerio de Economía. «Nos hablan de minería «verde o limpia», pero ¿a costa de qué? De muchas comunidades, a costa del ambiente sano que teníamos, a cambio de zonas sacrificadas, pueblos desaparecidos y personas enfermas que terminan muriendo pobres», agrega Elizabeth.

A pesar del fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que exige la realización de un estudio integral y acumulativo del impacto de la minería de litio en el salar, los ecosistemas siguen corriendo peligro por los proyectos aún vigentes que explotan esos territorios, ignorando las reclamaciones históricas de las comunidades. Desde las comunidades, ya sabemos lo que sucede cuando la avaricia de las multinacionales no tiene límites: ríos secos, ecosistemas destruidos y comunidades abandonadas. 

Las protestas por la defensa de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc en Argentina 

En 2010, simultáneamente a las Salinas de Olaroz-Cauchari, que se convirtió en la instalación de Sales de Jujuy, se iniciaron tareas de cateo en Salinas Grandes. Las 33 comunidades indígenas, con una tradición de colaboración económica y social, iniciaron acciones que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que si bien fueron fallidas, los proyectos mineros cesaron.

Desde entonces, diferentes mineras litíferas, con el apoyo incondicional del estado jujeño, sostienen con las Comunidades episodios de conflicto como la movilización y cortes de rutas en 2019.Para legitimar legalmente la entrega de territorios indígenas a las mineras de litio y metales pesados, el gobierno provincial de Jujuy modificó la Constitución Provincial en 2023, lo que provocó movilizaciones urbanas y represión, así como un corte de ruta en Purmamarca con una salvaje represión que dejó numerosos heridos y detenidos, pero se mantuvo durante un tiempo, con el protagonismo de los pueblos indígenas y el apoyo social de la asamblea ambiental de Jujuy, Juntos Podemos en un ambiente sano y otros actores.

En 2024, el gobierno nacional aprobó el RIGI, un régimen de facilidades para inversiones de más de 200 millones de dólares estadounidenses que también beneficia a empresas mineras, como la multinacional Río Tinto en una mina de litio en Salta.

También se adecuó la reglamentación represiva, tanto a nivel provincial como nacional, con el propósito de dejar en estado de indefensión frente a la intromisión de las fuerzas de seguridad en territorio indígena e incluso vulnera la libertad de expresión. Sin embargo, la resistencia pacífica, expresada en asambleas, marchas de cientos de kilómetros, participación política indígena, como la reciente elección de Erika Cañari como Vocal de Moreno.

Imagen: Comunidades indígenas de Jujuy protestan en la capital provincial. Archivo OPSAL.

4. Bolivia: Incumplimiento de la protección constitucional de los derechos de la madre tierra y los derechos humanos de las comunidades indígenas de la Nación Lipez

En Bolivia, las transnacionales, entran con la diplomacia económica internacional y el impulso del Gobierno, lo mismo que en Chile y en Argentina, a pesar de que existe un marco normativo mucho más proteccionista de los derechos de los pueblos indígenas, de la Madre Tierra y del Agua.

Aunque se reconocen los derechos de los pueblos indígenas y se ha constitucionalizado la protección de la madre tierra, los ecosistemas donde viven los pueblos originarios sufren los impactos socioambientales del extractivismo minero. Una cruel ironía en un país con población indígena mayoritaria. Esta incongruencia se da porque el Estado ha priorizado la explotación de los recursos naturales, entre estos, minerales metálicos y no metálicos, como el oro, el cobre y el litio. 

Zonas de explotación del litio

Los Ministerios de Minería y de Hidrocarburos de Bolivia impulsan la minería a nombre del Estado, lo que implica la protección de la inversión extranjera directa (IED), de modo que se se sobrepone a todo ese marco legal. De hecho, omite el control y monitoreo de actividades mineras grandes y pequeñas (cooperativas mineras y transnacionales). Existen megaproyectos mineros que explotan complejos de minerales, plata, oro y, recientemente, para la explotación del litio. 

Precisamente, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio de 2014 se declararon áreas de Reserva Fiscal a todos los Salares y Lagunas Saladas del País. La explotación del litio se prevé en 3 territorios que abarcan dos departamentos. En el departamento de Potosí se contemplan dos grandes áreas: 1) en el sector sur del Salar de Uyuni (Lliphi) y 2) dentro del Sitio Ramsar López, que comprende los salares Chiguana, Pastos Grandes y Empexa e incluye 14 lagunas: Pasto Grande, Hedionda Sur, Hedionda Norte, Kollpa Laguna, Laguna Verde, Luriqui Mayu, Coranto, Cañapa, Laguna Colorada, Laguna Blanca o Polques, Mamakhumu, etc. También en el Departamento de Oruro en la Laguna Sabaya y Salar de Coipasa.

Avasallamiento de los territorios indígenas

Los Ayllus de Sud Lípez son 26 comunidades y están ubicados en la frontera Bolivia – Chile, Bolivia – Argentina. Dos de las comunidades (Quetena Grande y Quetena Chico) tienen rasgos culturales parecidos con el Pueblo Indígena Lickanantay (Chile) tales como idioma Kunza y algunos usos y costumbres. En esta y otras comunidades la identidad étnica está arraigada desde antes de la Colonia como la Nación Llipi (La Gran Tierra de los Lipez). Los pueblos de la Nación Lípez advierten que el Gobierno pretende una explotación irracional del litio y que los contratos con el Consorcio Chino CBC y la Empresa Uranium One (Rosatom) provocarán la desaparición de los acuíferos en una zona altamente frágil.

La incursión de las empresas no respeta la libre determinación de los pueblos, no se respeta su sistema de autoridades originarias (autogobierno), ni sus normas y procedimientos ni su cultura. En 2023, el Consejo del Gobierno Originario de la Nación Lípez realizó un pronunciamiento en la Comunidad de Río Seco contra esta posición de los presidentes de YLB y en dos comunidades en otros Cabildos, Villa Mar y otras seis comunidades se manifestaron contra la explotación dentro del sitio RAMSAR Lípez. Se notificó al presidente a través de una carta y nunca hubo respuesta. 

Las organizaciones no gubernamentales de Bolivia, como Empodérate, promueven el acceso a la información y participan en los cabildos indígenas a petición de las comunidades, explicando el alcance de la protección de las leyes tanto de los derechos humanos como de los humedales. En ese orden, al ver que los líderes políticos se apropian en sus discursos de las demandas de justicia ambiental, que tanto las comunidades como las ONG han sostenido, se denunció públicamente y se emitió un pronunciamiento denunciando que las empresas y el Gobierno pretenden explotar el litio en territorios que son frágiles, considerados área protegida por la biodiversidad que albergan estos ecosistemas. Los sistemas de vida de las comunidades indígenas aledañas están en riesgo ya que no han considerado que, por la alta demanda hídrica de la minería del litio, se exponen todas las fuentes de agua dulce porque las fuentes están interconectadas. Tampoco que es un área en la que las comunidades viven principalmente del turismo, la ganadería y de la agricultura. 

Imagen: mapa donde se ven en amarillo las «áreas reservadas para el Estado» que se superponen a los Territorios Titulados como Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) y que abarcan los bofedales de agua dulce, dentro y fuera del Sitio Ramsar Los Lípez.

Imagen: En la foto se describe el Ecosistema de Pastos Grandes, el Salar, los bofedales y laguna, en rojo el perímetro que se sobrepone a sus fuentes de agua: YLB realiza exploración y la URANIUM ONE armo ya su campamento.

Salar de Uyuni, la minería amenaza el patrimonio natural y el turismo

El majestuoso Salar de Uyuni tiene una parte turística (Colchani, Incahuasi y otros sectores aledaños) ampliamente visitada todo el año; de hecho, es uno de los destinos turísticos más conocidos del mundo. A pesar de ello, se ha determinado su explotación, sin considerar que es «un solo ecosistema» que puede verse afectado negativamente, ya que hasta la fecha no se han realizado estudios hidrogeológicos para saber cómo funciona el agua subterránea y si es posible la extracción de litio. Esto debería ser una prioridad, especialmente después de ver el nivel de degradación del salar de Atacama tras décadas de explotación y varios proyectos en el mismo territorio.

En el siguiente mapa se puede ver el territorio en el que se está concentrando la explotación minera. Gran Salar de Thunupa, más conocido como Salta de Uyuni, donde hay 17 comunidades que se alimentan del Río Grande, afectadas por la excavación de pozos para la extracción de litio. Por el contrario, YLB afirma que solo 5 estarían dentro del área de influencia de los proyectos de litio (en el año 2021, Empoderate y CEDIB realizaron una investigación que determinó que el área era mayor, que aparentemente había contaminación por plomo debido al mal estado de las tuberías de los proyectos de agua potable, y que ya se notaba el desequilibrio en el ecosistema). 

El Salar de Uyuni (es parte del territorio de las Markas (equivalente a los Ayllus que agrupan varias comunidades) Llica y Tahua, además del Ayllu Colcha; los tres pueblos indígenas suman más de 50 comunidades, de las cuales cerca de 20 se encuentran dentro del área de influencia del proyecto del litio), lo cual es inmenso. Los proyectos del litio se emplazaron en el Sector Sur del Salar de Uyuni denominado Liphi por el nombre del Cerro Liphi allí se pueden ver dos cosas adicionales, el perímetro está cercado y por épocas fue resguardado por el ejército cuando se movilizó la comunidad de Rio Grande (2015).

El pronunciamiento de la sociedad civil contra los contratos de litio, pero también contra los políticos

En marzo de 2025, las comunidades se declararon en estado de emergencia ante la intención de aprobar el proyecto de ley que busca favorecer el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni entre Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC, y en demanda de la anulación del convenio con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para la instalación de tres plantas industriales de producción de carbonato de litio grado batería. Por otro lado, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez en mayo de este año, se movilizó, buscando, sin éxito, suspender los contratos de litio. Debido a que los riesgos de la explotación son altos en ecosistemas tan frágiles, en marzo de 2025.  El Colectivo de DDHH Empoderate, la Red de Protección ambiental de Potosí y cerca de 74 colectivos y defensores/as ambientales, emitieron un pronunciamiento, exigiendo la aplicación del principio de precaución para que no se explote dentro del sitio Ramsar Lípez. Alertando a la población que en aplicación de los principios pro natura se prevean la realización de estudios hidrogeológicos y la protección prioritaria de los sistemas de vida de las comunidades. La ciudadanía en general cuestionó la suscripción de los contratos con empresas transnacionales para la extracción del litio. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el deber de aprobar o rechazar contratos de interés nacional y de fiscalizar la administración de los recursos naturales en beneficio del pueblo. Asimismo, la constitución boliviana establece que la conservación de las aguas fósiles, los bofedales y las aguas subterráneas son deber del Estado y de toda la sociedad, incluyendo a los legisladores. 

Afectaciones de los sistemas de vida

Los bofedales, las lagunas y los salares son parte de la identidad étnica de las comunidades, como los ecosistemas donde habitan los integrantes de Mallku Villa Mar, que se compone de 170 familias. Las comunidades viven esencialmente del turismo, miles de turistas visitan estos territorios por su belleza y la biodiversidad que albergan la Laguna Vinto, Laguna Yapi, Laguna Negra con su bofedal de casi 11 hectáreas el Catal, Laguna Capina, Laguna y el Salar de Pastos Grandes, los bofedales que rodean esta laguna, Kara Laguna y Kachi Laguna y la Laguna Ramaditas. En cada uno de estos espacios hay especies que cuida la comunidad, sobre todo las wallatas, los patos silvestres, las truchas y los flamencos blancos, que sabemos que están en peligro de extinción. Esta biodiversidad forma parte de cuatro rutas turísticas que Chile ha contemplado como Lagunas de Colores.

Imágenes: Laguna Verde (Sud Lípez) y Laguna de Pasto Grande (Nor Lípez), ambas rodeadas de Bofedales de Aguadulce. Al fondo se ven algunas aves (flamencos y patos), parte de la biodiversidad existente que depende de estos ecosistemas. Archivo del Colectivo Empodérate.

Las comunidades también tienen pinturas rupestres, chullpares y cuevas subterráneas donde se pueden apreciar estalactitas y hay dos ciudades de piedra. Las formaciones rocosas son abundantes y tienen formas caprichosas, como barcos, animales, la copa del mundo y otras. Este sector se llama valle de las rocas y Roma. Son básicamente formaciones rocosas de volcanes explotadas más por agencias chilenas que bolivianas. El único parque explotado pero en el territorio de otro municipio (Quetena) es el denominado Parque Eduardo Avaroa, recibe 1000 personas por semana. 

Del mismo modo, algunas de las comunidades Nor Lípez, como Mallku Villa Mar, han habilitado sus casas como hoteles dentro del turismo comunitario, pero la expansión de las mineras de litio no solo amenaza sus ecosistemas, sino también sus economías y la disponibilidad de agua. Estas actividades son complementarias con la cría de ganado camélido y dependen de los bofedales que están expuestos a la inminente explotación del litio.  «Antes de entregar contratos se debe analizar la factibilidad técnica de la instalación de mineras, considerando las necesidades de las comunidades que habitan esos territorios. Lo más preocupante de esto, es que al extraerse agua de los salares es que estos se secan y, lo que no se quiere entender es que los salares están interconectados, poniendo en riesgo cuencas completas», explica Vivian Lagrava, coordinadora de OPSAL en Bolivia y directora del Colectivo de DD.HH. Empodérate, quien finaliza diciendo que hoy la minería de litio es, por sobre todo, minería de agua. 

5. Comentarios finales

Los proyectos de minería de litio en Chile se inician en la dictadura y, décadas más tarde, en el contexto de la llamada transición energética, se han expandido gracias al apoyo del Estado de Chile y a una ingeniería social para la validación social a escala local e internacional. La expansión de SQM y Albemarle han sido la muestra de ello. A través de una Estrategia Nacional del Litio, la minería de litio busca extenderse en el Salar de Atacama y en nuevos salares como Maricunga, Coipasa, Ascotán, Ollagüe y Laguna Verde, entre otros. Este proceso no ha respetado la libre determinación de los pueblos y más bien busca reproducir un modelo político, social y cultural extractivista altamente institucionalizado.

Bajo una lógica similar, el Estado argentino también ha permitido la expansión de proyectos mineros en Salar del Hombre Muerto con consecuencias directas en los ecosistemas, secando ríos y obligando movilizaciones forzosas de pastores y miembros de comunidades. Esta situación se ha acentuado con la llegada de Javier Millei a la presidencia del país y su implementación del RIGI, política pública a través de la cual se potencia la inversión mientras se criminaliza la protesta social.

Mientras tanto, en Bolivia, a pesar de tener un modelo constitucional distinto que reconoce la autonomía y libre determinación de los pueblos y naciones que lo componen, como la Nación Lípez, los proyectos mineros privados avanzan en alianza con el Estado. En este país, la extracción de litio aún no alcanza una escala industrial, lo que provoca tensiones entre distintos sectores sociales. El desafío para las organizaciones ambientalistas y las comunidades es el acceso a la información sobre los posibles impactos en los territorios indígenas y los ecosistemas. 

Aunque los tres países tienen diferencias políticas en cuanto al enfoque institucional de la extracción de litio, ya sea a través de una estrategia nacional como en Chile, la implementación del RIGI en Argentina o la promesa de implementar la tecnología de extracción directa de litio como en Bolivia, lo cierto es que los tres países incentivan la presencia de capitales extranjeros y transnacionales, independientemente del lado en el que se encuentre la alianza que desean potenciar.

Las comunidades locales, las organizaciones medioambientales y los científicos siguen denunciando los impactos de los proyectos de extracción de litio y las contradicciones de un sistema político, económico y social que sigue concibiendo la naturaleza como una mercancía, separada de lo social. El avance de la explotación evaporítica del litio afecta la disponibilidad superficial y acuíferos de agua dulce en un ambiente árido, amenazando modos de vida y ecosistemas como los humedales andinos, reguladores naturales del clima y hotspots de biodiversidad. 

Resulta contradictorio que se sacrifiquen territorios y ecosistemas valiosos para combatir la crisis climática. A todas luces lo que vemos es una continuidad extractivista con ganancias para unos pocos. ¿A quién beneficia realmente la minería del litio? ¿Qué transiciones y adaptaciones son posibles en un contexto de crisis climática y extractivismo verde? Ciertamente, no podemos responder estas preguntas sin la participación de los pueblos y la protección de las formas de vida que habitan la Puna de Atacama.