ALERTA URGENTE: Detengamos el acoso y la intimidación policial en Kasibu, Nueva Vizcaya
«Sí a la vida, no a la minería» exige la retirada inmediata de todo el personal policial de Kasibu
«Sí a la Vida, No a la Minería» (YLNM), en solidaridad con las comunidades de Kasibu (Nueva Vizcaya) que han levantado barricadas, condena enérgicamente la presencia continuada de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) en la barricada popular contra la minería situada en el barangay de Paquet y exige la retirada inmediata de todo el personal policial de la zona. Asimismo, instamos a la comunidad internacional a que se haga eco de estas reivindicaciones mediante sus propias declaraciones de solidaridad y potenciando las declaraciones de los más afectados.
El Centro para las Cuestiones Medioambientales de Filipinas describe la situación en su comunicado:
Alrededor de las 11:00 de la mañana del 5 de agosto de 2026, más de 30 vehículos de la PNP llegaron a las barricadas comunitarias de Kasibu bajo el mando del general de brigada de policía Mariano C. Rodríguez, director regional de la Oficina Regional de Policía n.º 2, y del coronel de policía Paul T. Bometivo, director provincial de la Oficina Provincial de Policía de Nueva Vizcaya. Según la organización local Alyansa ng Novo Vizcayano para sa Kalikasan (ANVIK), los agentes de policía exigieron la retirada de las barricadas, alegando que se habían construido en una vía municipal. Los residentes sostuvieron que las barricadas se encuentran en terrenos de propiedad privada y con título de propiedad. A pesar de ello, la PNP dejó a siete agentes armados en la barricada de Paquet, mientras que otras unidades policiales continuaron patrullando otros barangays dentro de la zona de exploración de 4 456 hectáreas de la North Luzon Mineral Resources Corporation (NLMRC).
¡YLNM defiende el derecho de la población de Kasibu y de todas las comunidades a decir «no» a la explotación minera en sus tierras y territorios!
«Sí a la vida, no a la minería» reafirma el derecho de la población de Kasibu y de todas las comunidades a decir «no» a la extracción en sus tierras y territorios. Los proyectos extractivos no pueden llevarse a cabo sin consentimiento, y consideramos que esto es representativo de un patrón más amplio de desarrollo extractivo impuesto mediante la intervención militarizada contra la resistencia pacífica.
Los defensores del medio ambiente actúan asumiendo un gran riesgo para sí mismos y deben ser protegidos contra la criminalización. Estos defensores levantaron barricadas en el contexto de un sistema judicial que no ha protegido el medio ambiente ni ha escuchado a la población de Kasibu y, en general, de Nueva Vizcaya. Este acoso policial no es un incidente aislado. Forma parte de un patrón de intimidación que nosotros, como miembros de la comunidad internacional, denunciamos. Apoyamos el derecho de los pueblos indígenas locales y las comunidades agrícolas a decidir qué ocurre con sus tierras, especialmente cuando la minería interfiere con los usos locales del suelo y sus perspectivas de sustento.
No se trata de un incidente aislado, sino de parte de un patrón más amplio de acoso
Resulta especialmente preocupante saber que se han presentado de nuevo demandas SLAPPcontra el líder de la comunidad , Lei Jin Dugay, y contra los abogados Edgardo Balgos y Fidel Santos por su labor de defensa. Se trata de intentos evidentes de intimidar a quienes cuestionan las actividades de la NLMRC.
Nos hacemos eco de los llamamientos de la CEC y instamos a la PNP a que retire de inmediato a todo el personal policial de la comunidad, ponga fin a todos los actos de acoso e intimidación y respete los derechos de los pueblos indígenas y de los residentes de Kasibu. Asimismo, instamos a otros organismos gubernamentales a que atiendan las demandas que desde hace tiempo plantean las comunidades afectadas, suspendiendo las actividades de exploración de la NLMRC y revisando la validez de su permiso de exploración.
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