Desmantelan una barricada contra la minería en Palawan, pero la resistencia de los pueblos indígenas no se callará
Palawan —considerada desde hace tiempo como la última frontera ecológica de Filipinas— es ahora el epicentro de una tendencia preocupante: las incursiones mineras avanzan con total impunidad y los derechos de los pueblos indígenas son pisoteados precisamente por las instituciones encargadas de protegerlos.
El 26 de marzo, en Sitio Linao, barangay Ipilan, Brooke’s Point, las comunidades de Palawan observaron consternadas cómo dos retroexcavadoras pertenecientes a Calmia Nickel Inc. (CNI) cruzaban la frontera invisible que había protegido su dominio ancestral de las tierras altas durante generaciones. Por primera vez, la maquinaria pesada penetró en un paisaje donde aún prospera la autosuficiencia: bosques ricos en fauna silvestre, campos de arroz de montaña y de yuca, y docenas de manantiales de agua dulce que sustentan a comunidades enteras.
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Qué puedes hacer: para apoyar esta lucha, firma y envía esta carta por correo electrónico al Excmo. Sr. Cesareo Benedito Jr., alcalde de Brooke’s Point, incluyendo también en copia (Cc.) a las demás direcciones de correo electrónico.
Según el líder tribal Panglima Celso Paida,
«La empresa entró en nuestro territorio ancestral sin consultarnos en absoluto. No nos quedó más remedio que actuar de inmediato y levantar una barricada comunitaria para impedir nuevas intrusiones. A pesar de ello, están nivelando una zona en la que, supuestamente, tienen previsto construir su edificio».
Durante casi tres meses, los residentes indígenas vigilaron la barricada día y noche. Se convirtió en un símbolo vivo de resistencia: una reivindicación colectiva de los derechos ancestrales y una defensa por parte de la sociedad civil de las cuencas hidrográficas de Brooke’s Point, que sustentan a las comunidades de las tierras altas, a los agricultores y a los pescadores de las zonas situadas río abajo.
Un desmantelamiento brutal — con el respaldo de organismos estatales
El 29 de junio se desmanteló este asentamiento de autodeterminación indígena. La operación se llevó a cabo con la coordinación y el apoyo de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP), la Policía Nacional de Palawan (PNP), el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR), la Oficina de Minería y Geociencias (MGB) y otros organismos.
La orden de desmantelar la barricada se ejecutó en virtud de la Orden Memorándum n.º 1562026 de la NCIP, basada en una resolución emitida por el IPDOBICAMM, una organización cuya legitimidad es ampliamente cuestionada por los auténticos líderes pala’wan. En una llamativa muestra de parcialidad, el director provincial de la NCIP, el abogado Jansen Jontilla, entregó personalmente la orden de desmantelamiento mientras llevaba puesto un casco de minero —una confirmación visual de a quién debe lealtad la NCIP y una traición a las mismas comunidades que la agencia tiene el mandato legal de proteger—.
Se eleva a líderes ilegítimos y se ignora a los verdaderos guardianes
El presidente de IPDOBICAMM, Julhadi Titte, una figura clave en el desmantelamiento, afirmó que la barricada infringía acuerdos previos y vulneraba los derechos de los pueblos indígenas recogidos en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA). Sin embargo, los líderes pala’wan rechazan de plano esta versión de los hechos. Uno de ellos argumenta: «Titte no es un líder indígena legítimo, no pertenece a las tribus pala’wan y el IPDOBICAMM no representa a los verdaderos custodios del dominio ancestral en los seis “barangays” (unidades administrativas)». Sin embargo, la NCIP sigue dando protagonismo a este tipo de figuras, una pauta que coincide convenientemente con los intereses mineros.
«El IPDOBICAMM se creó gracias a la connivencia entre las empresas mineras y el NCIP. Nuestros líderes legítimos se están reorganizando a través del PEKP (líderes tradicionales), con el apoyo del MKE (grupos de mujeres) y del SAMAKA (jóvenes que se oponen a la minería)».
Un proceso de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) defectuoso: manipulado para favorecer la minería
Los acuerdos citados por IPDOBICAMM son muy cuestionables. Según los líderes legítimos de los pala’wan, el proceso de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) fue manipulado por funcionarios de la NCIP. Uno de los líderes explica: «La NCIP validó la autorización minera mediante votos de “mayoría” dudosos, en lugar de un consenso genuino, tal y como exige la IPRA».
Una defensora indígena lo confirma:
«Varias de las personas consultadas no son realmente indígenas. Colaboran con las empresas mineras para obtener beneficios personales. Hablan en nuestro nombre sin nuestro consentimiento, y la NCIP les da legitimidad a ellas en lugar de a nosotros».
Acuerdos mineros basados en el fraude y las infracciones
El Acuerdo de Participación en la Producción Minera (MPSA) de MacroAsia Mining Corp., ejecutado por Calmia Nickel Inc., habría recibido el apoyo de la comunidad, lo que llevó a la NCIP a emitir una «condición previa de certificación» (CP). Sin embargo, en las consultas participaron líderes ilegítimos, y no los verdaderos custodios reconocidos por las comunidades locales.
Los líderes indígenas exigen ahora que se investigue cómo se logró el Memorándum de Acuerdo (MOA) y cómo se aprobaron los proyectos mineros a pesar de la oposición generalizada.
Infracciones legales, promesas incumplidas y una amenaza para un paisaje de la UNESCO
MacroAsia/Calmia prometió nueve programas para los pueblos indígenas en el Ministerio de Agricultura (MOA), pero ninguno se ha cumplido. Su concesión minera se solapa con el Paisaje Protegido del Monte Mantalingahan (MMPL), un punto clave de biodiversidad reconocido por la UNESCO que alimenta 33 ríos y proporciona servicios ecosistémicos valorados en 5.5 mil millones de dólares estadounidenses, y que sustenta a 200.000 personas.
El proyecto tampoco cuenta con la licencia comercial del alcalde de Brooke’s Point y no debería permitirse su ejecución, dada la Ordenanza Provincial n.º 3646, que impone una moratoria minera de 50 años. Sin embargo, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley siguen haciendo caso omiso de estas infracciones. Esto refleja un patrón habitual en la gestión de los recursos naturales en Filipinas: corrupción, clientelismo e impunidad, lo que socava la condición de Palawan como Reserva de la Biosfera de la UNESCO y amenaza uno de los últimos bosques intactos del país.
La IPRA bajo ataque: un peligroso giro legislativo
Filipinas cuenta con algunas de las leyes sobre derechos indígenas más sólidas de Asia. Sin embargo, la corrupción las está vaciando de contenido. Incluso la histórica Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA) se encuentra ahora amenazada. Proyectos de ley como el 9608 y el 621 de la Cámara de Diputados pretenden transferir las funciones de la IPRA de la NCIP al DENR —el mismo organismo cuya Oficina de Minas y Geociencias concede los permisos de explotación minera—. Si se aprueban, los derechos de los pueblos indígenas quedarían bajo la autoridad de quienes se benefician de su erosión. Esto supondría el fin de la IPRA.
«La destrucción de la barricada no nos detendrá. Solo nos hará estar aún más decididos a defender nuestro bosque y el futuro de las próximas generaciones».
La resistencia indígena continúa
A pesar del desmantelamiento, la determinación de los pueblos indígenas sigue intacta.
La lucha de los pala’wan y de la sociedad civil por proteger el entorno virgen de Brooke’s Point continuará, hasta que las operaciones mineras se retiren y se respeten los territorios ancestrales.
Qué puedes hacer: Para apoyar esta lucha, firma y envía esta carta por correo electrónico al Excmo. Sr. Cesareo Benedito Jr., alcalde de Brooke’s Point, incluyendo también en copia (Cc.) a las demás direcciones electrónicas.
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