El 4 de febrero se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron
trabajar en un Plan de acción conjunto sobre minerales «críticos». A través de este
instrumento, el Gobierno mexicano se compromete a llevar a cabo acciones para «desarrollar un
nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por
precios mínimos y otras medidas».

Desde la REMA consideramos que este Plan refuerza la subordinación de México a la e
a política geoestratégica de Estados Unidos. Este acuerdo se inscribe en una relación
asimétrica de larga data entre ambos países y, como han señalado distintos analistas, es
un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que Estados Unidos impone a
México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder. El propio documento
oficial explica que el acuerdo responde a la preocupación del Gobierno estadounidense
por mantener su hegemonía global frente a la competencia con China, asegurando el
acceso y control de recursos estratégicos como minerales, gas y petróleo.

Este Plan es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone
Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder,
como Australia o Canadá. Estos acuerdos se producen en un contexto de amenaza explícita
de intervencionismo bélico, que ya se ha llevado a cabo recientemente en Irán,
Venezuela y Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos como Groenlandia,
además de en medio de los esfuerzos activos de Estados Unidos por asfixiar a los
pueblos de Cuba y Gaza.

Uno de los ejes centrales de nuestro análisis en este plan es la crítica al concepto de «
» «minerales críticos». Sostenemos que se trata de una construcción política y discursiva
que legitima una supuesta urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. La
definición de estos minerales responde a criterios políticos y no técnicos: en Estados
Unidos, la lista más reciente abarca 60 minerales, mientras que en México ni siquiera
existe una lista definida. Esta ambigüedad permite construir un escenario de excepción
que justifica la agilización de trámites, la flexibilización normativa y la priorización de
proyectos considerados estratégicos.

El Plan establece que ambos gobiernos identificarán proyectos específicos en los sectores de la minería y la
industria manufacturera «de interés mutuo» para dar prioridad a su financiación y al apoyo mediante políticas
públicas. Consideramos que este punto es especialmente preocupante, ya que puede
implicar el despliegue del aparato económico y político para imponer proyectos prioritarios
por encima de los pueblos afectados. Esto, sin lugar a dudas, se traduce en una
profundización del despojo, el desplazamiento forzado y la militarización, formalizando
la injerencia estadounidense (disfrazada de cooperación binacional) y aumentando así
como la criminalización y la violencia en los territorios en disputa.

Otro aspecto relevante es la denominada «transparencia geológica», que contempla el intercambio
de información técnica entre el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio
Geológico Mexicano. Esto supondría mayores capacidades financieras y técnicas para la

la prospección y la exploración minera en México, lo que permite la expansión del modelo
extractivo hacia nuevos territorios y fomenta los procesos especulativos asociados a
estas actividades. Además, la mención de una «acumulación coordinada de reservas» anuncia el
avance de los trabajos de exploración a lo largo del territorio nacional.

El Plan también menciona la «cooperación regulatoria», lo que implica una mayor
homogeneización del marco normativo entre México y Estados Unidos para facilitar el
comercio. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor
colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio, una
demanda que, desde hace muchos años, han impulsado las empresas transnacionales con
cadenas de suministro ubicadas en dos o más países, tal y como destaca el investigador
Stuart Trew, del Centro Canadiense para Políticas Alternativas. El concepto de «cooperación regulatoria»
ya existe en el capítulo 28 del T-MEC, pero ahora, al aplicar este
concepto específicamente a los «minerales críticos», este plan pone en riesgo la aplicación
del principio de precaución para proteger las cuencas hidrográficas, los bosques, la salud y la
propiedad social ante esta embestida extractivista.

En el marco del anuncio del Plan de Acción, resulta indispensable cuestionar las de
s declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la rueda de prensa matutina
el 9 de febrero, en la que señaló: «no hay nada firmado» y que «no se abrirán nuevas min
», los datos muestran otra realidad: en 2025 se aprobaron 16 Manifestaciones de
Impacto Ambiental para trabajos de exploración minera y solo se denegaron tres.
Paralelamente, el informe anual de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) recoge
expansiones y nuevos proyectos de oro, plata y cobre, mientras siguen vigentes más de
22 mil concesiones mineras. Estos datos ponen de manifiesto que el marco extractivo sigue
funcionando con un amplio respaldo institucional.

Reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos en sí mismos. Son
insumos para sostener un modelo energético e industrial profundamente desigual, que
reproduce estructuras coloniales y de acumulación de capital. Lo verdaderamente crítico
es la situación hídrica del país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a redes de
macrocriminalidad y el fortalecimiento de políticas contrarias a los derechos.

Por todo ello, afirmamos que este Plan agrava la dependencia y la expansión del
extractivismo en México, con consecuencias directas para los territorios, los bienes
comunes y los pueblos que los habitan. Ante este panorama, reafirmamos nuestra
defensa de los cerros, los subsuelos, los ríos y los territorios como parte integral de la vida y del
ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.