El 4 de febrero se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron
trabajar en un Plan de acción conjunta sobre minerales “críticos”. A través de este
instrumento, el gobierno mexicano se compromete a realizar acciones para “desarrollar un
nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por
precios mínimos y otras medidas”.

Desde la REMA consideramos que este Plan profundiza la subordinación de México a la
política geoestratégica de Estados Unidos. Este acuerdo se inserta en una relación
asimétrica de larga data entre ambos países y, como han señalado distintos analistas, es
un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone Estados Unidos a
México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder. El propio documento
oficial explica que el acuerdo responde a la preocupación del gobierno estadounidense
por mantener su hegemonía global frente a la competencia con China, asegurando el
acceso y control de recursos estratégicos como minerales, gas y petróleo.

Este Plan es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone
Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder,
como Australia o Canadá. Estos acuerdos ocurren en un contexto de amenaza explícita
de intervencionismo bélico, que ya ha sido llevado adelante recientemente en Irán,
Venezuela y Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos como Groenlandia,
además de en medio de los esfuerzos activos de Estados Unidos para ahogar a los
pueblos de Cuba y Gaza.

Uno de los ejes centrales de nuestro análisis en este plan es la crítica al concepto de
“minerales críticos”. Sostenemos que se trata de una construcción política y discursiva
que legitima una supuesta urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. La
definición de estos minerales responde a criterios políticos y no técnicos: en Estados
Unidos la lista más reciente abarca 60 minerales, mientras que en México ni siquiera
existe una lista definida. Esta ambigüedad permite construir un escenario de excepción
que justifica la agilización de trámites, la flexibilización normativa y la priorización de
proyectos considerados estratégicos.

El Plan establece que ambos gobiernos identificarán proyectos específicos de minería y
manufactura “de interés mutuo” para priorizar su financiamiento y apoyo de política
pública. Consideramos que este punto es particularmente preocupante, ya que puede
implicar el despliegue del aparato económico y político para imponer proyectos prioritarios
por encima de los pueblos afectados. Esto, con toda seguridad, se traduce en una
profundización del despojo, el desplazamiento forzado y de la militarización, formalizando
la injerencia estadounidense (disfrazada de cooperación binacional) y aumentando así
como la criminalización y la violencia en territorios en disputa.

Otro eje relevante es la llamada “transparencia geológica”, que contempla la compartición
de información técnica entre el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio
Geológico Mexicano. Esto significaría mayores capacidades financieras y técnicas para la

prospección y exploración minera en México, permitiendo la expansión del modelo
extractivo hacia nuevos territorios y fomentando procesos especulativos asociados a
estas actividades. Además, la mención de un “acopio coordinado de reservas” anuncia el
avance de trabajos de exploración a lo largo del territorio nacional.

El Plan también menciona la “cooperación regulatoria”, lo que implica una mayor
homogeneización del marco normativo entre México y Estados Unidos para facilitar el
comercio. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor
colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio una
demanda que, desde hace muchos años, han impulsado empresas transnacionales con
cadenas de suministro emplazadas en dos o más países, tal como destaca el investigador
Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas. El concepto de
“cooperación regulatoria” ya existe en el Capítulo 28 del T-MEC pero ahora, al aplicar este
concepto específicamente a los “minerales críticos”, este plan pone en riesgo la aplicación
del principio precautorio para proteger cuencas hidrográficas, bosques, la salud, y la
propiedad social ante esta embestida extractivista.

En el marco del anuncio del Plan de Acción resulta indispensable cuestionar las
declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la conferencia matutina
el 9 de febrero, en donde señaló: “no hay nada firmado” y que “no se abrirán nuevas
minas”, los datos muestran otra realidad: en 2025 se aprobaron 16 Manifestaciones de
Impacto Ambiental para trabajos de exploración minera y sólo se negaron tres.
Paralelamente, el informe anual de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) reporta
expansiones y nuevos proyectos en oro, plata y cobre, mientras siguen vigentes más de
22 mil concesiones mineras. Estos elementos evidencian que el marco extractivo continúa
operando con amplio respaldo institucional.

Reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos en sí mismos. Son
insumos para sostener un modelo energético e industrial profundamente desigual, que
reproduce estructuras coloniales y de acumulación de capital. Lo verdaderamente crítico
es la situación hídrica del país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a redes de
macrocriminalidad y el fortalecimiento de políticas anti derechos.

Por todo ello afirmamos que este Plan profundiza la dependencia y la expansión del
extractivismo en México, con consecuencias directas para los territorios, los bienes
comunes y los pueblos que los habitan. Frente a este escenario, reafirmamos nuestra
defensa de los cerros, subsuelos, ríos y territorios como parte integral de la vida y del
ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.