INTRODUCCIÓN

PREÁMBULO

PROBLEMA

PRINCIPIOS Y REIVINDICACIONES

PRINCIPIOS PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA

CASOS PRÁCTICOS

*Descarga el comunicado para consultar todas las referencias.

ESPAÑOL

Sí a la vida, no a la minería: el litio es un grupo internacional formado por personas de todo el mundo que se enfrentan directamente a los daños causados por la extracción de litio o que forman parte de organizaciones que trabajan junto a estas comunidades afectadas en primera línea. 

Constituimos una red voluntaria para compartir experiencias, perspectivas, conocimientos, recursos, acciones y solidaridad. Procedentes de diferentes entornos y etnias, nos comprometemos a trabajar de forma inclusiva y a respetar los derechos de todas las personas, independientemente de su sexo, género, raza, etnia, clase social o religión. Compartimos el compromiso de defender el respeto y el bienestar de todas las comunidades y ecosistemas, los pueblos y otros seres naturales (seres no humanos) que se ven afectados por las minas de litio.  Aspiramos a una transformación hacia un futuro guiado por la priorización de los derechos de las comunidades y de la Naturaleza. 

Nuestros testimonios provienen de la primera línea: espacios naturales y culturales vivos de la Tierra expuestos a la explotación minera y/o la exploración de litio en curso. Este es nuestro primer comunicado y esperamos que, al conocer nuestras luchas y nuestro compromiso con un futuro más justo y sostenible, nuestras voces lleguen a los responsables de la toma de decisiones, a los responsables políticos, a los gobiernos, a la industria y a todos aquellos que se preocupan por el planeta y por toda la vida que alberga.

Los seres humanos siempre han tenido necesidades materiales. 

Necesitamos un enfoque verdaderamente transformador para satisfacer estas necesidades sin destruir las fuentes de vida que nos sustentan —el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad— ni socavar nuestra capacidad social para construir un mundo justo y compasivo.

Los seres humanos siempre han interactuado con su entorno natural. La forma en que se desarrollan estas interacciones puede variar considerablemente, desde procesos lentos y poco intrusivos hasta una extracción rápida y a gran escala. La minería moderna suele ser muy destructiva y no tiene en cuenta la necesidad de equilibrio, reciprocidad y respeto en la forma en que los seres humanos extraemos los recursos naturales del medio ambiente. 

«El extractivismo es un modelo económico y de desarrollo que se nutre de la explotación insostenible de la naturaleza —desde metales, minerales y combustibles fósiles hasta la tierra, el agua y los seres humanos—. Este modelo se sustenta en la suposición ideológica de que la Tierra, las personas menos poderosas y la vida no humana son recursos que deben explotarse en beneficio de los seres humanos más poderosos, sin límites ni consecuencias». 

Se trata de un modelo basado en la falta de consentimiento, que se sustenta en una división desigual del trabajo y en los privilegios entre el centro y la periferia, entre las regiones desarrolladas y las subdesarrolladas del mundo, en particular entre el Norte y el Sur globales, así como dentro de estas mismas zonas geográficas. Las relaciones de mutualidad y reciprocidad son fundamentales para la salud de la Tierra y de sus comunidades. 

En el intento por frenar el cambio climático, todos los pueblos tendrán que asumir una carga, pero las dificultades deben repartirse de forma equitativa. Creemos que es injusto que un grupo de personas que no está dispuesto a cambiar su estilo de vida imponga a otro las dificultades derivadas de una explotación agresiva de los recursos, con el fin de poder mantener su modo de vida, que consume grandes cantidades de recursos.  

En todo el mundo se han elaborado propuestas para cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de CO₂ y mitigar el cambio climático, y algunas de estas políticas y estrategias se han puesto en marcha en plazos extremadamente cortos y con procesos de consulta o debate con la ciudadanía muy limitados. Ninguna de ellas lo ha hecho en mayor medida que la «transición hacia la energía verde».

Promocionada como una panacea para la crisis climática y una solución para salir de la dependencia de los combustibles fósiles, esta denominada «transición verde» está destinada, de hecho, a aumentar la demanda de lo que se ha denominado metales y minerales «estratégicos» o «críticos», y dará lugar a un aumento de la actividad minera mundial a una escala sin precedentes. El sector minero ya representa aproximadamente el 26 % de las emisiones globales de carbono y entre el 2 % y el 11 % del consumo energético total mundial. (fuente) La generación de «energía verde» requiere una mayor infraestructura y, por lo tanto, necesitará aún más metales y minerales. Resulta, pues, difícil entender cómo el aumento de la actividad minera podría mitigar el cambio climático.

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad están interrelacionados, y es probable que el impacto previsto de la minería sobre la pérdida de biodiversidad —con el fin de satisfacer la demanda mundial de estos minerales y metales— supere los efectos evitados gracias a las medidas para combatir el cambio climático relacionadas con los combustibles fósiles. Además, los impactos espaciales de la actividad minera necesaria podrían tener consecuencias catastróficas para los acuíferos y las reservas de aguas subterráneas a nivel mundial y, por lo tanto, también para la seguridad hídrica y alimentaria, y provocar conflictos importantes.

Las nuevas tecnologías, como las baterías para alimentar los vehículos eléctricos, han previsto un aumento del uso de materiales extraídos de minas, como el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso, los elementos de tierras raras y el grafito, así como el hierro y el cobre, por ejemplo. Muchos de los metales y minerales asociados a los vehículos eléctricos y a la «energía verde» suelen proceder de una minería contaminante y tienen consecuencias sociales y medioambientales negativas. El «Transition Minerals Tracker» del Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos registró un total de 276 denuncias de violaciones de los derechos humanos a lo largo de diez años, entre 2010 y 2020, por parte de empresas dedicadas a la extracción de minerales de transición. Aunque casi la mitad de las empresas cuentan con una política de derechos humanos disponible públicamente, la mayoría tiene una denuncia de violación de los derechos humanos en su contra, lo que pone de relieve la grave discrepancia entre lo que las empresas dicen y lo que realmente hacen.

Es importante destacar que la apuesta por los denominados «minerales estratégicos» está fomentando el concepto y la práctica de las «zonas de sacrificio», en las que se considera que las comunidades y el medio ambiente son prescindibles en aras de un bien mayor.

Quién determina qué es ese «bien» y quién debe sacrificarse por él y, en particular, quién tiene voz y voto a la hora de definir su valor y su alcance, son preguntas que, en nuestra opinión, todo el mundo debería plantearse con urgencia.

Nuestras comunidades y nuestro entorno natural están expuestos o se ven amenazados por numerosos impactos sociales y medioambientales provocados por las operaciones de extracción de litio, desde la exploración y la explotación hasta el procesamiento.

Al igual que ocurre con la mayoría de las actividades de extracción modernas, observamos que la extracción y el procesamiento del litio causan daños permanentes e irreparables a los sistemas hídricos naturales. Los graves impactos medioambientales son especialmente evidentes en la extracción de salmuera y agua, como se puede observar en los salares y los humedales de los Altos Andes de Chile y Argentina, y pronto también en Bolivia. Muchos de los proyectos que afectan o amenazan a nuestras comunidades se desarrollan en las inmediaciones de importantes reservas naturales de agua y puntos clave de biodiversidad. 

El agua es esencial para toda forma de vida y constituye un derecho humano fundamental; sin embargo, el acceso al agua se ve amenazado por las políticas estatales neoliberales, la normativa, la corrupción, el calentamiento global y los cambios ecológicos. Para 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico; los niveles de las aguas subterráneas están descendiendo en todo el mundo, y se prevé que el agotamiento y la contaminación de las aguas subterráneas constituyan el mayor problema en materia de recursos hídricos de los próximos 30 años. 

La escasez de agua puede provocar conflictos y limitar la producción de alimentos, por lo que creemos que el agua es un recurso que hay que valorar y proteger a toda costa.

Al analizar las minas de litio existentes y su infraestructura, observamos que no solo afectan a los cursos de agua y a la calidad del agua, sino que también provocan la fragmentación del paisaje y repercuten directamente en las posibilidades de otros medios de vida y usos de la naturaleza más sostenibles y duraderos en sus alrededores, como la agricultura y el turismo, además de reducir dichas posibilidades. Rara vez se cuantifican los impactos espaciales de la minería más allá del propio yacimiento de extracción. Por ejemplo, las estructuras y relaciones comunitarias en los salares andinos son, en gran medida, las principales víctimas de la minería de litio, junto con una pérdida significativa de biodiversidad: aves, insectos, polinizadores y fauna microscópica únicos, que se encuentran en la base de la cadena trófica, se ven directamente amenazados, a menudo en zonas ecológicas ya de por sí muy sensibles.

La regeneración de los ecosistemas que dependen de otras especies para su salud y que proporcionan medios de subsistencia a las comunidades indígenas y rurales constituye una auténtica defensa viva contra el cambio climático. Paradójicamente, esta defensa viva se ve amenazada por la creciente explotación del litio y de metales como el cobre, el níquel, las tierras raras, el cobalto, la plata y el oro. 

A quienes formamos parte de comunidades que se oponen a la extracción de litio se nos acusa de impedir, de forma hipócrita, la lucha contra el cambio climático, cuando, de hecho, nuestras vidas y nuestra gestión del medio ambiente ya son testimonio de nuestro compromiso con un modo de vida más sostenible. Ofrecemos al mundo ejemplos y modelos viables y funcionales de prácticas sostenibles. En lugar de valorar nuestros entornos y nuestros estilos de vida sostenibles, se considera que nuestras comunidades y nuestro medio ambiente son sacrificables.

Los proyectos de litio se están impulsando a la fuerza y se nos están imponiendo a nosotros y a otras comunidades sin transparencia ni un proceso de toma de decisiones democrático. Esto suele provocar fragmentación social y conflictos dentro de las comunidades. A fecha de julio de 2021, se han establecido y/o se están desarrollando proyectos clave de litio en Chile, Argentina, Bolivia, España, Portugal, Nevada y Serbia se han puesto en marcha o se están desarrollando sin el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas ni una consulta democrática adecuada con las comunidades locales. En algunos casos, en lugar de respetar el Convenio 169 de la OIT, las empresas de litio han optado por utilizar el dinero para silenciar a los actores clave y a la oposición, perpetuando así la destrucción medioambiental y el apartheid climático. 

Las empresas mineras están ocupando de forma agresiva el espacio político, a menudo con la complicidad de los cargos electos, y cuentan con el apoyo de fondos internacionales de desarrollo para promover su denominada agenda de «minería verde». Lo hacen sin compartir información relevante, sin llevar a cabo consultas sólidas, y sus promesas han resultado o están resultando ser vacías.

Las pruebas de que la industria minera va en contra del interés público se han observado más recientemente durante la pandemia de la COVID-19, en la que los proyectos mineros han seguido avanzando a toda velocidad, lo que ha aumentado los riesgos para la salud de comunidades a menudo vulnerables, especialmente las indígenas. En muchos casos, podría decirse que la industria minera ha aprovechado las restricciones impuestas por el Gobierno a la organización social y a la circulación de personas para seguir desarrollando e incluso acelerar proyectos mineros sin el debido escrutinio público ni los procesos de participación adecuados. Esto ha sido posible porque la industria ha promovido y defendido la minería como un «servicio esencial», sin que haya habido ningún debate público ni discusión democrática sobre el tema. De hecho, muchas empresas mineras se han adentrado en los nuevos espacios creados por la pandemia para ofrecer ayudas localizadas, como el transporte a los centros de atención de la COVID-19, posicionándose así como «salvadoras» de las comunidades locales. Esto tiene como consecuencia que se reduzca aún más el espacio político necesario para cuestionar a las empresas mineras que violan los derechos humanos y incumplen la normativa. Además, erosiona aún más la gobernanza en torno a los sectores extractivos, a medida que estas empresas se acercan y ocupan áreas que son competencia de los proveedores de servicios del Estado y de las autoridades locales.

No consideramos que las empresas mineras sean salvadoras, motivadas por traernos salud o desarrollo sostenible. Por el contrario, vemos que, al ceder a la presión conjunta de las empresas y la política, nuestros propios gobiernos sacrifican a las personas y a la naturaleza en aras de la industria minera. Nos han abandonado a nuestra suerte para «negociar» planes de indemnización con empresas mineras sin escrúpulos, nos han obligado a perder nuestros medios de vida, nos han reubicado a la fuerza y/o nos han dejado expuestos a los efectos directos a largo plazo de las operaciones mineras y de procesamiento, como la contaminación del agua, la contaminación del suelo, el polvo en suspensión y el ruido.

A medida que las empresas mineras avanzan en sus planes y proyectos, se espera que aceptemos una vergonzosa falta de estudios científicos y técnicos independientes, que nos permitirían comprender, entre otras cosas, la hidrología de nuestras cuencas hidrográficas locales. Por lo tanto, carecemos de una evaluación adecuada de los impactos de la mina. Por ejemplo, sobre la extracción de agua y salmuera durante la explotación de litio propuesta y su posible efecto en nuestro acceso al agua, así como sobre la reinyección de aguas residuales contaminadas en los cursos de agua y acuíferos locales. Observamos que no se ha respetado el principio de precaución en ninguno de los proyectos de litio en curso, y que existe una falta total de rendición de cuentas por parte de las empresas que causan daños permanentes e irreparables en los ecosistemas. 

Al igual que ocurre con toda actividad minera, los proyectos de litio también afectan al patrimonio cultural y a los lugares sagrados, que son patrimonio de toda la humanidad, así como a la capacidad de acceder a ellos y disfrutarlos, tanto para nuestra generación como para las futuras. (Véanse, por ejemplo, los casos de Cáceres, Jadar y Thacker Pass).

Estos impactos destructivos de la minería, y los costes asociados a la destrucción social y medioambiental que esta provoca inevitablemente —costes que se nos repercuten directamente a nosotros y a otras comunidades a través de la pérdida de nuestras tierras, nuestra agua y nuestros medios de vida— no se revelan ni se tienen en cuenta en las relucientes narrativas «verdes» de la industria minera. Tampoco son visibles en el futuro de energía «limpia» que nos presentan los anuncios de coches eléctricos, supuestamente libres de emisiones, que ofrecen sin fisuras una experiencia urbana de alta tecnología propia de la era espacial.

El actual impulso para aumentar la extracción de litio se sustenta íntegramente en el discurso de la transición hacia la «energía verde», que la industria minera transnacional está elaborando y promocionando a escala mundial bajo la falsa ilusión de que el sector está preparado para llevar a cabo una «minería verde» responsable. En realidad, la industria no ha cambiado; sigue sin estar regulada y es responsable de violaciones de los derechos humanos y de la contaminación medioambiental en todo el mundo. No existe tal cosa como la «minería verde». Es un oxímoron. Al igual que la industria del petróleo y el gas, la extracción de metales y minerales avanza sin control y se rige por el principio económico del crecimiento y el beneficio infinitos. Es precisamente este mismo crecimiento ilimitado, este consumo sin fin y esta mentalidad extractiva impulsada por el beneficio lo que nos ha llevado, en primer lugar, a la crisis climática. Las soluciones que se generan y promueven desde esa misma mentalidad nos parecen soluciones falsas. Solo desplazan los impactos perjudiciales de un lugar a otro, en lugar de abordar el núcleo del problema: el consumo excesivo de ciertas clases y regiones a costa de otras. A esto lo contrarrestamos con la propuesta de una transformación justa (véase en «Reivindicaciones y principios»).

Observamos que la espectacular expansión del sector de las baterías de iones de litio se debe, en gran medida, a las necesidades de la industria del automóvil. La gran mayoría de los vehículos eléctricos fabricados y previstos son turismos, uno de los sectores que aceleró drásticamente la expansión de los combustibles fósiles en el siglo XX, con las infraestructuras asociadas (industria del hormigón, que depende en gran medida de los combustibles fósiles) y unos modos de vida y una planificación urbana insostenibles. Algunas de las principales empresas del sector han actuado en contra del interés público, la salud pública y el clima (un ejemplo reciente y dramático es el «Dieselgate», en el que se vieron implicados varios fabricantes de automóviles europeos). En la industria del automóvil, muchas empresas con un historial deficiente se proponen ahora conducirnos hacia un futuro sostenible.

Se prevé que una rápida expansión de los vehículos eléctricos privados dé lugar a una reducción más lenta de las emisiones de carbono que la que se lograría mediante una transición rápida alternativa hacia el transporte público y el transporte impulsado por la fuerza humana.  Para evitar la destrucción ecológica y los efectos negativos en las comunidades más expuestas, así como el aumento asociado de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la extracción y la producción de materias primas, es necesario un cambio enérgico hacia el uso del transporte público y el transporte impulsado por la fuerza humana.

Una justicia energética integral debe abordar este problema fundamental que supone intentar combatir la crisis climática sustituyendo tecnologías antiguas que perjudican al medio ambiente por otras nuevas que también dañan la naturaleza y perjudican a las comunidades y los ecosistemas. En este sentido, creemos que no se necesita una «transición», se llame como se llame, sino una verdadera transformación para el bienestar de la humanidad y la naturaleza.

Creemos que todas las fuentes de energía del futuro deben ser compatibles con el bienestar de la naturaleza y deben diseñarse con la participación y el asesoramiento de comunidades diversas. De lo contrario, no estarán concebidas para velar por nuestro bienestar, sino que se estructurarán exclusivamente en torno a los intereses de unos pocos, principalmente con el fin de obtener beneficios.

Basándonos en las experiencias y los testimonios directos de nuestras comunidades, así como en los impactos que observamos en nuestros entornos naturales —en el agua, la flora y la fauna—, creemos que la extracción de litio no es ni puede calificarse de «sostenible», ni puede promoverse ni aplicarse como estrategia principal para hacer frente a la crisis climática (véanse más adelante los principios que esbozamos para una transformación justa). 

El desarrollo sostenible no es «sostenible» si tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de los seres humanos y de la naturaleza no humana, tanto en la actualidad como para las generaciones venideras.

El litio y las tecnologías asociadas a él (por ejemplo, las baterías de iones de litio) no son ni 100 % «limpias» ni «ecológicas», por mucho que lo afirme la industria. Tampoco son «libres de emisiones» en un futuro previsible. No respaldamos ninguna iniciativa de «greenwashing» de la industria minera, y rechazamos la noción y la promoción de la minería «ecológica», «climáticamente inteligente» o las afirmaciones sin fundamento sobre una minería «responsable», que sirven principalmente para ocultar las realidades de la extracción y para impulsar y justificar las agendas consumistas en las zonas ricas del mundo. 

Por lo tanto, creemos que el litio no debería promocionarse indiscriminadamente como un mineral «ecológico» para la denominada «transición energética». Más bien al contrario: tal y como demostramos, los impactos de la extracción y el procesamiento del litio entran en conflicto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los principios fundamentales de la justicia climática, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Reconocemos que los ecosistemas únicos de los salares, así como sus habitantes animales y humanos, son los que más sufren las consecuencias de la extracción de litio en Chile, Argentina y, próximamente, Bolivia. Los costes medioambientales y sociales de la sobreexplotación del litio en los salares y los humedales altoandinos prolongan la huella histórica del extractivismo colonial en los territorios indígenas andinos. Mientras que la vida humana y no humana de los salares se ve expuesta tanto a los efectos del calentamiento global como al extractivismo, los usuarios finales privilegiados se encuentran en otros lugares: la UE importa actualmente el 78 % del litio procedente de Chile.

En lugar de apoyar activamente un aumento exponencial de la producción y el uso del litio, exigimos que nuestros gobiernos apliquen políticas que busquen fuentes de litio no mineras (como el reciclaje y la recuperación de materiales). Exigimos políticas y la aplicación de una economía circular en la que se pueda sustentar esta reducción de la minería. Como alternativa a someternos a la denominada «minería verde» de la industria para hacer frente a la crisis climática, debemos aspirar a desarrollar economías circulares que fomenten sociedades más inclusivas y equitativas, y que funcionen bajo una mentalidad totalmente diferente: limitar la necesidad de extracción.  

No nos impongáis «soluciones de desarrollo» por la fuerza. Dejadnos decidir libremente sobre nuestras vidas, y que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, sean libres de elegir cómo vivir sus vidas en paz. Quienes vivimos en las inmediaciones de los proyectos de litio tenemos los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, y nuestros medios de vida tienen el mismo valor y dignidad que cualquier otro.

En lugar de promover soluciones de mercado para una crisis civilizatoria, los países y las empresas responsables de la crisis deben reconocer de inmediato su deuda climática y compensar a los países y comunidades explotados y más vulnerables por los daños que han causado. 

En este planeta existe una enorme variedad de formas de vida, comunidades, ecosistemas y biodiversidad; una transformación auténtica y justa prestará especial atención y estará en perfecta sintonía con la amplia gama de valores y formas de vida únicas que estos encarnan. La transformación debe estar liderada por comunidades de diversa

• Reducir la demanda de materiales y energía. Debemos aplicar políticas y prácticas que reduzcan de forma drástica el consumo y el crecimiento económico sin límites y, en su lugar, promover y apoyar el transporte público, desarrollar y ofrecer otras alternativas al desplazamiento en vehículo particular, y prestar atención, ya desde la fase de diseño, a la reparación, la reutilización y el reciclaje de las baterías y otros productos.

   

• Fomentar una evaluación imparcial de las propuestas mineras para las comunidades más afectadas. Las comunidadesdeben poder comprender plenamente las consecuencias de un proyecto minero propuesto: deben poder evaluar qué modificaciones del proyecto podrían ser necesarias para satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad, si es que van a dar su consentimiento para su ejecución, o determinar si no existe ningún plan minero aceptable.

• Hay que reconocer que las comunidades tienen derecho a decir «no».Las comunidades más afectadas soportan las consecuencias de una mina en el futuro en beneficio de la comunidad mundial. Tras una evaluación independiente y con toda la información necesaria, se les debería seguir reconociendo el derecho legal a negarse a acoger una explotación minera propuesta.

• Abordar el cambio climático desde una perspectiva holística y de justicia medioambiental con vistas a una transformación justa. La minería es intrínsecamente destructiva, ya que, entre otras cosas, merma la capacidad de la naturaleza para moderar el clima, provoca la pérdida de una valiosa biodiversidad y afecta de manera desproporcionada a determinadas comunidades. Todos estos aspectos deben reconocerse y abordarse de manera significativa en las políticas y prácticas de lucha contra el cambio climático.

• Poner fin a la impunidad de las empresas. Promover tratados jurídicamente vinculantes sobre las empresas y los derechos humanos, garantizar obligaciones de consulta sólidas y mecanismos de cumplimiento que conlleven sanciones legales y penales en caso de incumplimiento total, y aplicar límites normativos significativos para la protección medioambiental y social con arreglo a los más altos estándares.

Extracción de enormes cantidades de agua dulce y salmuera (aproximadamente 180 millones de litros al día) cerca de humedales protegidos, así como de asentamientos humanos compuestos a partes iguales por la población indígena atacameña y comunidades no indígenas que dependen de la agricultura a pequeña escala y del turismo.

Nunca se ha llevado a cabo ni una evaluación ambiental adecuada ni una consulta a los pueblos indígenas y a la ciudadanía para la extracción de litio, y no se ha respetado el principio de precaución. También es importante señalar que el gigante del litio SQM ha estado vinculado a la dictadura de Pinochet desde su privatización y, en la etapa democrática, se ha visto implicado en casos de corrupción, fraude y financiación ilegal de varias campañas políticas, entre ellas las de la expresidenta Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera. Este último ha sido denunciado recientemente ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad cometidos durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019. En la actualidad, la misma empresa está llevando a cabo una campaña de «greenwashing» en la que participan la Iglesia católica local, fundaciones de reciente creación y un periódico local.

Basándose en ese plan ilegítimo, la empresa prosigue con la investigación y, junto con instituciones gubernamentales, reclasifica los terrenos agrícolas como terrenos urbanizables sin el consentimiento de los propietarios (que sufren perjuicios a causa de ello) y comienza a comprar propiedades situadas en la zona de la mina prevista, amenazando a los propietarios con que, si no acceden a vender sus propiedades, estas les serán finalmente expropiadas, a pesar de que nunca se ha declarado el interés público para este proyecto. 

Como podemos ver, no se han respetado los derechos humanos fundamentales a estar debidamente informados y a tomar decisiones sobre nuestro futuro. Las vidas de las personas, los derechos de la naturaleza y el patrimonio cultural han sido completamente ignorados y descuidados en aras del lucro.

La iniciativa local que se opone al proyecto exige la derogación del Plan de Ordenación del Territorio, que considera ilegítimo, y una moratoria permanente sobre las minas de litio. 

En estos momentos, tres empresas diferentes están llevando a cabo investigaciones sobre el litio en todo el país, en un momento en el que nos enfrentamos a un auge minero. 

No queremos que la naturaleza y el patrimonio cultural se vean perjudicados y destruidos por proyectos nocivos como el de Jadar. Conscientes de que la «minería verde» no existe y de que la demanda de litio no está en absoluto justificada en el contexto del cambio climático, estamos trabajando para detener este proyecto con la esperanza de que esto ayude a que todas las demás regiones de Serbia se salven de los efectos nocivos de un extractivismo innecesario. Sabiendo que el único cambio verdadero es el cambio sistemático que se basa en la educación, nuestra tarea no consiste solo en detener este proyecto concreto, sino también en defender los derechos de la naturaleza, el derecho a decir «no» e informar a las comunidades locales sobre lo que realmente es el extractivismo. 

En un siglo en el que el agua y los alimentos tienen un valor estratégico, decimos con firmeza «No a la mina, sí a la vida».

El proyecto «Mina do Barroso» se encuentra en el norte de Portugal, en la región de Barroso, que ha sido reconocida por la FAO como un Sitio del Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial. Se están planificando varias minas de litio a cielo abierto en una zona extensa, verde y rica en agua, lo que amenaza el modo de vida sostenible de las comunidades que llevan más de ocho siglos viviendo allí. Las licencias se concedieron y modificaron sin que se llevara a cabo una consulta pública efectiva, lo que dio lugar a una fase de prospección extensa y muy agresiva que no encontró oposición, alimentando la especulación y llevando a la pequeña empresa minera Savannah Resources —que cotiza en el AIM y es titular de la licencia— a hacer afirmaciones exageradas sobre el potencial de la mina. Conmocionada, indignada y preocupada por los planes y por la falta de supervisión y responsabilidad del Gobierno en materia de concesión de licencias y seguimiento, la comunidad está decidida a detener las minas a toda costa. Actualmente nos encontramos en medio de una consulta pública de 30 días sobre una evaluación de impacto ambiental de más de 6 000 páginas. Si se aprobara la EIA y los planes del Gobierno siguieran adelante, toda la región de Barroso, declarada GIAHS, estaría en peligro, al igual que otras seis zonas igualmente extensas y sensibles desde el punto de vista medioambiental situadas en el norte y el centro del país. 

• Proyecto de ampliación a Valdeflores – Fase: Se han aceptado los permisos de prospección. Se han presentado las solicitudes colectivas. Aún se están a la espera de respuestas. Empresa: la australiana Infinity Lithium Corporation, que posee una participación del 75 % en la empresa conjunta Tecnología Extremeña del Lito S.L. («TEL»). 

Hay muchas empresas interesadas en la zona de Valdeflores que están a la espera de que Infinity Lithium se retire:

• Proyecto Romolus – Fase: solicitud de permisos de exploración. Empresa: la alemana AMG Lithium GmbH.  
• Ampliación en Romolus – Fase: se han solicitado permisos de exploración. Empresa: la alemana AMG Lithium GmbH.  
• Proyecto de San José – Fase: solicitud de permisos de exploración. Empresa: la española Valoriza Minería S.L. (filial de la empresa española SACYR). 
• Proyecto Extremadura S. D. – Fase: solicitud de permisos de exploración. Empresa: Castilla Mining S. L. (España). 

Proyectos en otras zonas de nuestra montaña, La Sierra de la Mosca, a menos de 5 km de la ciudad de Cáceres, que cuentan con los minerales necesarios para obtener carbonato de litio:

• Proyecto Tranquilón – Fase: se han evaluado los permisos de exploración. Se han presentado las demandas colectivas. Aún se están esperando las respuestas. En espera. Empresa: la española Grabat Energy.

Desde 2017, cuando se inició el procedimiento administrativo para los proyectos «Valdeflores» y «Ampliación a Valdeflores», la empresa ha afirmado que esta zona cuenta con el mayor potencial de extracción de litio de Europa y el tercero del mundo, tal y como suelen decir de cada nuevo proyecto que quieren impulsar. En varias ocasiones han anunciado importantes inversiones e incluso la posible construcción de una planta de refinado de litio. 

El proyecto Valdeflores no llegó a la fase de extracción debido a cuatro años de oposición social, que se ha ejercido con la presión necesaria sobre los políticos y las instituciones, desde el ámbito local hasta el europeo, para que se opusieran al proyecto. El proyecto Valdeflores es inviable e ilegal debido a su proximidad a nuestra ciudad (a menos de 2 km), y la única opción para el gobierno regional ha sido revocar los permisos, lo que ha provocado la caída de la cotización de la empresa australiana Infinity Lithium Corporation en la ASX. 

Se sigue esperando que reparen los daños causados por sus trabajos de exploración ilegales, a pesar de que la sentencia judicial ya ha sido dictada en su contra. En respuesta a ello, la empresa va a presentar una reclamación ante el gobierno regional. 

En cuanto al proyecto «Ampliación de Valdeflores», obtuvieron los permisos de exploración, con numerosas restricciones, en noviembre de 2020. No parece que les resulte muy interesante desde el punto de vista de la extracción de litio, ya que la zona de explotación a cielo abierto se encuentra dentro del proyecto de Valdeflores, pero pueden buscar carbonatos y otros minerales. 

Para nosotros, nuestra tierra no estará a salvo hasta que se resuelvan todas las reivindicaciones y nuestra montaña cuente con una protección oficial que nos garantice que estará libre de amenazas mineras para las generaciones futuras.