Resumen: qué significa una transición justa para YLNM

Una transición justa no consiste en sustituir los combustibles fósiles por minerales para la transición. Se trata de transformar el sistema que ha hecho que la extracción parezca inevitable. 

Para Sí a la Vida No a la Minería, una transición verdaderamente justa debe ser popular e inclusiva. Debe basarse en el derecho a decir no y en el derecho a elegir otras formas de vida no extractivas. Para que la transición sea justa se debe centrar en la soberanía indígena, la autodeterminación comunitaria y los derechos de la naturaleza. Esto incluye la promoción de alternativas a la minería y al extractivismo, así como el impulso de nuevos paradigmas de justicia global que restablezcan el equilibrio entre los pueblos y la Tierra. Porque no podemos resolver la crisis climática  con más minería, pero sí podemos construir otros futuros post-extractivos que sustenten la vida con dignidad para todas las personas y los derechos inherentes de la Naturaleza a existir, prosperar y regenerarse en todas partes.

CONTENTS

1. Introducción

2. Los discursos sobre la transición verde: una falsa dicotomía

– La apropiación del mercado de la acción climática por parte de la industria minera
– Los «minerales de transición» no son lo mismo que los «minerales críticos»

3. Sí a la vida: Sí a las transformaciones basadas en la justicia y el cuidado

– ¿Qué entendemos por una verdadera transición justa?
– El derecho a decir que no

– Alternativas al crecimiento
– Derechos de la naturaleza
– Buen Vivir

4. Conclusión: Hacia transiciones justas para las personas y la naturaleza

1. Introducción

Treinta años después de la primera Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y treinta y tres desde la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la atmósfera siguen aumentando, y la sexta extinción masiva de especies continúa acelerando en un vertiginoso ritmo. Cada vez hay más indicios que confirman la posibilidad de superar el alarmante umbral de 1,5 °C de calentamiento global, y de que podríamos estar cerca, o incluso haber superado, puntos de inflexión planetarios que antes se consideraban remotos o lejanos.

En todo el mundo, en estos tiempos, los pueblos indígenas y las comunidades de base están liderando soluciones, campañas y movimientos alternativos para hacer frente a la crisis climática. 

En vez de ser reconocidas, las comunidades de base suelen ser blanco de ataques desproporcionados por parte de quienes se benefician a través del extractivismo y buscan mantener el ‘status quo’. Los movimientos sociales y socioambientales de base se han considerado durante mucho tiempo como una amenaza para las estructuras de poder capitalistas y colonialistas. Se utilizan herramientas neoliberales para justificar la opresión estatal en nombre de la protección de la inversión y el crecimiento económico. Tanto en el norte como en el sur global, los defensores indígenas y socioambientales son señalados y/o acusados como «terroristas» por los gobiernos estatales y las empresas, así como también son amenazados con acciones legales por oponerse a los proyectos extractivos.

Las organizaciones multilaterales mundiales y los marcos internacionales de mitigación del cambio climático no abordan las violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la transición hacia las energías «verdes» debido a una dinámica de poder arraigada y globalizada que favorece al norte global industrializado y a sus intereses económicos. La creación de «zonas de sacrificio» se considera un efecto secundario aceptable del modelo empresarial a gran escala de mitigación del cambio climático, donde las personas que defienden sus tierras son vistas como obstáculos para los Estados y las empresas que desean beneficiarse del vasto sistema lucrativo que es el mercado de las energías  «verdes».

Esta profunda desigualdad de poder es evidente en las diversas cumbres anuales de la COP. En la reciente COP30 celebrada en Belém, Brasil, a los pueblos indígenas solo se les concedió una presencia simbólica en el interior, mientras que el escenario estaba dominado por los defensores del mercado verde y los grupos de presión de los combustibles fósiles. En el exterior, los defensores de la tierra que protestaban en busca de una verdadera justicia climática fueron repelidos por la policía militar. Mientras tanto, a los poderosos bancos y corporaciones transnacionales no solo se les concedió un lugar central para difundir su «greenwashing», sino que financiaron en gran medida el evento. Vale recordar que la tercera empresa minera más grande del mundo fue uno de los principales patrocinadores de la COP30, mientras que los organizadores del evento guardaron un silencio inquietante sobre el catastrófico historial de la empresa en materia de medio ambiente y derechos humanos, que incluye la muerte de 270 personas en el colapso de la presa de Brumadinho en Brasil en 2019 y de 19 personas en Mariana en 2015.

La COP30 celebrada en Belém en 2025 contó además con la mayor participación hasta la fecha de grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, así como con una presencia desmesurada de empresas cómplices de la destrucción de la Amazonía o que la están destruyendo activamente. Es evidente que esto no representa el tipo de acción en favor de la justicia climática que el mundo necesita para hacer frente al calentamiento global descontrolado. 

En ese sentido, los movimientos de base y los defensores de la tierra tienen mucho trabajo por delante, ya que deben librar no solo luchas localizadas contra la minería y el extractivismo, sino también contra sus gobiernos (desde el nivel local hasta el nacional), los sistemas jurídicos, las empresas transnacionales, los acuerdos comerciales multilaterales y todo el sistema global del capitalismo neoliberal. Las comunidades más afectadas por la expansión minera en busca de «minerales de transición» son, en su mayoría, aquellas que ya llevan mucho tiempo marginadas por el capitalismo y el colonialismo: las comunidades indígenas y las del Sur Global.

Debemos cuestionar esta narrativa dominante que presenta como inevitable la expansión de las actividades extractivas y el crecimiento económico en nombre del «desarrollo y el progreso». Una forma clave de lograrlo es garantizar que las comunidades del Sur Global y los pueblos indígenas sean los líderes de la acción climática y los que definan el discurso de la transición ecológica. Esto implica dar mayor visibilidad a las alternativas a la minería y al extractivismo, y potenciar los paradigmas pos-extractivos de justicia global.

2. Los discursos sobre la transición verde: una falsa dicotomía

Las pruebas son claras. Los fundamentos científicos que relacionan la emisión de dióxido de carbono con el calentamiento del planeta ya se establecieron en el siglo XIX. Éstos datos  están disponibles desde la década de los sesenta, y el consenso científico público sobre el calentamiento global se alcanzó hacia 1980. Ya en la década del cincuenta, algunas empresas eran muy conscientes de los posibles efectos de los combustibles fósiles en particular, a lo que respondieron con décadas de encubrimiento, negación y retrasos, que continúan hasta el día de hoy. Las grandes empresas y las entidades estatales no solo se han opuesto activamente y han bloqueado las medidas necesarias, sino que han aprovechado este tiempo para expandir sin descanso la extracción y llevar a la Tierra al borde del abismo. Mientras tanto, somos testigos de una sucesión cada vez mayor de «fenómenos meteorológicos extremos» —de hecho, fenómenos meteorológicos amplificados por el cambio climático— que atestiguan que ya nos encontramos en una crisis climática.

Conceptos y definiciones sobre el cambio climático

Es importante distinguir conceptualmente entre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y emisiones de carbono  (CO₂). Las primeras se refieren al total de emisiones antropogénicas de gases a la atmósfera que contribuyen al calentamiento global (IPCC 2021). Actualmente, el 76 % de las emisiones globales de GEI son de dióxido de carbono. El gas de efecto invernadero con la segunda mayor concentración en la atmósfera es el metano, con un 19 % (C2ES). La producción de metano está relacionada con la ganadería, la producción de combustibles fósiles y los residuos, mientras que el CO₂ se libera al quemar combustibles fósiles y mediante el uso extractivo de los bosques y el suelo.

Las emisiones de CO₂ están relacionadas con la mayoría de los sectores más importantes de la sociedad moderna, entre los que se incluyen la producción de energía, el transporte, las tecnologías de la información y la defensa. Los sucesivos informes del IPCC han dejado claro que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son el principal factor del calentamiento global y, por lo tanto, la mayor parte de los esfuerzos en materia de política climática se centran en reducir estas emisiones con el fin de mantener el calentamiento global por debajo del objetivo de 1,5 °C establecido en 2015 durante el Acuerdo de París.

Tanto históricamente como en la actualidad, la distribución desigual de las emisiones de carbono entre los países es abrumadora, y la brecha es aún mayor si se tiene en cuenta el nivel de ingresos. En 2023, China, Estados Unidos y la India representaron conjuntamente el 42,6 % de las emisiones mundiales. Los patrones de las emisiones acumuladas de carbono a lo largo de la historia coinciden en gran medida con las potencias coloniales e imperialistas, y solo la rápida expansión de China en el siglo XXI se ha acercado a las de Estados Unidos y los países de la UE. Aún más dramática es la distribución desigual de las emisiones por consumo en función de los ingresos, donde se estima que las emisiones de carbono del 1 % más rico equivalen a más del doble que las de la mitad más pobre de la humanidad. Los multimillonarios más ricos del mundo pueden emitir más carbono en 90 minutos que una persona media en toda su vida. Muchos de estos ultrarricos están presionando activamente o vendiendo sus propias «soluciones climáticas», mientras siguen emitiendo personalmente cantidades exorbitantes de carbono. La influencia indebida que muchas de estas personas ejercen sobre los gobiernos está quedando al descubierto.

En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo en el que se establece que los Estados no sólo están obligados a proteger el planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también pueden ser considerados legalmente responsables si no lo hacen, lo que incluye denuncias por pérdidas y daños, así como indemnizaciones. 

Si bien es objetivamente cierto que necesitamos descarbonizar nuestra economía, hacerlo con el fin de defender y mantener el status quo de un reducido y privilegiado grupo, en lugar de hacerlo como un imperativo moral para cumplir los objetivos del Acuerdo de París es muy problemático. Nos encontramos ante una situación en la que el objetivo central de la descarbonización no es salvar el planeta para las generaciones futuras. El objetivo de las actuales estrategias hegemónicas de «transición» para alcanzar el cero neto es, ante todo, mantener el crecimiento económico y las condiciones para que prosperen las grandes empresas.

La mayoría de las negociaciones en las recientes cumbres de la COP y la financiación asociada se centran en soluciones tecnológicas y en el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono, es decir, en la mitigación del cambio climático dentro del modelo de «seguir como hasta ahora». Esta es la vía preferida y más financiada por los Estados, los bancos y las empresas, y se considera la forma de acción climática de mayor prioridad. Por el contrario, se destina relativamente poca financiación internacional a la adaptación (medidas para gestionar el riesgo y facilitar el ajuste a los impactos climáticos actuales y futuros, como los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la inseguridad alimentaria). Tanto es así que, ¡El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la adaptación recibe entre 10 y 20 veces menos financiación de la necesaria! Aunque cuenta con el respaldo financiero, la vía de mitigación que se baraja no cuestiona el sistema económico y, de hecho, no hace más que reforzarlo al mercantilizar la acción climática.

Las narrativas dominantes sobre la acción climática se basan, por tanto, en la suposición de que el crecimiento económico y la expansión material son los principales objetivos sociales y de desarrollo. Estas suposiciones se fundamentan en modelos de escasez de recursos, es decir, los recursos que antes pertenecían a toda la población ahora deben ser acaparados y controlados por un sistema jerárquico en cuya cúspide se encuentran los más poderosos. Las narrativas de la llamada «transición verde» fueron creadas por instituciones con sede en el Norte Global para orientar el acaparamiento de los recursos globales finitos con el fin de mantener el crecimiento económico y los estilos de vida de los más ricos del mundo.

Esto, a su vez, ha dado lugar a la narrativa dominante actual de que necesitamos extraer grandes cantidades de los denominados «minerales críticos», como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras, para impulsar la transición hacia las cero emisiones netas de carbono. Esto ha desencadenado una fiebre extractiva en el sector minero por poner en marcha y ampliar proyectos.

Nos están haciendo creer que nos enfrentamos a una disyuntiva clara: combustibles fósiles o «minerales críticos». Más concretamente, resolver la crisis climática implica sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, y para ello necesitamos extraer cada vez más minerales y «eliminar gradualmente» los combustibles fósiles. En pocas palabras: para salvar el planeta, ya devastado por siglos de explotación, tenemos que sacrificar más comunidades y más naturaleza.

Actualmente nos encontramos en un máximo histórico de consumo de combustibles fósiles (1). Mientras tanto, y al amparo de esta falsa narrativa sobre la acción climática, la extracción de metales y minerales también ha ido aumentando continuamente, incluso a un ritmo más rápido que el de los combustibles fósiles. Las empresas dedicadas a la extracción y el procesamiento de combustibles fósiles y minerales siguen obteniendo enormes beneficios a pesar de la crisis climática y, de hecho, gracias a ella (2). Por lo tanto, podemos ver que la extracción de minerales para la «transición hacia la energía verde» no está sustituyendo a los combustibles fósiles; de hecho, es un complemento: combustibles fósiles más energía renovable.

Esto se puede observar al examinar la lista de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (3). A pesar de que el mayor porcentaje de las emisiones de carbono excedentes corresponde a los grandes productores de petróleo y gas, muchos de los puestos, entre los 100 principales emisores acumulados, los ocupan empresas consideradas de extracción de metales y minerales debido a su explotación del carbón (por ejemplo, Anglo American, Rio Tinto, Vale, Glencore). Mientras tanto, la mayoría de estas empresas siguen operando a pleno rendimiento y se proclaman «esenciales» para la transición. 

Aún más llamativo es que las cadenas de suministro de las grandes empresas metalúrgicas y mineras también son la causa de importantes emisiones debido a materiales cuya extracción y procesamiento consumen mucha energía, como el hierro, el cobre, el litio, el aluminio/bauxita, etc. Y estos análisis no tienen en cuenta la plétora de otros impactos ambientales y comunitarios asociados a la minería. Las grandes empresas mineras han sido y siguen siendo «líderes» en el colapso climático, en contraposición a la acción climática, que es lo que sus campañas de relaciones públicas quieren hacernos creer.

La apropiación del mercado de la acción climática por parte de la industria minera

La idea de que la minería es esencial para la acción climática es una mentira difundida sobre todo por las empresas y el sector que las respalda. La expansión de la minería en nombre de la «transición ecológica» no está motivada, en realidad, por el altruismo ni por una preocupación genuina por las personas y el medio ambiente, sino por factores de mercado, concretamente el aumento del valor de los minerales clave y la competencia geopolítica por el control de las cadenas de suministro. 

La mayoría de los metales clave necesarios para la electrificación de la producción energética (por ejemplo, el litio, el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras —los llamados «metales de batería» para vehículos eléctricos)— han experimentado rápidas subidas en el precio de sus acciones en los últimos años. La minería de la «transición verde» es lucrativa, y esto ha alimentado tácticas generalizadas de «greenwashing» en la industria. A medida que las empresas buscan cadenas de suministro e inversores en las industrias de energía verde, sus sitios web se llenan de declaraciones grandilocuentes que promueven su compromiso con el abastecimiento de minerales para soluciones de energía verde. Las empresas transnacionales de seguros como BlackRock buscan ahora activamente inversiones en cadenas de suministro de energía verde, mientras que grandes empresas mineras como Rio Tinto y BHP se han reinventado a sí mismas como productores clave de minerales de «transición» de alto valor, como el litio y el cobre.

Las campañas de relaciones públicas de las empresas mineras suelen centrarse en los criterios «medioambientales, sociales y de gobernanza» (ESG) que, lejos de orientar la conducta de las empresas sobre el terreno, tienden a servir como herramientas de «greenwashing» para atraer a los inversores y favorecer agendas políticas. Si bien existen algunos esfuerzos simbólicos por parte de la industria para supervisar los impactos ambientales y sociales en las cadenas de suministro de minerales, estos han dado lugar a iniciativas como los sistemas de «estándares de certificación» que, lejos de aumentar la diligencia debida, pueden justificar aún más el lavado verde de las empresas al tiempo que ocultan sus actividades injustas y destructivas a la vista del público. Además, las políticas gubernamentales que se pusieron en marcha para acompañar la transición energética se están debilitando y revirtiendo, en consonancia con las tendencias de reducción de las competencias estatales (4).

Los «minerales de transición» no son lo mismo que los «minerales críticos»

El término «minerales críticos» se confunde a menudo con «minerales de transición», y ambos se utilizan indistintamente en los medios de comunicación. Sin embargo, existe una diferencia: «Minerales de transición» se refiere específicamente a los minerales utilizados en tecnologías renovables, incluidos los vehículos eléctricos. Por su parte, «minerales críticos» es un término más amplio que hace referencia a los minerales a los que los gobiernos o las instituciones multilaterales dan prioridad debido a su uso en tecnologías y en otros sectores que tienen una importancia económica clave en un lugar determinado, en un momento determinado.

Solo una cantidad limitada de «minerales críticos» se destina a las denominadas tecnologías bajas en carbono. Más de la mitad de los minerales considerados críticos en el Reino Unido «no desempeñan un papel importante» en la transición energética, mientras que uno de cada cinco «no desempeña ningún papel» ni siquiera en el escenario de cero emisiones netas de la AIE; de hecho, no se necesita ninguna actividad minera adicional para mantener el calentamiento del planeta por debajo de 1,5 °C.

Las estrategias y políticas gubernamentales sobre «minerales críticos» están dando cada vez más prioridad a los minerales destinados a la defensa y la seguridad nacional —en otras palabras, a la guerra— frente a las medidas climáticas reales. El litio, el cobalto, el níquel y los metales de tierras raras se utilizan en la fabricación de armas, incluidos misiles, submarinos y aviones de combate. Esto supone no solo devastación y muerte para las poblaciones afectadas por guerras y genocidios, sino también enormes beneficios para la industria armamentística mundial. En 2023, la industria armamentística obtuvo 632 000 millones de dólares estadounidenses de ganancia, sin contar el beneficio económico que obtuvo con el genocidio en Gaza, los conflictos en Ucrania, Yemen, Sudán, la República Democrática del Congo y otros lugares, así como el aumento impulsado por Trump para que los países de la OTAN puedan elevar su porcentaje de gasto del PIB en «defensa y seguridad» al 5 %.

Para más información, consulte el documento de posición de YLNM sobre la minería y la militarización.

En resumen, la minería no es una medida contra el cambio climático, la extracción de minerales no sustituye a los combustibles fósiles y los minerales extraídos no se destinan, en su mayoría, a tecnologías de energía renovable, sino a armas de guerra y otras iniciativas lucrativas del sistema capitalista. El resultado de esta dinámica es el desempoderamiento, e incluso el silenciamiento, de las voces de las comunidades que dicen «No» a los proyectos mineros debido a los impactos y riesgos que las actividades extractivas tienen sobre sus tierras, el agua, la salud y los medios de vida.

3. Sí a la vida: Sí a las transformaciones basadas en la justicia y el cuidado

¿Qué entendemos por una verdadera transición justa?

Las Naciones Unidas definen la transición justa como un marco «para garantizar que nadie se quede atrás en el cambio hacia una economía baja en carbono» (UNEPFI), centrándose principalmente en la protección de los trabajadores y las comunidades afectadas por la transición que supone el abandono de los combustibles fósiles. Si bien este enfoque reconoce la necesidad de la protección social y la creación de empleo, pasa por alto una verdad fundamental: la crisis a la que nos enfrentamos no es simplemente una crisis energética, sino de extracción y explotación. Una transición justa no puede limitarse a sustituir un conjunto de industrias extractivas por otro —por ejemplo, cambiar los coches de combustibles fósiles por motores eléctricos—. La definición anterior de «transición justa» acaba, de hecho, perpetuando la lógica colonial del extractivismo verde, justificando la apropiación de tierras indígenas, el desplazamiento de comunidades, el envenenamiento del agua y la erosión de la biodiversidad en nombre del progreso económico.

Transiciones justas

Recordamos que el concepto de «transición justa» surgió del movimiento sindical en la década del ochenta, con el objetivo de proteger el bienestar y la salud a largo plazo de los trabajadores y sus comunidades. Desde entonces, y mucho antes de su incorporación a las políticas climáticas y gubernamentales, ha sido objeto de debate, revisión y ampliación continua por parte de diversos movimientos sociales. Al margen de la reunión de la COP30 celebrada en Belém do Pará en noviembre de 2025, varias reuniones dieron forma a sus propios llamamientos globales sobre cómo debería ser una transición justa.

La Cumbrea de los Pueblos (Cúpula dos Povos) reunió a cientos de movimientos locales, nacionales e internacionales, pueblos indígenas y campesinos, y activistas socioambientales, que se unieron en una declaración a favor de una «transición energética justa, popular e inclusiva, con soberanía, protección y reparación para los territorios». Una campaña iniciada y liderada por las organizaciones y pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y de otros países de la cuenca así como de todo el mundo reclamó una «transición justa y soberana que anteponga la vida al lucro». La Vía Campesina, en su Manifiesto para la COP30, situó la agroecología campesina y la soberanía alimentaria en el centro de la transición justa, afirmando que los países del Sur Global tienen derecho a una transición en sus propios términos.  En la reunión del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractiva (TSF) celebrada en Belém –en la que YLNM participó como aliada y miembro– se lanzó un llamamiento para rechazar las falsas soluciones «verdes» y construir juntos una profunda transformación socioecológica y sistémica que supere el extractivismo en todas sus formas.

«Sí a la vida, no a la minería» se hace eco y se suma a estos llamamientos en favor de una transición que debe ser popular, inclusiva y verdaderamente justa. Esto significa una transición configurada por los pueblos y las comunidades, y no impuesta a estos. Debe centrarse en el derecho a decir «no» a los proyectos destructivos y en el derecho a la autodeterminación sobre los territorios, los medios de subsistencia y los modos de vida. Una transición justa también debe respetar los derechos de la naturaleza, reconociendo que los ecosistemas no son bancos de recursos para uso humano, sino parientes vivos cuyo bienestar determina el nuestro.

El derecho a decir que no

Las comunidades deciden decir «no» a la minería por muchas razones; consulte nuestro documento de posición «Por qué decimos NO a la minería» para obtener más detalles y ejemplos. Todas las comunidades tienen derecho a decir «no» a la minería. Todas las comunidades tienen derecho a defender sus territorios, sus medios de vida y el bienestar de las personas y de la tierra. 

Nos solidarizamos con las comunidades locales que se resisten al extractivismo y defendemos su derecho a decidir sobre todas las cuestiones que afectan a sus tierras, aguas y futuro. Esto incluye la autonomía, la autodeterminación y la soberanía territorial de los pueblos indígenas de todo el mundo, y reafirmamos el derecho de todas las comunidades a proteger y cuidar sus territorios de acuerdo con sus propios valores y sistemas de conocimiento.

Alternativas al crecimiento

Uno de los elementos fundamentales de la crisis socioambiental que se ha señalado es la insistencia del capitalismo en un crecimiento económico desenfrenado. El concepto del Producto Interior Bruto (PIB) como motor clave del «desarrollo» económico y político ha sido criticado por generaciones de activistas y académicos, en particular por aquellos arraigados en el Sur Global. En el Sexto Informe de Evaluación del IPCC se dedica un espacio a debatir sobre economías alternativas poscrecimiento, y hasta la Agencia Europea de Medio Ambiente ha tomado nota de ello. Estos giros se producen tras una importante investigación que critica la idea de «desvincular» el crecimiento de los impactos ambientales negativos, es decir, el «crecimiento verde».

Partiendo del legado de la crítica al desarrollo y de la economía ecofeminista, han ido surgiendo un número cada vez mayor de propuestas como el decrecimiento, el poscrecimiento y el posdesarrollo. El debate sobre el decrecimiento, en particular, es amplio y variado, e incorpora una gran diversidad de estrategias y propuestas; podría decirse que se trata de un espacio fundamental para el debate y la coordinación entre los movimientos del Sur y del Norte globales. Esto es significativo, ya que el concepto de «decrecimiento» se basa en una perspectiva internacionalista centrada en la justicia y pone especial de relieve la necesidad de que las regiones y clases más prósperas del mundo reduzcan su (sobre)consumo y aborden el «intercambio ecológico desigual» (extracción) de materiales y mano de obra de las regiones más pobres del mundo.  Dado que el concepto de decrecimiento supone un claro desafío a la lógica económica hegemónica del Norte Global, se mantiene prácticamente ausente de los debates políticos, tanto locales como internacionales, en torno a la mitigación y la adaptación al cambio climático, allí donde estos existen. Mientras tanto, los movimientos de base toman la iniciativa en su promoción.

Lamentablemente, el movimiento por el decrecimiento se ha enfrentado a críticas por parte de la corriente dominante, que sostiene que el concepto suena negativo o evoca la privación. Se trata, sin duda, de un malentendido o incluso de una interpretación errónea deliberada; sin embargo, para contrarrestar esto, han surgido conceptos que plantean una economía alternativa en términos más explícitamente positivos. Por ejemplo, la Wellbeing Economy Alliance define la economía del bienestar como aquella que «sitúa nuestras necesidades humanas y planetarias en el centro de sus actividades, garantizando que todas estas necesidades se satisfagan por igual, de forma predeterminada». El Gobierno escocés ha sido un defensor de este tipo de economía y ha elaborado un conjunto de herramientas para la economía del bienestar. 

La Construcción de Riqueza Comunitaria (CWB) es otro concepto que se basa en instituciones arraigadas localmente (por ejemplo, el servicio de salud) y fomenta la contratación de pequeñas empresas y cooperativas locales, manteniendo la riqueza circulando dentro de la economía local. El empleo justo y los mercados laborales justos, así como la propiedad plural de la economía y las finanzas justas, son algunos de los principios de la CWB. Actualmente se está implementando a nivel local y regional en varios continentes, principalmente en el Norte Global.

La idea de la economía del “donut”, con un «suelo social» y un «techo ecológico», fue desarrollada por primera vez por Kate Raworth. El suelo garantiza que se satisfagan las necesidades de todas las personas, mientras que  el techo asegura que no sobrepasemos  ecológicos ni desestabilicemos los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. La economía del “donut” ha adquirido una gran influencia gracias a su representación simplificada de un mundo socialmente justo y ecológicamente sostenible; sin embargo, el concepto  ha sido ampliamente desarrollado y profundizado desde entonces. Un principio particularmente relevante para nuestro tema es: aspirar a prosperar en lugar de crecer.

Nunca se insistirá lo suficiente en que el decrecimiento pone de manifiesto que los puntos de partida para las transiciones justas son profundamente desiguales. Siglos de expoliación del trabajo, los recursos y las vidas han empobrecido y subordinado a muchas regiones del Sur Global. Por ello, la transferencia financiera y tecnológica es clave para cualquier camino basado en la justicia. Por ejemplo, basándose en décadas de trabajo sobre la «deuda ecológica», el movimiento Deuda por el Clima exige la cancelación de la deuda ilegítima en el Sur Global como una condición esencial para un futuro justo y sostenible. Incluso a nivel de la CMNUCC, gracias al liderazgo de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, se ha establecido un Fondo para Pérdidas y Daños. Aunque actualmente su alcance financiero es bastante limitado, representa un reconocimiento formal y moral de la deuda de las partes más ricas del mundo.

Derechos de la naturaleza 

El movimiento por los Derechos de la Naturaleza se basa en el reconocimiento de que la Naturaleza es «una comunidad viva e indivisible de seres interrelacionados e interdependientes con derechos inherentes» (Barlow 2024). El concepto atrajo la atención mundial en 2008, cuando Ecuador definió en su Constitución a la naturaleza como un ser vivo (Pachamama) con derechos a «existir, persistir y prosperar». A pesar de los retos, las innovadoras leyes de Ecuador se han aplicado con éxito en varios casos, siendo quizás el más trascendental una sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que prohibió a una empresa minera canadiense operar en la reserva forestal de Los Cedros tras una intensa campaña local e internacional (Sí a la Vida, No a la Minería, 2025). El caso de Los Cedros fue el primero en Ecuador en impugnar las leyes constitucionales relativas al derecho a la protección jurídica de las empresas y las inversiones. En un nivel más profundo, la victoria judicial a favor del bosque afirma que la naturaleza tiene un valor intrínseco, independientemente de si puede monetizarse o no.

El movimiento por los Derechos de la Naturaleza se extiende actualmente por 40 países y defiende visiones y herramientas que cuestionan la hegemonía del poder extractivo colonial tanto en el Sur como en el Norte Global. En Ecuador, la autoridad indígena kichwa de Sarayaku ha formalizado la declaración Kawsak Sacha (Bosque Viviente), que define al bosque como una entidad viva unitaria con derechos (Kauffman et al., 2025). Esto se reconoce como un modelo fundamental de jurisprudencia ecológica que ha ayudado al pueblo sarayaku a defender sus tierras de la explotación petrolera y ha proporcionado herramientas para las luchas en otros lugares. Por su parte, en Australia, los conceptos de los Derechos de la Naturaleza están siendo replanteados por las Primeras Naciones con el fin de definir cómo podría ser una relación correcta con la Tierra para los colonos, y de respetar las leyes de los pueblos de las Primeras Naciones y su custodia ecológicamente sostenible de la tierra y el mar a lo largo de milenios (Australian Earth Laws Centre, 2025).

Los derechos de la naturaleza, junto con otras formas de jurisprudencia ecológica, como las leyes sobre ecocidio, se están convirtiendo en una parte integral de una transición justa. Según la Red de Mujeres por el Medio Ambiente y el Clima, «integrar los derechos de la naturaleza en la visión, la estructura y la práctica de una transición justa es fundamental para abordar las causas profundas de la crisis climática, rechazar las soluciones falsas y restablecer relaciones armoniosas con la Tierra» (WECAN, 2025).

En diciembre de 2022, los derechos de la naturaleza se incluyeron en el Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, un acuerdo internacional adoptado para detener y revertir la pérdida de biodiversidad (GBF, 2022). En mayo de 2025, se incorporaron en un dictamen consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cambio climático y los derechos humanos, solicitado por Colombia y Chile —países en los que tanto la crisis climática como la respuesta industrial de la «transición verde» han afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas en particular—. En ella se afirma: «El reconocimiento del derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de recursos vitales para las generaciones presentes y futuras».

En la COP30, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) celebró la tercera sesión de su 6º Tribunal Internacional, que concluyó con la presentación del documento de políticas, Un nuevo compromiso con la Madre Naturaleza, en el que se reclama justicia para la Tierra y sus defensores. Esto siguió a un evento celebrado en 2024 en Toronto bajo el lema Los impactos de la minería y la era pos-extractiva, que tuvo lugar al mismo tiempo que la gran feria comercial de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC). La yuxtaposición de eventos fue deliberada: para poner de relieve el daño causado por las empresas mineras canadienses, con el objetivo de desafiar la hegemonía que mantiene la impunidad de estas empresas y así trazar una hoja de ruta hacia una visión pos-extractiva (GARN, 2025).

Los derechos de la naturaleza en Europa: dos ejemplos de la red YLNM

Los Sperrins, Irlanda

En una isla cuyas principales amenazas ecológicas son el extractivismo (la minería y la explotación de canteras) y la agricultura industrial (que también puede entenderse como una forma de extractivismo), los defensores de la tierra y los protectores del agua comenzaron a ver el potencial de las leyes sobre los derechos de la naturaleza para hacer frente a estas amenazas de forma sistemática y a largo plazo, en lugar de tener que librar una batalla tras otra para mantener a las excavadoras alejadas de sus puertas. La creciente energía de un nuevo movimiento dio lugar a una oleada de mociones en los municipalidades y a una recomendación de la Asamblea Ciudadana para incluir los Derechos de la Naturaleza en la Constitución irlandesa. Sin embargo, también se dieron cuenta de que no podían esperar a que se adoptara oficialmente una nueva (o antigua) forma de ver el mundo, por lo que también comenzaron a declarar los derechos de sus biosferas locales. Un ejemplo de ello es la Declaración de los Derechos de las Comunidades y la Naturaleza de las montañas de Sperrin, una cordillera de ecosistemas y pueblos amenazados por la minería de oro. Así que, mientras siguen resistiendo, también trabajan para arraigar y hacer realidad el «dúchas», un concepto irlandés de pertenencia, o «conexión con la tierra». Es comunitario y ecológico, y apunta a una identidad moldeada por el lugar.

Las controvertidas ampliaciones mineras en Serbia

En Serbia, varias organizaciones están impugnando proyectos mineros y recurriendo al Convenio del Consejo de Europa sobre la conservación de la vida silvestre y los hábitats naturales de Europa (conocido como Convenio de Berna). Estas denuncias no solo tratan de recurrir a este mecanismo internacional para detener los proyectos mineros —dado que las vías legales son muy limitadas en el actual contexto jurídico-político de Serbia—, sino que también solicitan que se incorporen los Derechos de la Naturaleza al Convenio de Berna, basándose en el hecho de que este ya reconoce el «valor intrínseco» de la flora y la fauna silvestres. Las denuncias afirman además que, debido a las deficiencias de otros marcos jurídicos, los Derechos de la Naturaleza son «necesarios» para proteger las especies y sus hábitats. La denuncia para proteger las montañas de Homolje de la minería de oro, presentada ante el Convenio de Berna, también se ha debatido como un caso en el Tribunal de la GARN, lo que ha dado lugar a un veredicto contra el Estado y la empresa por posible ecocidio y violación de los Derechos de la Naturaleza.

Estas iniciativas en Europa contrastan radicalmente con la evolución de las políticas. Desde hace ya varios años, la Comisión Europea viene tomando medidas para debilitar la normativa medioambiental con el fin de facilitar la expansión de la minería y la intensificación de la militarización, acelerando la concesión de permisos, aceptando revisar la directiva clave sobre el agua, flexibilizando la notificación de la contaminación y abriéndose a revisar la Directiva sobre aves y hábitats. Parece irrelevante cómo estas desregulaciones van a conciliarse con los compromisos en materia de biodiversidad global, protección del medio ambiente, derechos humanos fundamentales e incluso acción climática. Este «Pacto Verde» de la Unión Europea está dispuesta a sacrificar la naturaleza y las comunidades, tanto dentro del bloque como en el resto del mundo a través de acuerdos comerciales y asociaciones, a cambio de soluciones rápidas para la economía y la seguridad nacional.

Buen Vivir

El Buen Vivir, o Sumak Kawsay, es una filosofía indígena andina que propugna vivir en armonía con el mundo viviente. El Buen Vivir, o «vivir bien» (sumak kawsay en kichwa/quechua), es una filosofía indígena andina que propugna vivir en armonía con el mundo viviente. Otros pueblos tienen conceptos similares: Ñandereko, Küme Mongen, Suma Qamaña, Ubuntu, Swaraj, relación correcta.

El filósofo latinoamericano pos-extractivista Eduardo Gudynas describe el Buen Vivir como una postura radicalmente biocéntrica, que reconoce los valores intrínsecos del medio ambiente y desmonta el concepto fundamental de dualidad entre los seres humanos y la naturaleza que sustenta las economías extractivas. 

En América Latina, el Buen Vivir ha surgido de diversas formas en los movimientos indígenas, políticos y sociales de varios países, entre ellos Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú. Los principios del Buen Vivir han sido consagrados en las constituciones de Ecuador y Bolivia. En Bolivia, se trata de un marco ético arraigado en los conceptos indígenas aimaras de vida armoniosa. En Ecuador, el concepto se traduce en un conjunto de derechos constitucionales, que fueron incorporados a la Constitución de 2008 por una Asamblea Nacional en la que estaban representadas las naciones indígenas y los movimientos sociales de izquierda.

Podría decirse que las expresiones de las economías alternativas y los Derechos de la Naturaleza son formas modernas de expresar formas antiguas de ser. Sin embargo, necesitamos traducir la «relación correcta» a nuestros propios contextos para poder realizar una transición justa hacia un mundo que nutra a las personas, los lugares y el planeta.

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Conclusión: Hacia transiciones justas para las personas y la naturaleza

Nos solidarizamos con las comunidades que afirman que no podemos salir de la crisis climática mediante la minería. El extractivismo, ya sea de combustibles fósiles o de minerales, es incompatible con la justicia, el cuidado y la regeneración. Las soluciones reales residen en las economías pos-extractivas: aquellas basadas en la reciprocidad, la gestión colectiva, los sistemas de conocimiento indígena y la restauración de las tierras y aguas dañadas. Una transición justa, en este sentido, no consiste en mantener el modelo de crecimiento industrial, sino en mantener la vida.

Por último, nos hacemos eco del llamamiento lanzado por las comunidades indígenas y tradicionales de la Amazonía desde Belém do Pará a todas las personas que luchan por la justicia en todo el mundo: «A Resposta Somos Nós» (La respuesta somos nosotros). Poner fin a este sistema destructivo y transformar socioecológicamente nuestras sociedades será una tarea liderada por las comunidades afectadas que están en la primera línea, en el respeto de los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir, liberándonos de la economía basada en el crecimiento; de lo contrario, estas transiciones no serán ni justas ni sostenibles. Las falsas transiciones son y serán firmemente rechazadas y combatidas. Nuestro «no» es claro, y defendemos el derecho a que se respete. Pero hay muchos «síes», muchas transiciones y muchas transformaciones. Damos espacio para que esos «síes» existan, persistan, se regeneren y prosperen.

Endnotes/Notas al final

1. En 1980, cuando los gobiernos y la industria empezaban a tomar conciencia de los efectos de la quema de combustibles fósiles en nuestro planeta, el consumo anual de carbón, petróleo y gas se situaba en 70 683 TWh (TWh = un teravatio-hora, o un billón de vatios-hora). En 2024, tras 29 conferencias de la COP sobre el clima y tras el Acuerdo de París, el consumo anual no solo se había mantenido, sino que había vuelto a aumentar en la misma cantidad, hasta alcanzar la enorme cifra de 142 421 TWh (Our World In Data).

2. En 2025, la industria minera (incluidos los metales y el carbón) obtuvo unos beneficios globales colosales de 863 000 millones de dólares estadounidenses.

3. Se ha estimado que el 71 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 1988-2015 pueden atribuirse a tan solo 100 entidades corporativas y gubernamentales.

4. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos días en la Unión Europea, con la Ley de la Cadena de Suministro (Directiva sobre la Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa, CSDDD, y Directiva sobre la Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa, CSRD), apenas unos meses después de su aprobación; en Argentina, con las leyes que amenazaban con derogar la protección de los glaciares para permitir la minería; en Nueva Zelanda, con nuevas leyes de vía rápida que eliminan la necesidad de consultar a las comunidades indígenas y locales, y en muchos otros lugares del mundo.