Claudia Alavez

Samuel Nesner

El 30 de marzo de 2026, el gobierno haitiano publicó en Le Moniteur un nuevo decreto minero que reorganiza las reglas para la prospección, exploración y explotación de minerales en el país.

A primera vista, el decreto parece técnico. Pero detrás de ese lenguaje jurídico se encuentra una decisión profundamente política: reorganizar el territorio y el marco legal para una nueva etapa de expansión minera en Haití.

El decreto  establece mecanismos para otorgar permisos de prospección, exploración y explotación, y crea un sistema más estructurado de control territorial mediante un “catastro minero”, administrado por el Bureau des Mines et de l’Énergie en su calidad de Autorité Minière Nationale (AMN).

El artículo 7 establece precisamente la creación de este “catastro minero”, concebido como un sistema centralizado de registro y cartografía de títulos mineros, autorizaciones y perímetros de explotación. Administrado por la AMN, este dispositivo organiza el territorio mediante coordenadas, polígonos y zonas clasificadas: —disponibles, reservadas o prohibidas—.

Para ello, el decreto define unidades territoriales específicas —“carrés” y “périmètres”— destinadas a delimitar el espacio minero. El “carré” aparece como la unidad mínima indivisible del territorio minero, mientras que el “périmètre” corresponde a conjuntos de zonas continuas sujetas a permisos o títulos de explotación.

Aunque el decreto utiliza constantemente la noción de “Autorité Minière Nationale”, el texto no define completamente si se trata de una entidad autónoma o del propio Bureau des Mines et de l’Énergie ejerciendo funciones ampliadas bajo una nueva denominación jurídica. En la práctica, una misma institución concentra competencias estratégicas sobre permisos, registros y control territorial del sector.

Haití no parte de cero. Desde hace más de una década, diferentes empresas nacionales y extranjeras han mostrado interés en el potencial minero del país, particularmente en zonas del Norte y Nordeste. Proyectos vinculados a exploración de oro y cobre han sido asociados a empresas como VCS Mining, SOMINE y Eurasian Minerals.

En territorios como Kadouch, en la comuna de Quartier-Morin, apartamento Norte del país, ya existen permisos relacionados con actividades de exploración minera. Para muchas comunidades, la minería no es una posibilidad abstracta o futura: es un proceso que ya comienza a acercarse al territorio.

La dimensión territorial del proyecto tampoco es menor. El decreto permite la constitución de perímetros mineros organizados mediante bloques territoriales y coordenadas geográficas que pueden abarcar extensas superficies. En un país pequeño y densamente habitado como Haití, estos espacios no representan territorios vacíos: son zonas agrícolas, áreas habitadas y regiones atravesadas por fuentes de agua fundamentales para las comunidades rurales.

La perla de las Antillas ¿para quién?

Uno de los aspectos más delicados del decreto no está solamente en su contenido, sino en la forma en que fue aprobado.

El texto fue adoptado por decreto en un contexto donde el Parlamento haitiano no está funcionando. Esto significa que una decisión con profundas implicaciones territoriales, ambientales y sociales fue tomada sin debate parlamentario nacional.

Y eso importa porque la minería involucra cuestiones que van mucho más allá de la economía: el control de los recursos, el uso de la tierra, el acceso al agua y el futuro ambiental del país.

En un contexto de fragilidad institucional y desconfianza hacia el Estado, la ausencia de consulta pública alimenta la percepción de que decisiones estratégicas están siendo tomadas lejos de las comunidades que vivirán sus consecuencias directas.

El decreto incorpora referencias a “protocolos de desarrollo comunitario” y menciona estudios de impacto ambiental y social, planes de gestión ambiental y programas de rehabilitación de sitios mineros. Sin embargo, el texto parece privilegiar mecanismos de acompañamiento e información más que procesos sólidos de consentimiento comunitario .

El decreto contempla estudios de impacto ambiental y social, así como ciertas restricciones para zonas protegidas. Sin embargo, muchas de esas disposiciones quedan formuladas de manera general o sujetas a reglamentos posteriores.

Eso deja abiertas preguntas fundamentales: ¿Qué territorios estarán realmente protegidos? ¿Cómo se controlará la contaminación?¿Qué pasará con las fuentes de agua? ¿Quién supervisará efectivamente a las empresas? ¿Qué mecanismos existirán para sancionar incumplimientos?

En Haití, donde amplias zonas rurales ya enfrentan erosión, escasez de agua y vulnerabilidad climática, estas preguntas adquieren una dimensión especialmente sensible.

Por eso, más allá del lenguaje administrativo del decreto, será fundamental observar de cerca su implementación, los permisos que comiencen a otorgarse y las regiones que entren progresivamente dentro del nuevo mapa minero haitiano. Porque, retomando las palabras del sociólogo haitiano Jean Casimir, la llamada “Perla de las Antillas” rara vez ha pertenecido realmente a quienes la habitan. En un país marcado por siglos de extracción, ocupación y dependencia económica, el avance de la minería vuelve a abrir una vieja pregunta: quién decide sobre el territorio haitiano y quién termina beneficiándose de sus riquezas.

Claudia Alavez, integrante de colectivo latinoafricano, coordinadora de la UNIR en Haití, radicada en Haití desde hace 6 años.

Samuel Nesner, abogado haitiano, coordinador de SOKIJA (Asociación Cultural de Jóvenes Haitianos), militante e investigador en defensa del territorio frente a megaproyectos.

**Este artículo es la cuarta entrega de la «Serie: La minería en Haití — contexto, riesgos y debates», construida en el marco del Programa de Defensa y Resistencias de Territorio de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití.