Colombia – La Marcha Carnaval en el Tolima
Un relato de resistencia pacífica y conciencia territorial
A lo largo de los años, la Marcha Carnaval en
Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio, se
consolidó como una movilización paradigmática
que da fuerza a las expresiones artísticas, lúdicas
y culturales que rechazan la política extractivista
que se impone desde el Gobierno Nacional, bajo
el nombre de la locomotora minero-energética.
Es una movilización pacífica que tiene como
propósito generar conciencia ambiental sobre
los daños ambientales del extractivismo en las
regiones.
La movilización es liderada por el Comité Am-
biental en Defensa de la Vida y se celebra anual-
mente en el Día Internacional del Ambiente.
Es un proceso de acción colectiva que aplica el
principio de la no violencia y la construcción de
poder popular.
Es un espacio donde el arte, la música y la di-
mensión estética se manifiestan en su mayor
expresión, en defensa del agua, la vida y el te-
rritorio, haciendo frente a la cultura de muerte,
la contaminación, el saqueo y el despojo que
genera el extractivismo. La Marcha Carnaval
demuestra cómo la comunidad puede defender
los territorios con creatividad y la determinación
inquebrantable de quien sabe que la vida es sa-
grada.
Aunque se erigió como una acción de rechazo al
megaproyecto minero de la AngloGold Ashanti
–AGA– (una amenaza a gran escala contra el co-
razón del Tolima), sus ejercicios de movilización
y generación de conciencia ambiental se expan-
dieron a otros municipios del Tolima y Colom-
bia que se encuentran afectados por conflictos
socioambientales similares, convirtiéndose en
un espacio de expresión cultural, pedagogía y
articulación de diversos sectores sociales en pro
del cuidado de la vida.
El alcance de estas movilizaciones ha sido no-
table en términos de participación e impacto
político y territorial. En su trayectoria, las mar-
chas muestran un crecimiento exponencial que
superan barreras geográficas y sociales. Esta ex-
pansión demuestra la capacidad de las organiza-
ciones ambientales para generar una propuesta
atractiva de movilización que se concentra en la
defensa del agua y la vida, configurándose como
un referente de resistencia frente al modelo de
extracción en Colombia.
Uno de los aspectos más significativos de estas
movilizaciones es la participación plural de múl-
tiples grupos sociales. La Marcha Carnaval ha
logrado convocar a una amplia gama de sectores
sociales: campesinos, sindicatos, estudiantes de
colegios y universidades, indígenas, profesores,
barras deportivas, y hasta actores y partidos polí-
ticos que manifiestan sintonía con el rechazo a la
minería contaminante y el daño ambiental.
Esta diversidad de actores, con afinidades ideo-
lógicas distintas, ha reforzado el proceso de ar-
ticulación social, resaltando que la defensa del
territorio no se basa únicamente en argumentos
técnicos o ambientales, sino que se enraíza en
las concepciones de la ecología política, el cui-
dado del agua, la vida y el derecho colectivo al
ambiente sano.
Así pues, la defensa del territorio se convierte en
una bandera central que permite generar propósi-
tos comunes en pro de la defensa y consecución
de los derechos humanos, la autonomía local y
la soberanía alimentaria. Al centrar la lucha en
temas como el agua y la defensa de la vida, se ha
logrado establecer un propósito común que une a
la comunidad, más allá de sus diferencias.
El carácter pacífico, festivo y cultural que ha ge-
nerado la Marcha Carnaval, le permitió fortale-
cer al movimiento ambiental regional en su legi-
timidad y capacidad de convocatoria. Al emplear
creativas expresiones artísticas, se ha logrado
transmitir un mensaje de defensa territorial de
manera accesible y atractiva, que permite impac-
tar e integrar múltiples grupos sociales. En un
mundo acostumbrado a resolver conflictos con
la violencia, el Comité Ambiental en Defensa de
la Vida consiguió gestar un proceso que puede
resolver disputas pacíficamente.
La Marcha Carnaval nos enseña que el diálogo
y la organización popular, complementados por
la formación ambiental, son herramientas pode-
rosas para generar cambios sociales. Esta es una
movilización que apela al crecimiento ético, in-
telectual, de conciencia, junto a la unión de las
comunidades como herramientas para ejercer los
procesos de defensa territorial
La movilización de la conciencia ambiental
La Marcha Carnaval se complementa con un
proceso de formación académica denominado
“Diplomados de Formación Ambiental”, que son
desarrollados de manera conjunta por el Comité
Ambiental en Defensa de la Vida, la Universidad
del Tolima, la Corporación SOS Ambiental, en-
tre otras organizaciones sociales.
Este programa de educación popular aborda te-
máticas como los efectos negativos del extracti-
vismo, la ‘triple’ crisis ambiental, la transición
socio-ecológica, la agroecología y la ecología
política, con lo cual se ha logrado elevar el ni-
vel de conciencia ambiental de cerca de 20 mil
personas, entre los años 2013 y 2025, de manera
gratuita.
El primer nivel de los diplomados se denomi-
na: “Gestión ambiental y territorial”; el segundo
nivel del diplomado, que inició en el año 2014,
se llama “Análisis territorial, conflictos ambien-
tales y movimientos sociales”; y el tercer nivel
fue titulado “Naturaleza y cultura, retos sociales
para la construcción de liderazgos territoriales”.
La oferta educativa tiene el propósito de incen-
tivar un liderazgo transformador, a través de la
incidencia política institucional y con ello forta-
lecer la movilización, el diálogo argumentado y
la participación en escenarios de decisión y res-
ponsabilidad política institucionalizada. Lo an-
terior ha permitido fortalecer la legitimidad del
movimiento, lo cual asegura una movilización
informada y consciente.
Es de resaltar que el Comité Ambiental en De-
fensa de la Vida, en conjunto con las diversas
organizaciones socioambientales que participan
de la Marcha Carnaval, han avanzado en la cons-
trucción de una cultura de movilización perma-
nente que ha perdurado por 15 años.
Este ejercicio de permanencia en el tiempo, ha logrado promover un avance cultural en la defensa del agua, la vida y los territorios como bienes comunes naturales, los cuales se encuentran en riesgo por la imposición de un modelo extractivista y centralista que desconoce los derechos de las comunidades y la naturaleza. Las organizaciones son conscientes que es gracias a la capacidad de movilización, formación y organización popular que se avanza con solidez en la exigibilidad de derechos. Esta perspectiva es consecuente con la tarea de promover mecanismos de poder social, en lógica de avanzar hacia modelos de sociedad más justos y democráticos.
La Marcha Carnaval y la participación ciudadana
La Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la
Vida y el Territorio, es un testimonio de la de-
mocracia directa en las calles. Representa una
movilización pacífica, consciente y decidida de
diversos sectores de la sociedad, unidos por la
convicción de que el futuro se construye con
dignidad, respeto por la naturaleza y justicia so-
cioambiental. La marcha demostró que la paz
verdadera no es solo la ausencia de conflicto,
sino la armonía entre los seres humanos y el te-
rritorio que los sustenta. Es, en esencia, la paz
con la naturaleza.
Este compromiso se materializó en el acompa-
ñamiento a numerosas consultas populares en
todo el país. Estos mecanismos de participación
directa, impulsados por la ciudadanía, se convir-
tieron en herramientas esenciales para que las
comunidades pudieran decidir sobre su futuro.
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida
acompañó estos procesos, brindando el conoci-
miento y la articulación necesarios para que las
voces locales fueran escuchadas y respetadas. El
éxito de estas consultas, que se ejecutaron en di-
versos municipios del país, es un testimonio del
poder de la ciudadanía organizada. Cada voto
fue un acto de soberanía, reafirmando el dere-
cho de las comunidades a proteger sus territorios
frente a la presión de los proyectos extractivos.
La labor del Comité Ambiental, en conjunto con la Marcha Carnaval y las consultas populares, ha demostrado que el fortalecimiento de la partici pación ciudadana es el corazón de la defensa territorial en Colombia. A través de la movilización y los mecanismos democráticos, las comunidades están construyendo un futuro más sostenible y armónico con su entorno.
Es así como se hizo acompañamiento a todas las consultas populares que se desarrollaron en Colombia contra proyectos extractivos. En el país, se lograron desarrollar exitosamente las siguientes:
En cada una de estas consultas, el rechazo a los proyectos extractivos minero-energéticos fue contundente. Aunque las comunidades implementaron diversas y complementarias acciones que les permitieron avanzar en sus procesos de defensa territorial, es menester resaltar que las consultas populares fueron una de las estrategias más importantes de estos procesos.
Sin embargo hay que advertir que las marchas carnaval fueron uno de los mayores procesos pedagógicos, de aula viva y de generación de conciencia ambiental, para fortalecer la participación ciudadana y el rechazo a los proyectos extractivos en Colombia.
La Marcha Carnaval, los Diplomados de Formación Ambiental, el trabajo político organizativo, la discusión académica y las consultas populares, son acciones en conjunto que permitieron el avance del proceso de defensa del agua, la vida, el territorio, y el derecho colectivo al ambiente sano que se forjo en el departamento del Tolima.
La Marcha Carnaval y la construcción de poder popular
La Marcha Carnaval tiene como propósito
central la construcción de poder popular, lo cual
se resume en la consolidación de autonomías te-
rritoriales, democracia participativa y la defensa
de los territorios frente al extractivismo. Esta
movilización no es solo una expresión de des-
contento, sino un acto deliberado para reclamar
el control sobre sus bienes comunes naturales y
el destino de las comunidades en su entorno.
Al confluir en las calles, diversos sectores de la
sociedad —desde campesinos, obreros, estu-
diantes, jornaleros, pescadores, desplazados,
vendedores ambulantes, trabajadores terce-
rizados, sindicalistas, funcionarios públicos,
comunidades indígenas, artistas, ambientalistas,
activistas sociales, comunicadores populares,
hinchas de fútbol, empresarios con identidad re-
gional, defensores de derechos humanos, líderes
comunales, lideresas del movimiento de muje-
res, comunidades de fe y espiritualidad, y ciu-
dadanía en general— demuestran una capacidad
organizativa y de articulación que trasciende las
diferencias individuales.
Este frente común, ha sido reconocido incluso
por instituciones como la Universidad del To-
lima, la Asamblea Departamental y el Concejo
Municipal de Ibagué, además de ser una mani-
festación palpable de indignación consciente, de
transformación con base colectiva, a través de
objetivos claros que desafían la narrativa oficial
y proponen un modelo de desarrollo alternativo.
La marcha, al exigir la protección del agua,
la vida y la soberanía, no solo busca frenar el despojo de los bienes comunes naturales y la privatización de servicios esenciales, sino que también sienta las bases para una gobernanza local más participativa y autónoma.
La lucha callejera es un testimonio elocuente de que la verdadera paz y los cambios sociales profundos emanan del pulso entre la ciudadanía organizada y las élites que detentan el poder. Frente a la amenaza de megaproyectos minero-energéticos, y la falta de democracia participativa, la Marcha Carnaval se erige como un espacio donde la voz del pueblo se amplifica, superando los discursos mediáticos y hegemónicos que, a menudo, invisibilizan las luchas sociales en las regiones.
En un contexto donde la protesta social es frecuentemente criminalizada, la persistencia, la pervivencia y la masividad de estas movilizaciones son esenciales para presionar por transformaciones estructurales que ninguna mesa de negociación puede lograr por sí sola.
Los manifestantes no solo defienden el territorio, sino que también reafirman su derecho a decidir sobre su futuro, consolidando así el camino hacia una democracia más inclusiva y una verdadera autonomía territorial, donde los bienes comunes naturales y la calidad de vida de sus habitantes son prioridad.
Breve sinopsis de las dieciséis versiones de la Marcha Carnaval
La Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la
Vida y el Territorio nace el 5 de junio de 2011,
durante una mañana cargada de expectativas y
de dignidad popular. El país atravesaba uno de
los momentos de mayor expansión del modelo
extractivista, con la locomotora minero-ener-
gética del Gobierno Nacional en marcha, como
bandera de progreso.
En Cajamarca, la multinacional AngloGold
Ashanti ya había avanzado en la exploración del
proyecto La Colosa, con la promesa de conver-
tirlo en una de las minas de oro a cielo abierto
más grandes del planeta. Ante esa amenaza,
miles de campesinos, estudiantes, sindicalistas,
comunidades indígenas, artistas y ciudadanos de
Ibagué, decidieron salir a las calles para decirle
al país que el oro no valía más que la vida.
Ese día no hubo confrontación con los antimo-
tines. La orientación y espíritu de la Marcha
Carnaval era no caer en los espirales de violen-
cia y, en lugar de ello, hacer uso del arte y la
cultura como método de resistencia y defensa
territorial. Hubo disfraces, máscaras, compar-
sas, batucadas y muchas consignas. Fue una
movilización distinta, no solo fue un acto de
rechazo al extractivismo minero y a la presencia
de Anglogold Ashanti en Cajamarca y el Tolima,
sino también de creación colectiva.
Las calles se convirtieron en escenario de
encuentro social que transformó la protesta en
fiesta. En la primera Marcha Carnaval salieron
más de doce mil personas, las cuales caminaron
con el agua como bandera y con la vida como
horizonte. La semilla quedó sembrada, cada
año, en torno al Día Mundial del Ambiente, la
ciudadanía volvería a reunirse para reafirmar
el mandato popular de defender el agua y el
territorio. Aunque esa primera edición no tuvo
declaración política escrita, sí dejó un mensaje
que luego se convertiría en lema permanente: el
agua es sagrada y la vida no se negocia.
En octubre del 2011, la experiencia se repitió.
Nuevamente las calles de Ibagué se llenaron de
comparsas y de voces que denunciaban el riesgo
de la gran minería. La segunda Marcha Carna-
val consolidó la idea de que no se trataba de un
hecho aislado. La convocatoria fue mayor, los
medios de comunicación comenzaron a registrar
con más interés la protesta, y las comunidades
campesinas fortalecieron su articulación con
sindicatos, estudiantes y artistas urbanos. Aún
no se formalizaban las declaraciones anuales,
pero ya se percibía la necesidad de dejar testi-
monio escrito. En esa movilización el mensaje
central fue la denuncia de un discurso engaño-
so: la minería no traía progreso ni desarrollo,
sino contaminación, enfermedades, saqueo y
despojo.
La tercera Marcha Carnaval (2012) representó
un salto cualitativo. Por primera vez, el movi-
miento redactó y leyó una declaración pública,
que pasó a convertirse en tradición. El texto
denunciaba de manera contundente el carácter
devastador de la gran minería a cielo abierto y
proclamaba que el agua es un derecho colectivo,
no una mercancía. En la declaración se resaltó
la fuerza del poder popular, se afirmó que el
pueblo es soberano y que sus decisiones deben
ser respetadas por el Estado y por las multina-
cionales. También se advirtió sobre los riesgos
de criminalizar la protesta social y se insistió
en que la movilización debía mantenerse en el
marco de la no-violencia activa. La idea central
fue clara, los pueblos tienen derecho a decidir
sobre su destino.
En octubre del 2012, se realizó la cuarta Mar-
cha Carnaval, la cual expande sus fronteras. Ya
no era solo Ibagué el escenario, sino también
municipios como Líbano, El Espinal y Natagai-
ma. Incluso, otras ciudades del país comenzaron
a replicar expresiones similares. La declara-
ción de ese año puso el acento en un mensaje
pedagógico: “El agua vale más que el oro”. Se
insistió en que el discurso del desarrollo basado
en la minería era falaz y que la verdadera rique-
za del Tolima estaba en su vocación agrícola y
en su biodiversidad. La tarea era desmontar la
propaganda empresarial y reforzar la conciencia
ambiental a través del crecimiento intelectual,
ético y espiritual.
La quinta edición, en 2013, reunió a decenas
de miles de personas en un carnaval cada vez
más diverso. Ese año, se distribuyeron más de
cincuenta mil volantes en los que se explicaba
con cifras concretas el impacto ambiental de la
minería: un gramo de oro requería triturar una
tonelada de roca y consumir mil litros de agua
mezclada con cianuro. La declaración de 2015
fue mucho más política que las anteriores. No
solo se denunciaron los impactos ambientales,
sino que se señaló directamente al Presidente
de la República y al Procurador de turno, de
estar al servicio de las multinacionales y de la
economía extractivista que ponía en riesgo la
soberanía alimentaria y el derecho colectivo al
ambiente sano.
Se puso en evidencia la captura corporativa, la
cual pone en riesgo la soberanía nacional, las
bases del estado social de derecho, la participa-
ción ciudadana, y cómo estas acciones irregu-
lares de las empresas mineras generan actos de
corrupción y cooptación de las comunidades. La
idea central fue luchar contra la captura corpo-
rativa.
El momento coincidió con un hecho histórico:
la consulta popular del municipio de Piedras.
Allí la ciudadanía estaba siendo llamada a deci-
dir si aceptaba o no la instalación de una planta
de procesamiento de minerales. El 28 de julio
del 2013, el 96% de los votantes dijo “No”.
Fue la primera consulta popular de su tipo en
Colombia y su triunfo resonó a nivel nacional e
internacional. Piedras se constituyó en un ejem-
plo de esperanza para todo el país.
El 2014 fue un año de expansión de las luchas
ambientales. La sexta Marcha Carnaval no
solo tomó Ibagué como escenario de resisten-
cia, también se realizaron movilizaciones en
municipios como el Líbano, El Espinal, Arme-
ro-Guayabal, Bogotá D.C., y en los departa-
mentos de Nariño, Boyacá, Santander.
En el nivel internacional se realizaron concen-
traciones en Irlanda y Reino Unido. Hubo un
llamado al unísono: detener la implementa-
ción de los proyectos mineros que contaminen
suelos, aguas y aire; rechazar la imposición
de emprendimientos mineros en cabeceras de
cuencas, páramos, bosques de niebla y zonas
de producción agropecuarias; exigir el respeto
irrestricto por el derecho de las comunidades a
implementar consultas populares que permitan
la autonomía de los territorios y el ejercicio de
la democracia.
En la declaratoria se afirmó que entre, el oro
y el agua, preferimos el agua; frente al creci-
miento económico que beneficia a unos pocos,
preferimos el derecho colectivo a un ambiente
sano que nos beneficia a todos.
En la séptima Marcha Carnaval del 2015, se
denunció que el 53% del territorio de Ibagué
estaba bajo títulos mineros, una cifra alarman-
te que equivalía a dieciocho veces el área del
casco urbano. Se rechazó la represión contra la
protesta social y se recordó que el verdadero
sentido de la paz, en un país que avanzaba en
los diálogos con las extintas FARC-EP, debía
incluir la paz con la naturaleza.
El texto insistió en que no podía hablarse de
reconciliación mientras se permitiera a las mul-
tinacionales destruir páramos, ríos y montañas.
La idea central fue clara: la paz no será com-
pleta sin justicia ambiental. De igual manera, se
promovió el mensaje de repudio a las empresas
extranjeras que, mediante actuaciones corruptas
y dádivas, se aprovechan de comunidades vul-
nerables para construir un ambiente favorable a
sus proyectos extractivos.
La Marcha Carnaval de 2016 marcó un punto
de inflexión en la historia de las movilizaciones
por la defensa del agua, la vida y el territorio.
Las calles de Ibagué se desbordaron: más de
120.000 personas asistieron a la octava edición,
convirtiéndola en una de las movilizaciones
ambientales más grandes de Colombia.
No era ya solo un acto regional; la Marcha
Carnaval había alcanzado resonancia nacio-
nal. Campesinos de Cajamarca, estudiantes de
universidades públicas y privadas, sindicatos,
comunidades indígenas, colectivos artísticos,
barras futboleras y familias enteras se mezcla-
ron en un río humano que avanzaba al compás
de batucadas y tambores.
Ese mismo año, la campaña digital #Carnaval-
PorElAgua recibió un reconocimiento nacional
por su impacto en redes sociales. La Marcha
Carnaval ya no solo ocupaba las calles, también
había aprendido a disputar el sentido común en
el escenario digital. Los videos, ‘memes’ y foto-
grafías virales mostraban al país que en Tolima
la resistencia se vestía de carnaval.
En 2017, la historia alcanzó un nuevo clímax
con la consulta popular de Cajamarca. Durante
meses, los campesinos cajamarcunos habían
enfrentado presiones, amenazas y campañas
millonarias de la empresa minera AGA. Sin
embargo, el día de la votación, el resultado fue
abrumador: más del 97% de los votantes dijo
NO al proyecto La Colosa. La noticia recorrió
el mundo: era la primera vez que una comuni-
dad derrotaba en las urnas a una multinacional
minera de ese tamaño.
La declaración de la novena Marcha Carnaval,
celebrada ese mismo año, recogió esa victoria
histórica. El texto presentó a Cajamarca como
símbolo internacional de dignidad y resistencia.
Se afirmó que ningún proyecto extractivo podía
imponerse por encima de la voluntad popular,
y se reivindicó la consulta como ejemplo de
democracia directa. En un tono firme, se impul-
só la consigna de que el pueblo es el soberano y
que la voluntad popular es inapelable.
El 2018 estuvo marcado por la expansión de las
consultas populares. En Fusagasugá (Cundina-
marca), la ciudadanía votó masivamente contra
la minería. Sin embargo, las élites políticas y
empresariales comenzaron a maniobrar para
vaciar de poder estas herramientas.
La Corte Constitucional emitió la sentencia de
unificación SU095/18 que limitó la posibilidad
de seguir realizando consultas populares con-
tra proyectos mineros y petroleros. La captura
corporativa de la Corte desconoció el carácter
constitucional de estos mecanismos de partici-
pación ciudadana y aniquilaron la posibilidad
de resolver conflictos socioambientales a través
de vías democráticas.
La décima declaración de la Marcha Carnaval
denunció este retroceso. Señaló que desconocer
los mandatos ciudadanos era un atentado contra
la democracia participativa y que no se trataba
de simples trámites, sino de mandatos sobera-
nos que expresaban la voluntad de la ciudadanía
organizada. El texto advirtió que el Estado no
podía seguir ignorando al constituyente prima-
rio.
En 2019, el país estaba bajo el gobierno de
Iván Duque, cuyo Plan Nacional de Desarrollo
profundizaba la lógica extractivista y abría paso
al fracking como política de Estado. La undé-
cima declaración de la Marcha Carnaval fue
una respuesta frontal. Allí se denunció que el
modelo económico estaba sacrificando territo-
rios y comunidades en nombre del crecimiento
económico, y que se estaban privatizando y
contaminando bienes comunes como el agua. Se
denunció también la criminalización de líderes
ambientales y sociales. La idea central mani-
festaba que el desarrollo no puede medirse en
regalías que destruyen la vida.
Ese año, las calles volvieron a llenarse con mi-
les de personas. El carnaval seguía siendo espa-
cio de encuentro y de pedagogía popular. Cada
comparsa llevaba mensajes contra el fracking,
contra la megaminería y contra la corrupción
institucional. Los niños pintaban pancartas con
frases como “agua sí, oro no”, y los campesinos
recordaban que sin agua no hay alimentos. La
Marcha Carnaval seguía siendo un mosaico de
expresiones culturales unidas por un mismo
propósito.
El 2020 fue un año diferente, marcado por
la pandemia del COVID-19. El país entró en
cuarentenas prolongadas y las concentraciones
masivas fueron imposibles. Sin embargo, la
Marcha Carnaval no se suspendió. Se adaptó
al nuevo escenario, trasladando su fuerza a las
redes sociales y a espacios virtuales.
Se realizaron transmisiones en vivo, conversa-
torios digitales y campañas gráficas que man-
tuvieron viva la llama de la movilización social
y ambiental. Se señaló que la crisis sanitaria
tenía raíces en el mismo modelo depredador
que arrasa bosques, que desplaza comunidades
y que destruye ecosistemas. Recordamos que
muchas enfermedades emergentes están rela-
cionadas con la pérdida de biodiversidad y con
la explotación indiscriminada de la naturaleza.
La idea central fue: “Defender la naturaleza es
también defender la vida frente a las pandemias
globales”.
Aunque la gente no pudo salir a las calles, la
memoria colectiva de nueve años de marchas
permitió que la ciudadanía siguiera sintiéndo-
se parte de un proceso común. El carnaval se
mantuvo como símbolo de resistencia, aunque
en esa ocasión los tambores y las comparsas re-
tumbaron desde ventanas, balcones y pantallas.
El 2021, la décimo segunda Marcha Carnaval
encontró al país en medio de uno de los estalli-
dos sociales más grandes de su historia reciente:
el Paro Nacional. En las calles de Bogotá, Cali,
Medellín, y decenas de municipios, millones de
colombianos se movilizaron contra la reforma
tributaria, la violencia policial y la inequidad
social.
En ese contexto, la Marcha Carnaval también
se sumó, reafirmando que su lucha ambiental
era inseparable de la lucha por la justicia social.
La declaración se leyó entre banderas verdes
y pancartas que clamaban un “¡Basta ya de re-
presión!”. Se denunció el asesinato sistemático
de líderes ambientales y sociales, se rechazó la
brutalidad policial y se recordó que la defensa
de la vida incluye tanto a la naturaleza como
a quienes la protegen. El mensaje fue directo:
“No hay paz ni democracia posible mientras se
asesine a quienes defienden el agua y los dere-
chos de la tierra”.
Ese año, las comparsas carnavaleras hicieron
homenajes a los jóvenes caídos en las protestas,
y los tambores retumbaron con mayor fuerza en
un acto de duelo y de esperanza. El arte popular
se convirtió en memoria, y la Marcha Carna-
val se fundió con el espíritu del Paro Nacional,
ampliando su horizonte de lucha.
En 2022, el país continuaba sacudido por el eco
del estallido social. La decimotercera Marcha
Carnaval mantuvo su carácter de fiesta-resisten-
cia, pero con un tono más sombrío: las denun-
cias sobre la violencia estatal eran constantes.
La declaración reiteró que no podía hablarse
de transición energética ni de lucha contra el
cambio climático si al mismo tiempo se seguía
criminalizando a los defensores ambientales. Se
señaló que la democracia estaba en deuda y que
el pueblo no podía ser silenciado. El mensaje
central fue: “La justicia ambiental es insepara-
ble de la justicia social; no habrá paz si ambas
no avanzan de la mano”.
Ese año también se destacó la exigencia de fre-
nar el fracking y de proteger los páramos como
fuentes de agua. El carnaval volvió a ser peda-
gógico, máscaras de páramos andantes, disfra-
ces de gotas de agua y comparsas con mensajes
ecológicos recorrieron las calles de Ibagué. La
creatividad seguía siendo el lenguaje preferido
para expresar la indignación.
El 2023 trajo consigo la decimocuarta edición
de la Marcha Carnaval. El país vivía nuevos de-
bates con un Gobierno Nacional que llamaba a
la transición energética y el cuidado del planeta.
En el norte del Tolima, empresas como Miranda
Gold intensificaban sus proyectos, lo que hizo
evidente el riesgo sobre el río Saldaña y otras
cuencas hidrográficas.
La declaración denunció la presencia de esas
compañías y reiteró el rechazo al fracking y a
los monocultivos extensivos de aguacate Hass,
que estaban deteriorando suelos y fuentes de
agua sobre el municipio de Cajamarca y otras
regiones del país. El texto planteó como alterna-
tiva real la soberanía alimentaria y la agroecolo-
gía, recordando que sin campesinos y sin tierra
fértil no hay futuro. El mensaje central de la
movilización hacia énfasis en la vida campesina
y la agricultura sostenible como alternativas al
extractivismo.
Ese año, la Marcha Carnaval se volvió a expan-
dir hacia otras ciudades, y en redes sociales se
consolidó la idea de que el Tolima era un faro
de resistencia ambiental para todo el país. La
estética carnavalera, cada vez más elaborada,
convertía a Ibagué en escenario de arte popular
que trascendía fronteras.
El 2024 fue el año de la decimoquinta Marcha
Carnaval, y su declaración introdujo un giro
importante: la solidaridad internacional. En
medio de un contexto global marcado por gue-
rras, genocidios y desplazamientos, la Marcha
Carnaval expresó su apoyo al pueblo palestino y
a todas las comunidades del mundo que resisten
el despojo. El texto recordó que la defensa del
agua no conoce fronteras y que todas las luchas
por la vida están interconectadas. La consigna
fue clara y directa: “Defender el territorio en el
Tolima es también defender la dignidad de los
pueblos en cualquier lugar del planeta”.
Las comparsas de ese año no solo llevaron las
banderas del ambientalismo, también se agita-
ron los colores de Palestina, la Amazonía y de
los pueblos indígenas de otros continentes. La
Marcha Carnaval se convirtió en un espacio de
internacionalismo popular, donde se fortaleció
la idea que la justicia ambiental es también
justicia global.
El 6 de junio de 2025, bajo un aguacero impla-
cable, miles de personas marcharon en Ibagué
en la decimosexta edición. La lluvia, lejos de
ser obstáculo, se convirtió en símbolo, así como
el agua cae y da vida, también el pueblo se
mantiene en movimiento pese a las adversidades.
Los manifestantes coreaban: “Llueva o truene,
la marcha se mantiene”. La declaración fue
extensa, poética y precisa: se exigió al Gobierno
Nacional implementar de inmediato las consul-
tas populares de Cajamarca y Piedras, decretar
una moratoria minera y crear una Mesa Técni-
ca Intersectorial vinculante en el Tolima, con
participación decisoria de las comunidades. Se
denunció la corrupción de autoridad ambiental
Cortolima y su incapacidad para proteger
los ecosistemas; se reclamó protección para
el río Saldaña, ya reconocido como sujeto de
derechos; y se exigió frenar los monocultivos
extensivos y avanzar en la creación de Áreas
de Protección y Producción Agroalimentaria
–APPA–. También se pidió implementar pro-
gramas de educación ambiental y preparar una
Cumbre Ambiental por la Paz con la Naturaleza
para junio de 2026 en Ibagué.
La declaratoria resalta la idea del pueblo como
constituyente primario. Se exige aplicar la so-
beranía popular reconocida en el tercer artículo
de la Constitución Política de Colombia y se
exhorta al Estado a respetar sus derechos. En
el cierre, entre tambores, paraguas y consignas,
resonaba la declaratoria: “¡El agua no se vende,
se ama y se defiende!”.
Ese 2025, la Marcha Carnaval no solo reafirmó
su vigencia, sino que mostró que quince años de
resistencia habían construido una tradición cul-
tural, pedagógica y política que no se doblegaba
ante la represión ni ante la indiferencia institu-
cional. La lluvia ‘lavó’ las calles, pero también
pareció limpiar las dudas. El pueblo tolimense
había demostrado una vez más que la defensa
del agua es una causa que se mantiene viva, con
dignidad y alegría.
