La militarización es extractivismo: de las minas a los misiles
YLNM documento de posición
ÍNDICE
1. Introducción
2. La militarización en las primeras líneas de la resistencia minera
– Congo y Tigré: lucro bélico de la minería
–México: El extractivismo impuesto mediante violencia sistémica y organizada
3. Minerales para la militarización: cómo se gestan las guerras por los recursos
– Gaza y la multiplicación de la destrucción ecológica y social
– De «metales verdes» a «minerales críticos»: el lavado de imagen de la industria de la minería en aguas profundas
Factores Fundamentales y El Discurso de Escasez y Supervivencia Geopolítica
Poderes Sub Imperiales: Australia Y Canadá
– Lynas Rare Earths: Extractivismo militarista en acción
4. Cruce entre la Resistencia comunitaria y la amenaza global de guerra
– Papúa occidental y Myanmar: Autodeterminación y resistencia minera
– Guatemala: Militarización y la Mina Escobal de plata en Territorio Xinka
– Norte de Irlanda: Las Sperrins
– Ecuador: Derechos de la Naturaleza versus Extractivismo y Neoliberalismo
5. Futuros desmilitarizados y no extractivistas
6. Llamados a la acción y demandas de solidaridad
1. Introducción
Sí a la Vida, No a la Minería (YLNM, por sus siglas en inglés) es una red mundial de solidaridad arraigada en las realidades vividas y en la resistencia de los pueblos indígenas y de las comunidades affectada que enfrentan la violencia del extractivismo. Estamos unidos por una creencia compartida: que decir No a la Minería no es un rechazo al desarrollo, sino un acto colectivo de protección del territorio, del agua, de la cultura, de la soberanía y de la vida misma. Nuestros principios se fundamentan en la justicia, la dignidad y el cuidado de la Tierra. Denunciamos la violencia sistémica del extractivismo, un modelo que considera a la tierra como un recurso, a las personas como obstáculos y la ganancia como la máxima ley
La militarización y el extractivismo siempre han estado entrelazados. Desde las invasiones coloniales hasta las concesiones mineras globalizadas de la actualidad, se ha utilizado la fuerza armada para ocupar territorios, desplazar a los pueblos, reprimir la resistencia y garantizar el acceso a minerales y metales. La capacidad para organizar el saqueo colonial no ha hecho más que aumentar a medida que las tecnologías en desarrollo se han aprovechado con este fin. Hoy, los minerales estratégicos y de transición como el cobalto, el litio, el tungsteno, el níquel, las metales de tierras raras y muchos otros, no solo se extraen para abastecer los mercados de consumo, sino también para fabricar armas de guerra cada vez más poderosas y sofisticadas, tecnologías de vigilancia y fronteras militarizadas. De este modo, la industria minera no está separada del complejo militar-industrial; de hecho, es uno de sus pilares fundamentales.
| El término complejo militar-industrial se utiliza para referirse a las relaciones entre instituciones militares y políticas, tanto nacionales como internacionales, y describe específicamente una relación en la que las instituciones políticas se benefician de la guerra y, por tanto, obtienen provecho de la violencia militarizada continua. Esto puede ocurrir cuando existe una puerta giratoria entre la política y la llamada industria de defensa, o cuando los políticos dependen de los fabricantes de armas para ser elegidos. |
Hoy en día, el extractivismo depende cada vez más de fuerzas militares, paramilitares y de fuerzas policiales militarizadas y, en algunos casos, del crimen organizado, para facilitar, proteger y ampliar el acceso a los recursos. Cada vez más, en los sitios mineros se despliegan fuerzas armadas para reprimir la resistencia de las comunidades, proteger las operaciones corporativas e imponer proyectos extractivos sin consentimiento. A lo largo de las cadenas de suministro, se están militarizando territorios enteros para garantizar el acceso a minerales considerados vitales para la seguridad nacional y el control estratégico de los mercados y las fuentes de suministro.
A nivel geopolítico, los estados poderosos financian y emplean la amenaza o el uso de la fuerza militar para garantizar el acceso a los metales y minerales esenciales para la fabricación de armas, sistemas de vigilancia y guerra de alta tecnología. Además, estas operaciones mineras contaminan y dejan legados tóxicos y radiactivos duraderos en países con capacidad limitada para gestionarlos de manera segura, lo que genera una violencia lenta a través del aumento de riesgos para la salud y el medio ambiente en las comunidades locales. Esta violencia sistémica no es nueva; es una continuación del saqueo colonial.
De las minas que abastecen a los ejércitos, a los ejércitos que protegen las minas..
A medida que los Estados y las corporaciones intensifican la carrera por los “minerales críticos”, a menudo bajo el lema de la seguridad nacional, la transición energética o el desarrollo mediante inversión extranjera directa (IED), se profundiza la lógica de la extracción militarizada. Son los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, particularmente del sur global, quienes soportan el peso de esta violencia: mediante el despojo de tierras, la criminalización, la violencia dirigida, territorios bajo ocupación militar o control de grupos paramilitares o del crimen organizado, la destrucción ambiental, los legados tóxicos y la guerra.
Este documento de posición expone la naturaleza interconectada de la militarización y el extractivismo: desde las minas que abastecen a los ejércitos, hasta los ejércitos que custodian las minas y las cadenas de suministro de minerales. Sin embargo, a medida que este sistema se expande, a menudo se enfrenta a una feroz resistencia. Este documento pone en el centro las voces y luchas de quienes defienden la Tierra y aboga por un cambio audaz y necesario: de un mundo construido sobre el extractivismo y la dominación, hacia uno arraigado en la justicia, la solidaridad y alternativas que sostienen la vida.
2. La militarización en las primeras líneas de la resistencia minera
En los sitios mineros, la militarización recurre a fuerzas armadas, policías militarizadas, seguridad privada e incluso al crimen organizado para reprimir la resistencia y proteger los intereses corporativos, especialmente en territorios indígenas y rurales. Permite la violencia extractiva al criminalizar, asesinar y desaparecer a quienes defienden la Tierra, o al emplear el miedo y el terror para controlar territorios, fomentando la impunidad frente a la violación de derechos humanos y convirtiendo las zonas de conflicto en zonas de sacrificio para la expansión minera.
La militarización en la minería es una fuerza que recae de manera abrumadora sobre las comunidades afectadas, incluidos los pueblos indígenas, los sectores rurales más pobres y quienes defienden la tierra y el agua. A medida que las empresas mineras se apresuran por obtener ganancias cada vez mayores derivadas de la extracción, su atención se dirige a comunidades cuyos territorios ancestrales se encuentran sobre ricos yacimientos de níquel, cobre, cobalto, litio y otros «minerales de transición». Estas comunidades no solo son despojadas de sus tierras, sino que también son sometidas a vigilancia constante, amenazas y violencia avalada por el Estado.
Un análisis realizado por Global Witness en 2023 registró al menos 334 incidentes violentos y protestas —un promedio de 111 por año— vinculados a la extracción de minerales de transición en los 19 principales países productores del mundo, de los cuales casi el 90 % ocurrieron en economías emergentes y de bajos ingresos (1). En Filipinas, Global Witness y Kalikasan PNE documentaron que, desde la década de 1990, los pueblos indígenas filipinos han perdido una extensión de tierra equivalente al tamaño de Timor Oriental debido a la minería, mientras sufren tasas desproporcionadas de represalias y violencia. Entre 2012 y 2023, se identificó al ejército filipino como el principal responsable de los asesinatos de defensores indígenas (2).
Estas cifras repercuten en todos los continentes. En la República Democrática del Congo (RDC), la región sur de Kolwezi —centro de la industria del cobalto— ha sido escenario durante décadas de violaciones de derechos humanos, violencia y militarización, incluidas comunidades enteras desalojadas por soldados y policías para apropiaciones de tierras por parte de empresas mineras (3). Zambia está experimentando una de las expansiones más rápidas de la minería de minerales críticos en el continente africano, con un aumento paralelo de la corrupción, la contaminación ambiental y la resistencia social, junto con un auge de la minería no regulada y de los conflictos armados asociados (4).
En Indonesia (5), decenas de personas han enfrentado procesos penales o violencia por oponerse a la minería de níquel respaldada por leyes diseñadas para favorecer a las élites corporativas y estatales. Gran parte de América Latina, desde México (6) hasta Argentina (7), ha enfrentado de manera similar la represión, incluidas en ocasiones represiones violentas mortales, mientras las comunidades se movilizan por sus derechos al agua y a la salud a la sombra de gigantes mineros transnacionales. En la provincia argentina de Jujuy, en junio de 2023, la policía reprimió violentamente masivas manifestaciones populares contra la minería de litio, con 170 personas heridas y 99 detenciones arbitrarias, según informó Amnistía Internacional (8).
Congo y Tigré: lucro bélico de la minería
Los conflictos militarizados en la RDC y Tigré han recibido poca atención internacional. Estas situaciones, aunque diferentes en muchos aspectos, son ejemplos de cómo la industria minera se beneficia de la guerra y de las violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, participa en ellas; incluso muestran un patrón de obtención de licencias mineras mediante violencia militarizada.
La RDC ha sufrido un saqueo continuo por parte de potencias coloniales y, desde que obtuvo su independencia, ha atravesado múltiples guerras civiles de gran magnitud. Es rica en minerales e incluso en los momentos más álgidos del conflicto, empresas mineras internacionales han seguido activas en la extracción de estos recursos. La riqueza generada por esta extracción no ha permanecido en la RDC, sino que ha seguido enriqueciendo a las potencias coloniales e imperiales. Estas empresas no solo han operado en un contexto en el que el consentimiento es imposible debido a la desestabilización, sino que además han participado activamente en masacres y otras violaciones de derechos humanos. Anvil, una empresa minera canadiense-australiana, proporcionó apoyo logístico en una masacre en la que murieron 70 personas en 2004 (9). Más recientemente, Ivanhoe, una empresa canadiense, ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos por medio de desplazamientos forzados (10).
En Tigré, pese a las acusaciones de genocidio y de hambruna forzada, empresas mineras han estado explorando activamente en busca de minerales (11). Entre 2020 y 2022, Tigré, una región de Etiopía, experimentó uno de los conflictos más mortíferos del siglo XXI entre las fuerzas de Tigré y Etiopía, con el respaldo de tropas eritreas. Mientras esta guerra letal y profundamente desigual continuaba, empresas canadienses como SunPeak Metals (cuyo director ejecutivo fue acusado de utilizar trabajo forzado en Eritrea (12)) exploraban en busca de oro con el pleno apoyo de la entidad gubernamental canadiense Canadian Executive Service Organization (CESO) (13). Estos casos requieren solidaridad internacional y no han recibido suficiente atención fuera de las diásporas afrodescendientes. |
Sin embargo, aunque la minería militarizada devasta comunidades y ecosistemas, sus repercusiones van mucho más allá de la violencia y el despojo inmediatos. Toda la estructura de la minería al servicio de la militarización se encuentra en abierta contradicción con las narrativas «verdes» y de ‘greenwashing’ promovidas por gobiernos y corporaciones.
Análisis recientes revelan que las fuerzas armadas de Estados Unidos, por sí solas, constituyen el mayor emisor institucional de gases de efecto invernadero del mundo, siendo responsables de hasta 636 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente desde 2010 (14); a nivel mundial, se estima que las actividades militares contribuyen con el 5,5 % de las emisiones totales, y que las industrias militares son casi el doble de intensivas en carbono que los sectores civiles (15). A pesar de ello, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas en inglés) no exige a los Estados que informen sobre las emisiones militares (16), una omisión que deja un punto ciego deliberado en la gobernanza climática global.
En última instancia, las operaciones mineras suelen ir de la mano de la militarización y provocan una devastación acumulativa en las comunidades y territorios afectados. La extracción comienza con la explotación y destrucción de la tierra, el agua y la biodiversidad, que erosionan los bienes comunes tradicionales y socavan la soberanía alimentaria y la supervivencia cultural. Esta violencia se agrava aún más por la presencia de fuerzas armadas y seguridad militarizada, que reprimen la resistencia e imponen el control social a través del miedo, la vigilancia y la violencia directa.
Este ciclo también acelera el desastre climático, ya que la contaminación proveniente de las zonas mineras se suma a las enormes emisiones de carbono no reguladas generadas por las fuerzas armadas, especialmente por aquellos que libran guerras para controlar los recursos. Por lo tanto, las comunidades enfrentan no solo el despojo y la represión, sino también los crecientes impactos del cambio climático, ya que tanto la industria extractiva como la infraestructura militar actúan como motores de destrucción.
México: El extractivismo impuesto mediante violencia sistémica y organizada
En México, la violencia sistémica vinculada a redes del crimen organizado se ha expandido por todo el país. Esta violencia fomenta el extractivismo al facilitar la apertura de zonas de sacrificio para la minería (17), la continuidad de las operaciones mineras y la impunidad frente a los daños asociados (18), así como un riesgo cada vez mayor para que tanto personas defensoras como comunidades enteras puedan defender el agua, la tierra y el territorio (19).
La violencia sistémica se entiende como un conjunto de actos, a menudo asociados con el crimen organizado, que tienen como objetivo infundir miedo en la población para ejercer control social y territorial en beneficio de diversos intereses empresariales. En este contexto, la violencia es sistémica porque nada de esto podría suceder sin las redes macrocriminales que la facilitan, las cuales involucran a actores empresariales y políticos legítimos que se benefician de dicha violencia y que, en muchos casos, pueden ser los directamente responsables. Actos violentos como el reclutamiento de jóvenes, la extorsión, la vigilancia, las patrullas armadas, los toques de queda, el secuestro, los abusos sexuales, el asesinato, las desapariciones y el desplazamiento forzado son todas expresiones de violencia sistémica.
En consecuencia, aunque esta violencia suele atribuirse a uno u otro cártel, es importante identificar las redes macrocriminales que posibilitan su existencia. Esto va más allá de la captura corporativa del Estado y entraña una estrecha coordinación entre actores institucionales, empresas y grupos armados criminales. Si bien los cárteles y sus vínculos empresariales suelen percibirse como ajenos al Estado, en las redes macrocriminales los actores estatales, que pueden ser gobernadores, fiscales estatales o funcionarios de seguridad, a menudo desempeñan un papel clave (20).
La estrategia de capturar a los cabecillas de los cárteles o centrarse en actos individuales de violencia solo ha contribuido a la fragmentación de los cárteles y a la diversificación de sus intereses comerciales mucho más allá del narcotráfico, sin abordar las redes económicas e institucionales subyacentes. Este fenómeno ha surgido y se ha profundizado como resultado de las respuestas militarizadas del Estado mexicano, particularmente desde el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y su llamada «guerra contra las drogas» (21). Desde entonces, la tasa anual de homicidios se ha disparado a más de 30 000 y más de 133 000 personas han desaparecido, incluidas más de 14 000 durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (22).
Si bien estas cifras son igualmente alarmantes, el número de asesinatos y desapariciones de personas defensoras registrados no refleja plenamente los riesgos y amenazas que enfrentan las comunidades en resistencia cuando defienden sus derechos a la tierra, la salud, la soberanía alimentaria y el bienestar en general frente a una violencia sistémica cada vez mayor. Por lo tanto, no es de extrañar que México sea reconocido, año tras año, como uno de los lugares más peligrosos para defender el territorio y el medio ambiente (23), o para ejercer el periodismo (24). Este contexto también erosiona gravemente el papel del Estado en la seguridad pública y disuade a muchas víctimas y periodistas de denunciar delitos, lo que da lugar a lo que se conoce como «zonas de silencio» (25)y altos niveles de impunidad.
Por lo tanto, resulta preocupante observar que la militarización en todo el país ha seguido profundizándose bajo las dos últimas administraciones gubernamentales, con las fuerzas armadas ahora a cargo de la seguridad pública federal, así como de infraestructuras clave como puertos y aeropuertos, y con un papel central en megaproyectos destinados a abrir nuevas áreas al extractivismo y al despojo en nombre de la inversión y el desarrollo. |
Minerales para la militarización: cómo se gestan las guerras por los recursos
La militarización no comienza en el campo de batalla; comienza en la mina. Los minerales que impulsan la guerra moderna y la violencia estatal (26) se arrancan de territorios donde las comunidades han resistido durante mucho tiempo la conquista colonial y la codicia corporativa. El cobalto para drones, las tierras raras para misiles y máquinas de guerra digitales, el tungsteno para bombas: todos estos minerales, y muchos más, constituyen la base de una economía de guerra global (27).
La extracción de minerales y metales para la fabricación de armamento está impulsando una nueva ola de extractivismo (28) justificada en nombre de la seguridad nacional y del dominio geopolítica. Esto se ejemplifica en el acuerdo alcanzado en la Cumbre de la OTAN de 2025, a instancias de Donald Trump, para aumentar el «gasto relacionado con la defensa y la seguridad» al 5 % del PIB de cada país aliado de la OTAN para 2035 (29).
Asimismo, la minería destinada a la fabricación de armas puede avanzar sin cuestionamientos mediante el uso de términos deliberadamente engañosos como «minerales estratégicos» y «minerales críticos». Ambos términos se utilizan indistintamente con una variedad de definiciones y también junto con «minerales de transición».
Los minerales de transición son aquellos empleados en tecnologías de energía renovable; por ello, su extracción ha sido promovida de manera cínica como acción climática (30). Hay mucho que decir para refutar este argumento, y lo hacemos con mayor detalle en nuestro documento de posición «Por qué decimos no a la minería». En esencia, sostenemos que la descarbonización mediante la electrificación, mientras se mantiene intacto el sistema subyacente, solo nos traerá más de lo mismo: más explotación, más destrucción. Esto sin mencionar los problemas adicionales relacionados con la forma en que se utiliza la energía renovable.
La aplicación del término «minerales críticos» va más allá de la descarbonización y se centra en las prioridades de la economía, así como en la «transición digital». La economía a la que aquí se hace referencia es el capitalismo extractivo, cuya principal fuerza motriz es la maximización de beneficios (por encima de las necesidades sociales). La transición digital también está vinculada a la violencia extractiva, no solo por la extracción de los minerales que demanda, sino también por su papel en el sostenimiento de economías globales militarizadas, con minerales críticos que impulsan la vigilancia de las poblaciones, tecnologías de guerra potenciadas por inteligencia artificial (31) y sistemas de armamento (32).
Por su parte, «minerales estratégicos» se refiere más directamente a la defensa, o a la guerra, como ahora la denomina con mayor franqueza Trump (33). En 2017, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (como se denominaba entonces) utilizó 750 000 toneladas de minerales en la producción de armamento (34), y esto ocurrió antes del actual genocidio en Gaza, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la renovada intensificación de la agresión militar por parte de potencias imperiales en los últimos años.
Minería para la militarización: Gaza y la multiplicación de la destrucción ecológica y socialLa minería para la militarización impone una triple carga: explotación extractiva, militarización violenta y destrucción climática catastrófica. Palestina, y en particular Gaza, ejemplifica de forma contundente cómo los minerales impulsan brutales agendas neocoloniales. Entre octubre de 2023 y principios de 2025, los bombardeos israelíes generaron aproximadamente 50 millones de toneladas de escombros y materiales peligrosos —contaminados con fósforo blanco, metales pesados y amianto— derivados de decenas de miles de bombas y misiles (35). Estas municiones dependen de minerales como fosfatos, metales pesados y tierras raras que se obtienen a nivel mundial a través de cadenas de suministro neocoloniales que sostienen la dominación territorial sionista mediante la violencia. Esta militarización ha desatado una campaña genocida y ecocida que está devastando el medio ambiente de Gaza al destruir más de dos tercios de sus tierras agrícolas, contaminar las aguas subterráneas y aniquilar el 80 % de su cobertura arbórea (36). Las infraestructuras de agua y saneamiento han colapsado, lo que ha provocado que aguas residuales sin tratar contaminen el Mediterráneo y los acuíferos subterráneos, lo que agrava una crisis humanitaria y ecológica con legados tóxicos que perdurarán por generaciones. La destrucción de viviendas e infraestructuras esenciales intensificó la desolación en Gaza y profundizó la privación mediante el bloqueo militar y el control de los recursos.
A escala mundial, las fuerzas armadas figuran entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, lo que contradice cualquier narrativa de ‘greenwashing’ asociada a la minería. Solo el conflicto en Gaza generó entre 420 000 y 652 000 toneladas de CO₂ en sus primeros 120 días, y la reconstrucción podría sumar entre 47 y 60 millones de toneladas adicionales (37).
Queda claro que la militarización impulsada por la extracción de minerales no solo impone devastación ecológica y social, sino que también acelera la catástrofe climática, lo que convierte a Gaza en un trágico epicentro de la extracción de minerales para la militarización, que impulsa la violencia neocolonial y la destrucción climática. |
Por ello, a medida que aumenta la demanda de estos minerales sometidos al ‘greenwashing’, los gobiernos y las corporaciones siguen justificando la extracción violenta. Detrás de sus «grandes ideas» hay una verdad más profunda: las guerras por los recursos se construyen mediante la explotación de la tierra, el trabajo y la vida. Se están realizando intentos de explotar el fondo oceánico e incluso el espacio exterior, en otros planetas y la luna.
Esta sección analiza cómo la extracción de minerales impulsa la militarización, cómo los Estados reconfiguran leyes y políticas para garantizar las cadenas de suministro y cómo los pueblos indígenas y las comunidades afectadas resisten ser convertidos en zonas de sacrificios o daños colaterales en la carrera por el control.
De «metales verdes» a «minerales críticos»: el lavado de imagen de la industria de la minería en aguas profundas
La minería en aguas profundas (DSM, por sus siglas en inglés) se refiere a la extracción industrial propuesta de minerales y metales del fondo oceánico, generalmente a profundidades de entre 4000 y 6000 metros. Al dirigirse a zonas como los campos de nódulos polimetálicos, los sulfuros masivos del fondo marino y las costras ricas en cobalto, empresas y Estados sostienen que la DSM podría suministrar «minerales críticos» como níquel, cobalto y manganeso para tecnologías renovables e industrias de defensa. Sin embargo, los científicos advierten que la minería en estos frágiles ecosistemas del océano profundo, muchos de los cuales albergan especies únicas y aún no descubiertas, podría causar una pérdida irreversible de biodiversidad, alterar los procesos de secuestro de carbono y liberar plumas tóxicas que se desplazan a grandes distancias (38).
Los pueblos del Pacífico están en primera línea de la resistencia frente a la DSM, defendiendo su océano como fuente de vida, cultura e identidad, y liderando un poderoso movimiento regional e internacional, arraigado en los conocimientos indígenas y la soberanía, que exige una prohibición para proteger el Pacífico para las generaciones futuras (39).
Durante la última década, la industria de la DSM ha reformulado su propósito, pasando de presentarse como una supuesta solución climática a convertirse en un pilar de la seguridad y la defensa nacionales. Inicialmente promovida como esencial para suministrar metales «verdes» destinados a las tecnologías renovables, la DSM se justifica ahora cada vez más mediante el discurso de los minerales críticos, la independencia estratégica y la seguridad de los recursos (40).
Esta transformación se aceleró después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera una orden ejecutiva para promover «el acceso de Estados Unidos a los minerales críticos» y ordenara a las agencias explorar opciones para explotar los recursos del lecho marino más allá de la supervisión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) (41).
Esta medida eludió en la práctica décadas de negociaciones multilaterales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), socavando la gobernanza global del lecho marino y replanteando los recursos del océano profundo como asuntos de interés nacional, en lugar de patrimonio común de la humanidad (42).
Desde entonces, actores de la industria como The Metals Company y gobiernos partidarios de la DSM, como el de Estados Unidos, han amplificado las narrativas de competencia geoestratégica, invocando en particular el dominio de China en el procesamiento de minerales para justificar la extracción unilateral en aguas profundas (43). Dado que los minerales críticos también son insumos clave en sistemas de armamento, submarinos y tecnologías de drones, la alineación de la DSM con la agenda del complejo militar-industrial se ha vuelto cada vez más evidente (44).
La convergencia entre militarización y extractivismo es evidente: los mismos actores que impulsan el rearme global buscan abrir las aguas profundas a la explotación industrial. |
Factores Fundamentales y El Discurso de Escasez y Supervivencia Geopolítica
En el centro del sistema extractivo militarizado se encuentran estados poderosos, corporaciones e instituciones financieras que trabajan conjuntamente para asegurar los metales necesarios para la fabricación de armas y dominio militar.
La extracción minera da lugar a las maquinarias de guerra. Lo que se plantea como una solución de energía limpia está en realidad dándole poder al pilar de las milicias modernas; vehículos blindados, misiles, drones, aviones de combate, armas de inteligencia artificial y sistemas de vigilancia digitales.
Los estados miembros de Estados Unidos, China, Rusia, y la Unión Europea encabezan la demanda, que incluye minerales críticos como el cobalto, litio, tierras raras, tungsteno y titanio en sus estrategias de defensa y la producción de armas. Estos estados son respaldados por alianzas como la OTAN Y AUKUS, y acuerdos bilaterales y fundamentales de minerales que unen las zonas de extracción, mayormente en el Sur, al control geopolítico del Norte.
Otro discurso fundamental en esta agenda es la noción de escasez, un marco que representa a los minerales críticos como limitados, bajo amenaza, y una cuestión de supervivencia geopolítica. Esta es una lógica peligrosa: asegurar los recursos como sea, lo que incluye poder militar, la toma de terrenos coloniales, y coerción estratégica, es aceptable por el bien de la “seguridad”. Es también una lógica que impulsa la competencia como la única forma de afianzar seguridad; insistimos en que estaríamos mucho más seguros en un mundo donde la lógica prevaleciente es la cooperación y el beneficio mutuo.
Los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, amplían sus preocupaciones acerca del supuesto “control estricto” de China sobre tierras raras y otros recursos estratégicos, y utilizan esto para justificar la rápida expansión de la minería en áreas prohibidas como territorios indígenas, ecosistemas de gran profundidad, y áreas protegidas. Notablemente, el dominio global de China sobre tierras raras comenzó a partir de que Estados Unidos ajustase sus regulaciones ambientales a fines de los años 70; esto llevo a que sus industrias contaminantes transfiriesen sus peligros y problemas de contaminación radioactiva a China. El discurso de escasez sirve para normalizar expansión extractiva, militarización y desregulación bajo la apariencia de necesidad defensiva y resiliencia de la cadena de suministro.
En el frente corporativo, los gigantes mineros como Rio Tinto, Glencore y Teck Resources extraen la materia prima, mientras que los fabricantes de armas como Lockheed Martin, Raytheon, BAE Sistemas, y Thales la convierten en misiles, drones y sistemas de vigilancia.
Las instituciones financieras, que incluye fondos de pensión, empresas de capital privado e inversionistas respaldados por el estado, entre los cuales se encuentran el Pentagon y JOGMEC (45) en Japón, facilitan el proceso, convirtiendo así a las guerras y tensiones geopolíticas en ganancia Estos actores no operan solos, pero como una fuerza coordinada, sosteniendo una guerra económica global basada en el despojo de comunidades y la explotación de ecosistemas
Poderes Sub Imperiales: Australia Y Canadá
Si bien se los posiciona como actores secundarios o benévolos en el escenario global, Australia Y Canadá juegan papeles sub imperiales fundamentales en el proyecto militar e industrial. Ambos países son grandes exportadores de minerales y metales que sustentan la guerra moderna, como tierras raras, tungsteno, litio, cobre, acero aleado, aluminio, cobalto y uranio, y ambos operan con un marco de trabajo legal, financiero y diplomático, que protegen sus industrias mineras de responsabilidad y los ayuda a facilitar sus intereses.
Como aliados fundamentales de Estados Unidos y la OTAN, Australia y Canada actúan como proveedores de materia prima estables y políticamente alineados. Dicha materia prima es utilizada para sistemas de armas, infraestructura de vigilancia, y tecnologías de defensa con uso intensivo de energía. Más que resistirse a utilizarla, estos estados lo promueven activamente al ofrecer subsidios, extensiones de impuestos y acceso a las corporaciones mineras bajo la apariencia de desarrollo económico y la seguridad de minerales críticos.
Australia y Canadá también actúan como amplificadores geopolíticos para las agendas extractivas de los poderes dominantes. Al albergar conferencias globales de industria minera como la feria de comercio de Prospectors & Developers Association of Canada (Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá) PDAC e International Mining and Resources Conference (Conferencia Internacional de Minería y Recursos) IMARC y a través de su participación en alianzas como AUKUS, NORAD (El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), OTAN y varias asociaciones de minerales críticos, ayudan a reforzar y legitimar la militarización global de las cadenas de suministros de minerales.
Las compañías canadienses, protegidas por marcos de inversión respaldados por el estado como Export Development Canada, (Desarrollo de las Exportaciones de Canadá) están entre los operadores más agresivos en zonas de conflicto desde América Latina hasta África. Mientras tanto, la industria tierras raras de Australia, respaldado por financiación directa de defensa exporta materiales utilizados en armas que, según lo informado, han sido empleados en genocidios como aquellos en Gaza (46, 47). Ambos países contribuyen no solo recursos sino también pretextos ideológicos, realizando greenwashing en las extracciones militarizadas a partir de discursos de “resiliencia estratégica”, “transición de energía” y “seguridad nacional”. Al hacer esto, atrincheran sus roles como propiciadores sub imperiales de mercantilismo global y daño ecológico.
Australia y Canadá: Colonialismo y militarismo como parte de cadenas de suministro de mineralesAustralia y Canadá son estados fundados en genocidio colonial; y esta misma lógica se extiende a las políticas del gobierno y a las cadenas de recursos de sus actuales industrias de “Minerales Críticos”. Los gobiernos federales tanto de Australia como de Canadá lanzaron su Critical Minerals Strategy. En 2022, cada uno enumera 31 minerales y metales considerados estratégicamente importantes. Mientras que la promoción de estos presuntos minerales críticos se enmarca en torno a transiciones de energía, la extracción también es impulsada para armas de guerra. Trece de los minerales en la lista australiana se designan como esenciales para tecnologías relacionadas con la defensa. La minería y el militarismo se consideran esenciales para la seguridad nacional canadiense (48) invertir en minerales críticos se categoriza como inversión necesaria para la defensa (49). Estas estrategias se pueden entender como una parte de los intentos de “atraer” extracciones en Australia y Canadá que a menudo crean “zonas de sacrificio” en tierras indígenas. Esta “atracción” se considera necesaria debido a la inestabilidad geopolítica causada por la guerra, conflictos militarizados, y genocidios. En Australia, el gobierno federal prioriza el acopio con el fin de reforzar la seguridad nacional y aumentar la influencia geopolítica, como su propuesta en el 2025 para una Reserva Estratégica de Minerales Críticos (50) con una inversión de $1.2 mil millones. Esto apunta a asegurar su reserva domestica mediante acuerdos nacionales de compraventa a largo plazo. Australia intenta alejarse de China y acercarse a Estados Unidos, Japón y Europa para asegurar cadenas de reserva de minerales críticos utilizados para la defensa. En 2021, el gobierno australiano lanzó el controversial acuerdo de seguridad trilateral de mil millones de dólares AUKUS (51), entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Los minerales críticos, sobre todo los tierras raras son necesarios para construir los submarinos nucleares y aviones de combate planeados de AUKU, así como también tecnologías que incluyen IA, ciber, computación cuántica y propulsión avanzada (52). Además de producir los metales necesarios para la guerra moderna, las compañías de minería canadiense están implicadas en un gran rango de atroces abusos de derechos humanos y daño ambiental. En simultáneo a los esfuerzos de “atracción”, las compañías canadienses s siguen beneficiando económicamente de la violencia militarizada en Tigray (53), la República Democrática del Congo (54), y más. Compañías canadienses han estado involucradas en desalojos forzados en Tanzania (55), asesinatos y episodios de violencia sexual en Guatemala (56), militarización y criminalización de defensores de la tierra en Ecuador (57), y el uso de fuerzas privadas de seguridad y mercenarios para impulsar y avanzar proyectos de minería canadienses en el exterior en Papua Nueva Guinea y Perú (58). Los minerales críticos provenientes de Australia se utilizan directamente para la fabricación de armas utilizadas por Israel para el genocidio en Gaza. Australia exporta partes especializadas de aviones de combate F-35 que son suministrados a Israel a través del proveedor Lockheed Martin (59), basado en Estados Unidos. Estos incluyen mecanismos de lanzamiento de bombas(en los cuales Australia es el único fabricante a nivel global) y componentes estructurales de titanio (titanio es un mineral fundamental producido en Australia (60)). Los aviones de combate F-35 también requieren 420 kg de metales de tierras raras (61) de los cuales Australia se está convirtiendo en un proveedor cada vez más importante para los Estados Unidos. Canadá fue expuesta por enviar armas a Israel incluso cuando afirmaba haber mantenido un embargo de armas (62); a pesar de la falta de transparencia acerca de dónde vienen los materiales para las armas, es muy posible que estas armas hayan sido fabricadas con materiales mineros provistos por compañías canadienses. En Australia, comunidades aborígenes (63) y rurales (64, 65) enfrentan injusticias ambientales y sociales que aumentan cada vez más rápido debido a la expansión de la extracción de minerales críticos. 57.8 % de proyectos de minerales críticos en Australia se encuentran en áreas donde los pueblos indígenas tienen derechos legales a negociar, incluyendo los reclamos de Native Title. En Canadá, la resistencia a la exploración y extracción dentro del territorio canadiense es enfrentada con violencia militarizada o criminalización, especialmente cuando ocurre en tierras indígenas.
La minería australiana y canadiense se ha beneficiado, desde un principio, a partir de violencia genocida, y actualmente utiliza la excusa de la crisis climática para continuar sacando provecho a toda costa a la vez que alimenta el complejo militar-industrial y depende de este. |
Lynas Rare Earths: Extractivismo militarista en acciónLynas Rare Earth S. L., una compañía minera australiana, es un ejemplo de la implicación militarista y extractivista justificada bajo el estandarte de seguridad estratégica y transición energética. Fundada por Nick Curtis, hijo de un diplomático australiano, Lynas fue creada inicialmente como principal proveedor de “minerales críticos” independiente de China. Sin embargo, mientras las tensiones comerciales entre EEUU y China crecían, el posicionamiento de la compañía cambió y su importancia estratégica se enmarcó cada vez más en el ámbito geopolítico y militar, sobre todo debido al papel de las tierras raras pesadas en los sistemas avanzados de armas y tecnologías militares. Lynas es financiada por el Departamento de Defensa de EEUU (66) y el gobierno japonés y australiano, y se promociona como una alternativa “limpia” y segura al dominio chino de las tierras raras. No obstante, esta narrativa oculta las realidades más profundas de la extracción colonial, del legado tóxico y la resistencia comunitaria. Con su mina de tierra rara Mt Wel ubicada al oeste de Australia, la instalación de procesamiento de Lyna en Kuantan, Malasia, se ha enfrentado a la oposición masiva desde 2011 (67). Sin una licencia social para poder trabajar y en contra de las protecciones medioambientales y de planificación, la planta se ha convertido en una zona de sacrificio, albergando casi dos millones de toneladas de residuos radioactivos en un pantano de turba propenso a los monzones (68). Sus propios consejeros han considerado el almacén de la instalación seguro durante 20 años, a pesar del de los residuos restantes peligrosos durante milenios o indefinidamente. Más allá del deterioro medioambiental, Lynas ha utilizado narrativas perjudiciales para limpiar su imagen, incluyendo la promoción de su fábrica como un lugar de trabajo que promueve la igualdad de género, dando a conocer a mujeres musulmanas que trabajan en ambientes peligrosos a pesar de los riesgos a causa de la radiación y la exposición química para la salud reproductiva y fetal. Por otra parte, continúa presentando la minería de tierras raras como “fundamental” y “ambiental”, desatando una ola de fiebre especulativa de tierras raras por Malasia, a pesar de los daños conocidos e irreversibles. La expansión de Lyna a EEUU ha sido implementada directamente por el Pentágono, estableciendo su papel en las cadenas de suministro militarizadas (69). Sin embargo, la militarización no es solo global, sino también local. En Malasia, las políticas desreguladoras han permitido a Lyna trabajar con impunidad: los estándares de seguridad están muy por debajo de las normas internacionales, la supervisión a largo plazo se ha eliminado y se ha concedido una exención del impuesto de sociedades. El gobierno malasio ha priorizado los intereses militares extranjeros sobre la seguridad local, justicia y autoridad. Pese a todo esto, la resistencia de la comunidad ha seguido en desarrollo y previsora. Empezó en 2011, cuando el Proyecto se anunció en un artículo del New York Times (70), y desde entonces la oposición ha continuado desafiando el lavado de imagen ambiental de Lynas, su falta de transparencia, transgresión ambiental y su falta de licencia social para trabajar (71). En 2025, un juicio que investigará si no se han seguido los procedimientos legales de planificación para el vertedero de residuos radiactivos permanentes ya propuesto. Lynas representa un patrón global de extractivismo militarizado en donde los “minerales críticos” sirven como pretexto para la violencia ecológica, desregularización y el control geopolítico. Refleja cómo el militarismo y la minería se refuerzan el uno al otro, mientras las comunidades afectadas son obligadas a enfrentarse a las consecuencias y a liderar la resistencia. |
Cruce entre la Resistencia comunitaria y la amenaza global de guerra
Alrededor del planeta, la gente y las comunidades afectadas se alzan en resistencia al sistema extractivista que no solo destroza las tierras, las aguas y las formas de vida, sino que también está respaldado por la fuerza militar y justificado por las agendas geopolíticas.
Mientras las comunidades se niegan a la minería en defensa de la vida, corporaciones transnacionales y estados se benefician de la extracción violenta de minerales destinados a armas, tecnologías de vigilancia y transiciones “ambientales” militarizadas.
Desde los mares más profundos hasta las llanuras desérticas, desde Papúa occidental a Palestina, esta sección expone el duro contraste entre los que defienden el territorio y la vida, y los que reúnen el poder y dinero a través de la militarización de las fronteras extractivas. Estas no son luchas aisladas, sino frentes interconectados en un sistema global de mercantilismo que se nutre de la desposesión y el conflicto.
Papúa occidental y Myanmar: Autodeterminación y resistencia minera
En Papua Occidental y Myanmar prevalece la lucha por la autodeterminación y y la liberación de la militarización extractiva. Allí, los habitantes locales y la gente oprimida se resiste a la explotación neocolonial de sus recursos . En Papúa occidental, la ocupación indonesa vigente ha reprimido de forma violenta el deseo de la población local a la independencia desde la década de 1960. El Movimiento Papúa Libre (Organisasi Papua Merdeka, OPM), formado en 1970, surgió como resistencia armada contra el control militar indonesio y la destrucción medioambiental causada por las corporaciones mineras multinacionales, destacando la mina de oro y cobre propiedad de EEUU y Reino Unido. La enorme mina a cielo abierto ha destruido tierras sagradas, contaminado ríos y desplazado comunidades locales, avivando una guerra por la tierra y recursos. A pesar de las brutales represiones militares que suponen asesinatos, arrestos masivos y borrados culturales, los habitantes de Papúa occidental continúan su lucha por la liberación a través de la resistencia armada y la revitalización cultural apoyada por los frentes unidos políticos como el Movimiento de Liberación Unido de Papúa occidental. De manera similar, en Myanmar, grupos de minorías étnicas como Karen, Kachin y Shan han llevado a cabo luchas prolongadas por la autodeterminación contra el estado y fuerzas corporativas que extraen madera, minerales y jade. Las campañas violentas de la junta militar para obtener el control de las áreas ricas en recursos arrasan con la ecología local y avivan el ciclo eterno de desplazamiento, militarización y degradación ambiental. Los movimientos de oposición entrelazan aspiraciones anticoloniales con justicia medioambiental, enfatizando que la minería y militarización trabajan hombro con hombro para atrincherar el control autoritario y la explotación económica. Estas luchas exponen cómo la militarización de la extracción y la minería con herramientas de la dominación neocolonial, suprimiendo violentamente la autodeterminación y los movimientos nacionales de liberación de la gente local. El militarismo basado en la extracción no solo destruye el medioambiente, sino que también perpetúa la violencia política y el sistema de opresión. Los minerales y las armas mantienen regímenes que niegan la soberanía de la gente por encima de su tierra y recursos que los pueblos están plantando cara. |
Guatemala: Militarización y la Mina Escobal de plata en territorio xinka
La Mina Escobal es una gran mina de plata subterránea en el sureste de Guatemala, la cual ha sido suspendida desde junio de 2017 por la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y las decisiones judiciales consecutivas por discriminación y falta de consulta con la gente local de Xinka. A lo largo de quince años, la gente de Xinka y las comunidades agrarias se han opuesto al proyecto debido a la preocupación de la contaminación y agotamiento del agua en la vasta región agrícola, y también por el impacto social, cultural y espiritual, igual que la falta de respeto por su autodeterminación (72). La mina comenzó a funcionar en 2014 bajo el mando de Tahoe Resources, el cual fue comprado por Pan American Silver ubicado en Vancouver en 2019. El funcionamiento de la Mina Escobal desde 2014 a 2017 fue llevado a cabo gracias a la estrategia de seguridad militar que reprimió la oposición local y lo catalogó de amenaza a la seguridad nacional (73). En los años siguientes a la apertura de la mina, las comunidades sufrieron la represión violenta por parte de la seguridad privada, la policía y los militares, al igual que una campaña creada para difamar e incriminar a los líderes de la comunidad. Casi 100 personas fueron incriminadas por su participación en protestas pacíficas. Varios miembros de la resistencia, incluyendo a Topacio Reynoso de 16 años, fueron asesinados. Durante un incidente, la seguridad privada de Tahoe abrió fuego contra unos protestantes pacíficos en abril de 2013, dañando de gravedad a seis personas. Las víctimas demandaron a la compañía ante el tribunal civil de Columbia Británica, consiguiendo un acuerdo histórico en 2019 por el cual Pan American Silver se hizo responsable del tiroteo y la violación de los derechos humanos (74). Sin embargo, el acuerdo no atenuó la oposición de la comunidad a la mina. Desde junio de 2017, los habitantes de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, las tres áreas que rodean la mina, han mantenido un campo de resistencia de 24 horas para demostrar la continua oposición a la mina. El campo también pretende asegurar el cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de julio de 2017 que obliga a la suspensión del proyecto por falta de consulta previa y discriminación. Actos de acoso, amenazas, ataques y difamación contra los líderes de Xinka y los miembros de la comunidad han continuado a lo largo del proceso de consulta, que comenzó a finales de 2018. Intimidación selectiva y vigilancia de los líderes del Parlamento de Xinka aumentaron en los últimos meses de 2024, obligando al antiguo presidente del Parlamento de Xinka y a su familia a huir de Guatemala, ahora residiendo fuera del país (75). El 8 de mayo de 2025, después de siete años del proceso de consulta, Xinka anunció su decisión de la reapertura de la mina: No (76). A medida que el proceso de consulta formal llega a su fin, está luchando para que se respete su decisión.
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Norte de Irlanda: Las Sperrins
En las montañas Sperrin, la empresa canadiense Dalradian Gold (ahora propiedad de la estadounidense Orion Finance) ha presentado la mayor solicitud de planificación jamás registrada en el norte de Irlanda para una mina de oro. Los planes para el proyecto propuesto incluyen una mina de oro subterránea en Curraghinalt, una planta de procesamiento y una instalación de relaves de 17 pisos de altura en Crockanboy Hill, a menos de un kilómetro de la aldea de Greencastle.
Este proyecto está siendo impuesto a una población local que ya ha vivido décadas de conflictos recientes y siglos de colonización. Para facilitar la ocupación colonial británica, la población irlandesa fue expulsada de las fértiles tierras bajas hacia las rocosas tierras altas, en este caso, las montañas Sperrins. Durante el conflicto de 30 años que surgió a raíz de la violenta represión de un movimiento pacífico por los derechos civiles, esta zona también fue fuertemente militarizada por el ejército británico, ya que se consideraba un área de fuerte resistencia a la continuidad del dominio británico en el norte de Irlanda. El ‘proceso de paz’ de finales de siglo adoptó la forma de un modelo neoliberal de ‘País abierto para los negocios’, desesperado por atraer inversión extranjera. El objetivo principal, en términos de proyectos extractivos, eran las Sperrins.
Sin embargo, la población local se ha unido ante esta nueva amenaza y ha estado llevando a cabo una campaña muy exitosa (77) para evitar la explotación de la mina durante más de una década. La población ha ocupado un área dentro del sitio propuesto para el proyecto desde febrero de 2018.
En respuesta a esta resistencia, las comunidades han enfrentado acciones policiales selectivas (78), vigilancia constante (79), infiltración, intimidación y amenazas de muerte (80), etiquetadas como ‘disidentes’ (opuestas al proceso de paz). También han sido fuertemente criminalizados, con varios defensores ambientales arrastrados a procesos judiciales que han durado años.
Además de la militarización contra los defensores, esta mina también tiene vínculos con el complejo militar-industrial. Los documentos presentados para la investigación pública en curso sobre el proyecto de mina de oro enumeran oro, cobre y telurio (a pesar de que el telurio no aparece en su solicitud de permiso de planificación). Los tres elementos se utilizan en la fabricación del avión de combate F-35. Invest NI ya ha entregado 19,66 millones de libras de dinero público a las empresas que fabrican piezas para estos aviones, los cuales han sido utilizados por Israel en su genocidio en Gaza. En 2014, Invest NI también entregó £326,000 (82) de fondos públicos a Dalradian, además de decenas de miles (83) en exenciones de tasas. El militarismo y el extractivismo son prioridades clave para el gobierno en el Norte de Irlanda. |
Ecuador: Derechos de la Naturaleza versus Extractivismo y Neoliberalismo
En noviembre de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador sentó un precedente legal nacional e internacional al reconocer los derechos constitucionales de la naturaleza para Los Cedros, un bosque nuboso megadiverso. La sentencia prohibió de forma permanente la minería en la reserva. La campaña para salvar Los Cedros duró más de tres años. Liderado desde las bases, se expandió hacia el ámbito internacional, reuniendo a un equipo diverso de grupos de conservación, expertos legales, científicos, artistas y activistas. La historia de esta poderosa campaña se cuenta en un estudio de caso emblemático de Sí a la Vida, No a la Minería (84).
A pesar del precedente histórico que encarna la victoria del bosque, su impacto en Ecuador ha sido sofocado por una serie de administraciones gubernamentales que han adoptado una visión política cada vez más neoliberal. Desde 2008, el Gobierno ecuatoriano ha impulsado una agenda para reemplazar su antigua industria petrolera por la minería. El llamado Plan Nacional de Minería implica la administración de miles de licencias de exploración, en su mayoría otorgadas a empresas sin consulta pública, y el desarrollo de varios proyectos mineros a gran escala en fase de planificación, todos ellos propiedad de empresas transnacionales de Canadá o Australia (85).
Desde 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha estado asociado con un número creciente de presuntos abusos de derechos humanos (86), violaciones de derechos civiles y ataques a la Constitución mientras esta intenta suprimir a las organizaciones indígenas y medioambientales, especialmente a aquellas que se oponen a la expansión minera. La militarización ha sido una característica clave de las tácticas impulsadas por el Estado, con la desaparición de 43 personas y varias muertes vinculadas a las fuerzas armadas desde 2023 (87). De septiembre a octubre de 2025, surgió un levantamiento liderado por indígenas contra el comportamiento cada vez más autocrático del gobierno de Noboa. Durante este paro nacional, organizaciones ecuatorianas de derechos humanos contabilizaron cientos de violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas estatales y militares, incluyendo el asesinato de un manifestante a manos de la policía (88).
El gobierno de Noboa también convocó a un referéndum para el 16 de noviembre de 2025 con el fin de votar sobre cuatro propuestas, siendo la más significativa la construcción de una base militar estadounidense en las Islas Galápagos, así como la modificación de la constitución de Ecuador, destacando la intención de alterar o eliminar los artículos sobre los “Derechos de la Naturaleza” para facilitar el desarrollo minero. Hubo una mayoría de votos por el “No” en las cuatro propuestas, lo que represento una victoria para el poder popular y el medio ambiente, celebrada en las bases a nivel nacional y también a nivel internacional. Sin embargo, la agenda extractivista del gobierno y sus amenazas a los derechos humanos y la biodiversidad siguen avanzando, mientras el conflicto y la militarización continúan en los puntos críticos de la minería en todo el país.
Este es el contexto en el cual se está poniendo a prueba el marco constitucional más progresista del mundo: una confrontación directa entre una visión liderada por pueblos indígenas del “Sumak Kawsay” o “buen vivir”, y una visión extractivista de violencia respaldada por multimillonarios, hegemonía neoliberal y el complejo militar-industrial global. La cuestión de cuál visión prevalecerá depende en gran medida de las luchas del pueblo ecuatoriano y del grado en que se pueda construir solidaridad para apoyarlo. |
Futuros desmilitarizados y no extractivistas
Para imaginar un mundo más allá del extractivismo militarizado, debemos comenzar por redefinir lo que significa sentirse seguros. Durante mucho tiempo, la seguridad ha sido convertida en un arma, definida por gobiernos y corporaciones como el derecho a controlar la tierra, las fronteras y los recursos mediante la fuerza. De acuerdo con esta lógica, los minerales son “críticos”, la extracción es inevitable y la resistencia es una amenaza.
Para las comunidades afectadas directamente por la minería y la militarización, la seguridad significa algo completamente diferente. Significa soberanía y autodeterminación sobre la tierra y el agua, la capacidad de vivir sin vigilancia ni violencia, de cultivar alimentos, de criar a los niños sin miedo, de hablar y organizarse libremente, y de sanar de generaciones de daños. La verdadera seguridad se basa en el cuidado mutuo, el equilibrio ecológico, la justicia social y el derecho colectivo de decir no a las actividades destructivas.
La desmilitarización no se trata únicamente de eliminar las armas, sino de transformar los sistemas que las producen. Es un proceso de sanación: de la conquista colonial, las economías de guerra y las lógicas extractivistas que consideran a la naturaleza y a las comunidades como prescindibles.
Esta visión no es compartida únicamente por YLNM. Es compartido por movimientos aliados que luchan por la justicia climática, la abolición, la liberación anticolonial, la soberanía indígena y las economías feministas.
Nos solidarizamos con quienes desmantelan prisiones y fronteras, desafían el fascismo de los combustibles fósiles, resisten el colonialismo de asentamiento y construyen nuevos sistemas de cuidado, gobernanza y responsabilidad ecológica.
Nuestras luchas están interconectadas y también lo está nuestro futuro. Un mundo desmilitarizado y no basado en la extracción no es un sueño. Ya está siendo practicado, protegido y hecho posible por comunidades que se niegan a ser sacrificadas y que insisten en que no solo es necesaria otra vía, sino que ya está en marcha.
Llamados a la acción y demandas de solidaridad
Para enfrentar el creciente entrelazamiento entre la militarización y el extractivismo, y avanzar hacia un futuro verdaderamente justo y sostenible para la vida, el cambio sistémico no solo es necesario, es urgente.
No se puede construir una transición justa sobre los mismos fundamentos de violencia colonial, extracción de recursos y control militarizado que han definido durante mucho tiempo la era de los combustibles fósiles. El camino a seguir no debe convertirse en una nueva frontera de explotación disfrazada de progreso y desarrollo. Una transición justa debe significar una transición que deje atrás el extractivismo, no una aceleración del mismo bajo otro disfraz.
Exigimos el fin de la expansión violenta y militarizada de la minería bajo las lemas de la “seguridad”, los “minerales críticos”, la “transición energética” y la “transformación digital”. Como se afirma en la Declaración de Principios de YLNM, rechazamos todas las formas de extractivismo —verde o de cualquier otro tipo— que tratan a la Tierra como ilimitada, que mercantilizan la naturaleza y que sacrifican comunidades y ecosistemas.
Hacemos un llamado a:
- Un cese inmediato de la militarización de minas, cadenas de suministro y territorios. Las comunidades no deben ser criminalizadas, vigiladas ni sometidas a violencia por defender sus tierras y el agua. Los Estados deben desmilitarizar las zonas extractivas y garantizar los derechos de todas las personas defensoras de la Tierra.
- Autodeterminación para los Pueblos Indígenas y las comunidades que resisten el avance extractivista. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) debe ser respetado no como un mero trámite burocrático, sino como una expresión de soberanía y autodeterminación. Las comunidades tienen el derecho de decir NO y de definir sus propias visiones de la vida más allá de la minería.
- Regulaciones más estrictas y acuerdos internacionales. Estos deben responsabilizar a las corporaciones y a los Estados por los abusos ambientales y de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto incluye la total transparencia de los acuerdos mineros, los contratos corporativos y los vínculos militar-industriales.
- La protección y amplificación de alternativas post-extractivas. Ya existen alternativas y están siendo construidas por comunidades en todo el mundo. Los territorios ricos en minerales no deben reducirse a zonas de extracción para beneficio de las naciones más ricas. En cambio, deben ser apoyados para fomentar economías locales y ecológicamente justas que restauren en lugar de destruir.
- Desmantelamiento de los sistemas de lucro global. Esto incluye instituciones financieras, alianzas militares y marcos transnacionales de comercio e inversión, que permiten y legitiman el extractivismo mediante la violencia, la imposición neocolonial y la impunidad.
Hacemos un llamado a todas las personas comprometidas con un mundo justo más allá del extractivismo, a que se solidaricen activamente con las comunidades que resisten la extracción militarizada, desde las minas que abastecen a los ejércitos hasta los ejércitos que custodian las minas. Esto incluye amplificar sus voces, actuar en solidaridad con su defensa de los derechos y construir poder conjuntamente para exponer y desmantelar las estructuras que sostienen este sistema violento.
El futuro que necesitamos no puede ser extraído ni militarizado para hacerse realidad. Debe cultivarse mediante la solidaridad, el cuidado y la resistencia.
Defendemos la vida.
Apostamos por futuros desmilitarizados fundamentados en la justicia y el cuidado.
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FIN
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Referencias
1. Global Witness, Critical mineral mines tied to 111 violent incidents and protests on average a year, 2023. Available at: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/natural-resource-governance/critical-mineral-mines-tied-111-violent-incidents-and-protests-average-year/
2. Global Witness, How the militarisation of mining threatens Indigenous defenders in the Philippines, 2024. Available at: https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/how-the-militarisation-of-mining-threatens-indigenous-defenders-in-the-philippines/
3. Amnesty International, DRC: Powering change or business as usual? 2023. Available at: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR62/7009/2023/en/
4. Transparency International Australia, The race to exploit critical minerals amidst governance concerns in Zambia, 2023, available at: https://transparency.org.au/the-race-to-exploit-critical-minerals-in-zambia/
5. https://yestolifenotomining.org/latest-news/resistance-to-the-dirty-face-of-the-green-transition/
6. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/09/mexico-land-defenders-criminalized-right-to-protest/
7. https://miningwatch.ca/blog/2025/5/14/open-letter-100-international-organizations-call-argentinian-authorities-end
8. Amnesty International, Argentina: Two years after brutal repression in Jujuy, Amnesty International report exposes impunity, 2025. Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/05/argentina-two-years-after-brutal-repression-in-jujuy-impunity/
9. EJ Atlas, “Kilwa Mine”. Available at: https://ejatlas.org/print/kilwa-mine
10. https://amnesty.ca/human-rights-news/canadian-mining-firm-human-rights-violations-drc/
11. https://miningwatch.ca/news/2021/10/4/canadian-miners-pursue-prospects-war-torn-tigray
12. https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/settlement-amnesty-scc-africa-mine-nevsun-1.5774910
14. Newsweek, World’s Biggest Polluter is in the US, Study Finds, 2025. Available at: https://www.newsweek.com/climate-change-us-military-pollution-carbon-emissions-2094434
15. Nature Communications, Rising military spending jeopardizes climate targets, 2025. Available at: https://www.nature.com/articles/s41467-025-59877-x
17. Avispa Media, Chiapas: Denuncias reactivación de mina en Chicomuselo bajo hostigamiento y sin permiso ambiental, 2023. Available at: https://avispa.org/chiapas-denuncian-reactivacion-de-mina-en-chicomuselo-bajo-hostigamiento-y-sin-permiso-ambiental/
18. See the examples of mines in Michoacán and Jalisco described in The Fair Steel Coalition, The Real Cost of Steel, 2024. Available at: https://cer.org.za/wp-content/uploads/2024/05/The-real-cost-of-steel-report.pdf
19. For example, see examples of Canadian-owned mines in Guerrero described in JCAP, The “Canada Brand”: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, 2015. Available at: https://justice-project.org/the-canada-brand-violence-and-canadian-mining-companies-in-latin-america/
20. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, Las estructuras políticas en las redes de macrocriminalidad en Veracruz (México), 2019. Available at: https://doi.org/10.5565/rev/redes.948
21. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, Las estructuras políticas en las redes de macrocriminalidad en Veracruz (México). Available at: https://doi.org/10.5565/rev/redes.948
22. A dónde van los desaparecidos, Primer año de Sheinbaum: México, con 40 desapariciones diarias y bajo el escrutinio de la ONU, 2025. Available at: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/10/03/primer-ano-de-sheinbaum-mexico-con-40-desapariciones-diarias-y-bajo-el-escrutinio-de-la-onu/
23. Global Witness, Roots of Resistance, 2025. Available at: https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/roots-of-resistance/
24. Reporters Without Borders, Mexico: RSF urges Sheinbaum to honour commitments as 10 journalists killed in her first year of presidency, 2025. Available at: https://rsf.org/en/mexico-rsf-urges-sheinbaum-honour-commitments-10-journalists-killed-her-first-year-presidency
25. IACC, How Violence Against Journalists in Mexico Creates Zones of Silence, 2024. Available at: https://iaccseries.org/how-violence-against-journalists-in-mexico-creates-zones-of-silence/
26. Global Witness, The Critical Minerals Scramble: How the Race for Resources is Fuelling Conflict and Inequality, July 2023. Available at: https://globalwitness.org/en/campaigns/transition-minerals/the-critical-minerals-scramble-how-the-race-for-resources-is-fuelling-conflict-and-inequality/
27. SFA Oxford, Critical Minerals in Defence and National Security, 2023. Available at: https://www.sfa-oxford.com/knowledge-and-insights/critical-minerals-in-low-carbon-and-future-technologies/critical-minerals-in-defence-and-national-security/
28. London Mining Network, Martial Mining: Resisting Extractivism and War Together, 2020. Available at: https://londonminingnetwork.org/project/martial-mining-2020/
29. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm
31. Loewenstein, Antony, The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, Verso Books, 2023. Available at: https://www.rahs-open-lid.com/wp-content/uploads/2024/01/Loewenstein-Antony-The-Palestine-Laboratory_-How-Israel-Exports-the-Technology-of-Occupation-around-the-World-Verso-2023.pdf
32. Heritage Foundation, The Pentagon Must Secure Access to Critical Minerals to Deter China, Backgrounder Report No. 3880, December 2023. Available at: https://www.heritage.org/sites/default/files/2024-12/BG3880.pdf
35. World Bank Group, United Nations, and European Union, 18 February 2025, “New Report Assesses Damages, Losses and Needs in Gaza and the West Bank,” World Bank, available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/18/new-report-assesses-damages-losses-and-needs-in-gaza-and-the-west-bank
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37. https://www.qmul.ac.uk/media/news/2024/hss/new-study-reveals-substantial-carbon-emissions-from-the-ongoing-israel-gaza-conflict.html
38. Deep Sea Mining Campaign, 2019, Blue Peril. Available at: https://dsm-campaign.org/blue-peril/
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40. Greenpeace (2024) Deep Deception: How the Deep Sea Mining Industry Manipulates Geopolitics and Greenwashing Narratives. Amsterdam: Greenpeace International. Available at: https://www.greenpeace.org/international/publication/deep-deception/
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57. Mining Watch Canada. Available at: https://miningwatch.ca/sites/default/files/brief_mining_impact_ecuador_fta_2024.pdf
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82. https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-foyle-west-28848826
83. https://www.instagram.com/p/DPMVVEICFar/
84. José Cueva and Liz Downes, Emblematic Case Study: Rights of Nature and Resistance to Mining in Ecuador, Yes to Life No to Mining, available at: https://yestolifenotomining.org/latest-news/emblematic-case-of-los-cedros-in-ecuador/
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86. U.S. Department of State, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: Ecuador, accessed October 2, 2025, available at: https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/ecuador
87. Amnesty International, September 2025, Ecuador: Enforced disappearances committed by the military reveal failed security strategy, available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/ecuador-desapariciones-forzadas-cometidas-por-militares-evidencian-la-fallida-estrategia-de-seguridad/
88. Picq, Manuela, October 2025, Ecuador’s Paro Protests Autocracy, Not Diesel, North American Congress on Latin America, available at https://nacla.org/ecuadors-paro-protests-autocracy-not-diesel/
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